Desde el Área de Acción Social del Ayuntamiento de Jerez se realizaron 1.410 intervenciones relacionadas directamente con la necesidad de vivienda entre 2015 y 2018 (último año con datos publicados), casi una intervención diaria. Las necesidades de vivienda en la ciudad, según los datos del registro de demandantes, ascienden a unas 5.000. La gran crisis dejó en el municipio unos 5.300 inmuebles sin habitar y provocó que la empresa municipal de vivienda, Emuvijesa, dejara de promover vivienda pública. Este 2020 se cumplirá una década desde que esta entidad levantó su última promoción de VPO en régimen de alquiler social.
Con todos estos datos, el gobierno municipal sacó a licitación pública en noviembre pasado la adquisición de viviendas "para la integración social y el fortalecimiento de la comunidad urbana", dentro de la linea 9 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi) de Jerez. En total, 950.000 euros en fondos europeos destinados a adquirir inmuebles, entre 9 y 60.000 euros de tope, para dotar a la ciudad de un recurso residencial temporal de alquiler social. En el pliego del concurso, al que ha accedido lavozdelsur.es y cuyo plazo de presentación de ofertas concluyó hace poco más de diez días, se valora con especial puntuación aquellas viviendas que se encuentren en la zona de intramuros y extramuros, aunque la oferta es para todos los distritos de la ciudad.
"El Ayuntamiento de Jerez —reza la memoria justificativa—, consciente de la presencia en nuestro municipio de familias en situación de grave dificultad social y/o riesgo o situación de exclusión social, que ante situaciones de conflicto en su entorno de convivencia, precariedad económica, u otras problemáticas específicas carecen de alojamiento y de medios personales y familiares para disponer de vivienda propia, lo que permitiría su integración y promoción social, necesita disponer de un recurso residencial temporal, destinado a alojamiento alternativo, de las que los Servicios Sociales municipales son fundamentalmente conocedores y con las que se interviene en aras a mejorar sus oportunidades de inclusión social".
Un reglamento para asignar este recurso residencial temporal
Dentro del proyecto de intervención con el usuario, para la integración social del mismo, se contempla el recurso de vivienda como una parte más de la propia intervención, "no siendo un fin, sino un medio dentro del propio proceso". Dicho recurso, "irá dirigido a personas o unidades familiares en situación de grave dificultad social y/o riesgo o situación de exclusión social". Para la determinación de la prioridad en el acceso a la vivienda, abunda el documento, se aprobará un reglamento específico para la asignación de este recurso residencial temporal.
En definitiva, las viviendas de emergencia social serán un recurso residencial de alquiler social temporal, cuya necesidad se constata en el ámbito de los Servicios Sociales, y donde se regulará un procedimiento de adjudicación y utilización, "a fin de garantizar el acceso a las mismas por las personas o unidades familiares más necesitadas".
Con cargo a los 950.000 euros de inversión municipal se abonará el precio de las viviendas y los impuestos que, en su caso, deriven de la compra, así como los gastos de inscripción en el Registro de la Propiedad, estableciendo una cuantía mínima de 9.000 y máxima por vivienda de 60.000 euros, "no admitiéndose proposiciones económicas, gastos incluidos, ni por debajo de la primera cantidad ni por encima de la segunda". En todo caso, detalla el concurso, "los gastos de notaría, escrituración y copias, serán de cuenta del vendedor, siendo el Impuesto de Plusvalía igualmente a cargo de la parte vendedora".
Las viviendas, que deberán contar con una tasación oficial, no podrán estar ubicadas en edificios con expedientes incoados de Finca en mal estado por la Delegación de Urbanismo. Tampoco se admitirán viviendas catalogadas como fuera de ordenación. Del mismo modo, las viviendas no podrán ser propiedad de una administración pública ni de entidades públicas o privadas dependientes de ella. Las características técnicas de los pisos, que pasarán al patrimonio municipal, son el apartado con mayor valoración del concurso público. Entre estas características, puntúan aspectos como la existencia de producción de agua caliente mediante energía solar, que el piso tenga cinco o más estancias, o que cuente con cocina amueblada y garaje.
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