Puede resultar paradójico o rocambolesco, o ambas cosas a la vez, pero es la realidad a día de hoy del Ayuntamiento de Jerez. Si los Juzgados de lo Social han empezado a dirimir desde este lunes las demandas individuales de decenas y decenas de afectados por el ERE que la alcaldesa, María José García-Pelayo, promovió en 2012 para 260 trabajadores alegando causas económicas, buena parte de la plantilla municipal se beneficia del incremento acelerado de los sobresueldos en Consistorio. Con las elecciones municipales de mayo a la vuelta de la esquina, la líder del PP en Jerez se debate con una mano en tratar de aparentar que la decisión tan traumática que adoptó está justificada mientras que con la otra trata de congraciarse con una nómina de empleados públicos partidos por la mitad, entre el miedo y los privilegios.
"Es un mal trago que hay que pasar, pero está en manos de los jueces. No es agradable para nadie. Hay que partir de algo muy importante, y es la fortaleza que da tener una sentencia del Tribunal Supremo en la que se afirma que el ERE se ajustó a derecho", ha manifestado hoy mismo, tras las primeras once vistas en los Juzgados, en declaraciones recogidas por Viva Jerez. Sin cortarse, la regidora jerezana ha recalcado que "cada demandante puede defender ahora su situación personal" frente a un Ayuntamiento que "alegará los motivos por los que adoptó esas decisiones y las defenderá en todos los procesos que ahora se dirimen".
Volver a los argumentos que justificaron el despido masivo puede sonar a broma macabra si se tiene en cuenta que en el último mes García-Pelayo ha ordenado redistribuir los complementos de productividad y ha aumentado los sobresueldos en unos 350.000 euros más que en el mismo mes de 2014. Si en enero ha gastado más de 850.000 euros en sobresueldos, en el conjunto del último año los complementos extrasalariales para solo una parte de la plantilla han implicado un brutal aumento de un 27% para un Consistorio con tres planes de ajuste sobre sus espaldas y un larguero reguero de privatizaciones y recortes de servicios públicos. Las primeras sentencias por estas demandas individuales podrían conocerse durante el próximo mes de marzo, lo que de resultar negativas para los intereses del gobierno local dejarían en muy mal lugar, más si cabe, la gestión de Pelayo al frente del Ayuntamiento. Para la defensa de los intereses del gobierno, ha vuelto a contratar a la consultora Deloitte, desembolsando como adelantó este medio digital 121.000 euros de dinero público.
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