Sin crédito bancario y sin margen presupuestario para hacer frente a las condenas judiciales. En esa situación, el Ayuntamiento de Jerez ha convocado una sesión extraordinaria y urgente del pleno para este viernes, 18 de septiembre, a las 09.00 horas.

El único asunto, además de ratificar la urgencia, es la solicitud de adhesión a un nuevo Fondo de Ordenación del Estado para cubrir en 2027 el pago de sentencias judiciales por un importe máximo de 2.170.997,49 euros.

El calendario apura al máximo los plazos. La aplicación del Ministerio de Hacienda para presentar las solicitudes y los planes de ajuste está disponible hasta el mismo 18 de septiembre, tras la ampliación de quince días concedida por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.

La propuesta, firmada por el delegado de Economía, Hacienda y Financiación Pública, Francisco José Delgado, plantea cinco acuerdos. El primero es solicitar la adhesión al fondo por esa cantidad. El segundo, aceptar la supervisión y el control del Ministerio de Hacienda y las medidas que este pueda indicar. El tercero, comprometerse a dotar un Fondo de Contingencia equivalente al 1% de los gastos no financieros para atender futuras sentencias. El cuarto, aprobar la revisión del Plan de Ajuste. El último, autorizar a la Intervención a remitir toda la documentación al Ministerio.

Las cinco sentencias que obligan a pedir financiación

Según el anexo del informe de Tesorería, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, la solicitud incluye dos sentencias firmes que suman 1.320.853,12 euros. La de mayor importe corresponde a Emilia Díez Domecq, por una indemnización derivada de un convenio urbanístico: 1.245.670,69 euros, en un procedimiento del TSJA. La otra corresponde a Endesa Energía XXI, por intereses del pago de facturas, y asciende a 75.182,43 euros.

A ellas se suman dos sentencias no firmes, recurridas en apelación por el propio Ayuntamiento, que alcanzan 643.518,57 euros. Una es de Jerez UTE, por facturas del impuesto de residuos, con 247.027,59 euros. La otra es de UTE Calandrias, por revisión de precios contractual, con 396.490,98 euros. Completa la lista un procedimiento aún pendiente de sentencia, también de Jerez UTE, por intereses de pago de facturas: 206.625,80 euros.

El Ministerio permite incluir sentencias que todavía no son firmes si se prevé que lo serán cuando se conceda la financiación. En todo caso, el importe definitivo corresponderá solo a las sentencias ya firmes en ese momento, sin superar el máximo propuesto. Los intereses tienen carácter estimativo y pueden variar tras negociar con los demandantes o tras su liquidación por los tribunales.

Las condiciones oficiales del préstamo aún no se han publicado. Los técnicos las han estimado con las del Fondo de Ordenación 2026: 12 años de amortización, sin carencia, amortización lineal y un tipo de interés del 3,237%, con la primera cuota en marzo de 2028 y la última en marzo de 2039.

La Tesorería municipal justifica la petición en los "graves desfases de tesorería". Recuerda que el artículo 31 del Real Decreto-ley 8/2013 impide al Ayuntamiento acceder al crédito mientras no cancele las operaciones autorizadas en ese marco, y que en la mayoría de los casos no existe crédito presupuestario para cubrir el gasto. Por eso, concluye, las únicas opciones son proponer al tribunal un calendario de pago a largo plazo o acudir a este mecanismo.

Como prueba, el tesorero cita a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que en su informe 44/26, de 15 de julio de 2026, "califica a este Ayuntamiento como en riesgo crítico". En ese cuadro, Jerez aparece junto a Jaén y Parla en el nivel más alto de riesgo de sostenibilidad a medio plazo.

No es la primera vez que la ciudad recurre a esta vía. Desde 2016 se ha adherido cada año al compartimento para pagar sentencias. Las cantidades oscilan entre los 3.341.563,35 euros de 2023 y los 31.371.403,75 euros de 2019. En 2024 y 2025 no concurrió a las convocatorias.

El préstamo real podría superar los 5 millones

El informe del interventor general, José María Almenara, amplía el foco. Según sus cálculos, el préstamo que se formalizará con el ICO en 2027 ascenderá a un máximo de 5.027.557,92 euros. A las sentencias hay que sumar 2.344.048,47 euros de vencimientos de seis préstamos de mercado y 512.511,96 euros de reintegros por liquidaciones negativas de la participación en tributos del Estado, ya autorizados por Hacienda.

La Intervención advierte además de que la plantilla del Ministerio no recoge la operación de 6.990.854,47 euros solicitada en julio de 2026 para cubrir daños por inundaciones, aún sin aprobar. Tampoco incluye las futuras operaciones comprometidas desde 2028. Por eso, la proyección del endeudamiento "no se ajusta completamente a la realidad prevista".

La advertencia de más calado llega en las conclusiones. El Servicio Económico Financiero considera innecesario adoptar nuevas medidas. Sin embargo, el interventor señala que "se viene observando un incumplimiento sistemático del plan de ajuste originario y de sus posteriores modificaciones en los últimos años", algo sobre lo que también ha alertado la AIReF.

Aunque formalmente las medidas son suficientes, insiste en que "se ha de apelar a un esfuerzo continuo en el cumplimiento de todas y cada una de las mismas, tanto en la contención del gasto como en lo concerniente a los ingresos". A la fecha, algunas medidas se han cumplido parcialmente y otras siguen pendientes. El Ministerio de Hacienda, que mantiene intervenido al Consistorio jerezano como una de las administraciones locales más endeudadas de España, podrá imponer medidas correctoras.

La deuda viva —deuda con la banca— consolidada era de 922,36 millones de euros a 31 de diciembre de 2025, con un nivel de endeudamiento del 316%. Para 2026 se prevé que alcance 947,85 millones. A nivel global, la deuda se eleva por encima de los 1.300 millones de euros, según desveló la propia alcaldesa María José García-Pelayo en el último Debate sobre el Estado de la Ciudad.

El remanente de tesorería para gastos generales cerró 2025 en negativo, con 24,16 millones, y el plan no prevé que sea positivo hasta 2030. El periodo medio de pago a proveedores fue de 57,21 días en 2025 y se prevé de 60 días en 2026. El objetivo es bajarlo a 30 días a partir de 2028, algo que no casa con las advertencias de la Intervención, ni con un presupuesto municipal que como mínimo será prorrogado un año más, si se tiene en cuenta que a mediados del año que viene hay elecciones locales. 

Por su parte, el informe económico sostiene que la revisión del plan cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto, con un ahorro neto positivo desde 2026. Aun así, pide perseverar en las medidas de ingresos y gastos y en el control del gasto de personal y de los contratos, tanto en el Ayuntamiento como en sus entidades dependientes. Entre las medidas pendientes figura la reposición reducida al 50% de las jubilaciones durante tres ejercicios. El plan prevé que la deuda quede totalmente amortizada en 2060.