El Tribunal de Instancia de Jerez, Sección de lo Penal, ha condenado a una mujer a dos años de prisión como autora de un delito de atentado con la agravante de discriminación, además de un delito leve de lesiones, por unos hechos ocurridos en noviembre de 2023 en el Centro de Salud Jerez Centro, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.

La sentencia pone fin a un episodio de violencia que comenzó con una exigencia de atención inmediata en urgencias y acabó con una profesional sanitaria golpeada e insultada con expresiones de carácter racista.

Según recogen los hechos probados, la acusada acudió al servicio de urgencias del centro sanitario y exigió ser atendida de forma inmediata por una facultativa. Cuando la médica le indicó que debía esperar porque había otros pacientes con prioridad asistencial, la usuaria reaccionó de forma violenta: profirió insultos con expresiones ofensivas y de carácter discriminatorio relacionadas con el color y el origen de la profesional, y llegó a golpearla en el hombro. La víctima tuvo que recibir asistencia sanitaria para su curación.

La sentencia aplica la agravante de discriminación y suma dos delitos

La resolución judicial condena a la acusada por un delito de atentado con agravante de discriminación, que lleva aparejada una pena de dos años de prisión con la accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo. A ello se suma la condena por el delito leve de lesiones, que se traduce en dos meses de multa con una cuota diaria de seis euros y responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada dos cuotas impagadas.

En concepto de responsabilidad civil, la condenada deberá indemnizar a la profesional sanitaria con 175 euros por las lesiones sufridas y 500 euros por daños morales, además de abonar las costas procesales. La aplicación de la agravante de discriminación es el elemento que distingue esta condena de otros casos similares y que eleva la pena por encima de lo que correspondería a una agresión sin ese componente.

Sanidad celebra el fallo y reclama tolerancia cero frente a la violencia en centros sanitarios

La delegada territorial de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, ha valorado la condena asegurando que «pone de manifiesto la gravedad de las agresiones, tanto físicas como verbales, a profesionales del sistema sanitario público, así como la respuesta judicial ante este tipo de conductas, especialmente cuando concurren circunstancias agravantes como la discriminación».

Tanto la Delegación Territorial como el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz han mostrado su satisfacción por el fallo, señalando que demuestra que «cualquier episodio de violencia en un centro sanitario puede ser castigado, independientemente de su naturaleza». Las instituciones sanitarias han recordado además que la difusión de este tipo de resoluciones forma parte del Plan de Prevención y Atención de las Agresiones a los Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, cuyo objetivo es sensibilizar a la ciudadanía y reforzar el mensaje de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia en el ámbito sanitario.

El caso de Jerez evidencia que las agresiones al personal sanitario no quedan impunes y que la presencia de componentes discriminatorios en la conducta agrava de forma notable las consecuencias penales para el agresor. Una médica que simplemente aplicaba el protocolo de prioridad asistencial acabó siendo víctima de una agresión física y verbal que ahora tiene respuesta judicial con una de las condenas más contundentes que puede imponer la vía penal para este tipo de delitos.