La empresa municipal de la vivienda de Jerez, Emuvijesa, cumple treinta años este 2021 desde su constitución. Entre sus primeras actuaciones, denominada entonces Gmuvisa, estuvo sustituir los barracones de la Estancia Barrera por unos pisos dignos para sus inquilinos en una promoción que se llamó Tío Juane, en honor al insigne cantaor cuya fragua se encontraba en esa primera corona del Distrito Sur, sobre el cerro desde el que se divisa la Sierra de San Cristóbal.
Lo que fueron unos primeros veinte años de enorme pujanza y actividad, siendo referente en Andalucía de la construcción de vivienda pública, acabó en parálisis —y casi funeral— con el crack inmobiliario de 2008. En 2012 la empresa dio pérdidas por primera vez en 18 años y un año antes, hace una década ya, desarrolló su última promoción de viviendas de protección oficial hasta la fecha. Desde entonces, Emuvijesa se ha dedicado, mal que bien, a gestionar su parque inmobiliario y de locales tratando por todos los medios de rebajar el índice de morosidad de sus arrendamientos sociales y, por otro lado, tratando de dar salida a su stock e interrumpiendo lanzamientos y desalojos de pisos públicos mediante la constituida Oficina de Intermediación de Desahucios.
Incapaz de cubrir las más de 5.000 peticiones de demandantes de una VPO —el registro oficial municipal habla de más de 2.200, pero según las inmobiliarias son muchos más— que sigue teniendo una ciudad que, pese a todo, sigue creciendo en habitantes, Emuvijesa es hoy una sombra de lo que fue. En la edad dorada del ladrillo —quizás de aquellos barros estos lodos— llegó a promover renta libre, entregando las llaves de lujosos lofts —un concepto casi desconocido en España en aquel momento— en cascos bodegueros reconvertidos para uso residencial.
En paralelo, cumplía su función de promover viviendas asequibles para jóvenes o familias vulnerables en el Jerez urbano y rural. Una tras otra, la empresa pública se posiciona adquiriendo suelos y, al tiempo, levantando nuevas promociones residenciales de VPO a bajo coste. En 2010, un año antes de su última promoción, llegó a tener un superávit de 1,7 millones y desde ese momento, caída libre. En las últimas cuentas anuales publicadas, las de 2019, Emuvijesa obtuvo algo más de 270.000 euros de beneficio —535.292 euros un año antes—, aunque se trata de unos resultados ficticios, como denuncia la oposición, obtenidos por las transferencias financieras que insufla el Ayuntamiento para mantener a flote la entidad.
Ni con fondos europeos...
Más allá de la otrora modélica empresa municipal de la vivienda, la realidad es que el gobierno local jerezano no está siendo capaz de absorber la ingente demanda de VPO que mantiene el municipio y ha dejado todo en manos del rescate de otras administraciones que nunca llegan. Ni siquiera una de las grandes medidas presupuestada con cargo a los fondos europeos de la Edusi por el gobierno local del PSOE ha servido para paliar este enorme déficit. El concurso para adquirir el máximo posible de viviendas vacías de la ciudad procedentes de bancos o fondos buitres quedó desierto el pasado año. Eran 950.000 euros de inversión para comprar casas para emergencia social. La horquilla de precios que el Ayuntamiento estaba dispuesto a pagar en el concurso público se movía desde los 9.000 hasta los 60.000 euros, incluido todos los gastos, por vivienda, pero la licitación no despertó interés y se quedó sin ofertas recibidas, según el acuerdo hecho público en octubre pasado.
El objetivo era incrementar el parque de viviendas públicas para situaciones de emergencia en este primer semestre de año, pero ahora es posible que ni siquiera llegue a emplearse ese dinero que debe estar justificado ante la UE en 2022. En esta compleja situación, Ganemos Jerez presentará en el próximo pleno medidas para ampliar el mercado del alquiler social (el porcentaje de viviendas de alquiler social en Españano alcanza al 2% del total disponible, cuando la media de la UE está entre el 15% y el 18%). “Emuvijesa —expresan desde la agrupación municipalista— tiene uno de los parques públicos de viviendas más grande de Andalucía, pero aun así, el Ayuntamiento tiene capacidad limitada para poder resolver por una parte, la necesidad de vivienda a precio asequible y por otra, las competencias de intervenir en las viviendas vacías”.
Mecanismos para transferir viviendas vacías privadas para uso público social
“Necesitamos herramientas jurídicas para poder intervenir en el parque de viviendas privadas y movilizarlas hacia el parque público, por eso se hace imprescindible una regulación estatal que armonice los instrumentos jurídicos y que habilite la intervención en los precios de los alquileres y en la movilización de las viviendas vacías”, han explicado. El pasado mes de octubre, el Gobierno central, en manos de PSOE y Unidas Podemos, anunció haber llegado a un acuerdo por el que se comprometía a llevar al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses la Ley Estatal de Vivienda que limitará, y eventualmente bajará, los precios de alquiler en zonas de mercado tensionadas.
“Celebramos este acuerdo y esperamos que así sea, pero no queremos dejar pasar esta oportunidad sin solicitar al Gobierno que esta Ley debe regular de una vez por todas la movilización de las viviendas vacías en manos de grandes tenedores , así como la ampliación del mercado del alquiler y del alquiler social”, dicen desde Ganemos, que llevará al pleno municipal esta problemática para pedir al Gobierno central a que incluya en esta Ley estatal de Vivienda la obligación a los grandes tenedores de vivienda a renovar por siete años los alquileres sociales, así como a ofrecer a todas aquellas familias vulnerables un alquiler social en los casos de extinción de contrato.
Igualmente, también pide competencias para que los ayuntamientos, con escaso margen financiero para remontar la situación de punto muerto (o coma inducido) que en el caso de Jerez padece desde hace una década Emuvijesa, todas las ofertas de alquiler social obligatorias que se deben hacer, sancionando de forma inmediata si se incumplen, así como poder movilizar viviendas vacías de los bancos y fondos buitre a través del mecanismo de cesión obligatoria, para destinar así miles de estas a alquileres sociales y poder ampliar el parque público de vivienda. Parece que esta vía puede ser una de las últimas salidas.
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