La polémica por la Zona ORA de Matalascañas ha terminado, por ahora, con los parquímetros retirados y las líneas azules repintadas de negro. El servicio no funciona. La situación es de bloqueo y el contrato que debía regular los aparcamientos continúa rodeado de dudas políticas y jurídicas. El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Almonte Miguel Ángel Jiménez ha explicado a lavozdelsur.es la cronología de un expediente que comenzó en agosto de 2025 y que desembocó, nueve meses después, en el rechazo de la ordenanza que debía sostener el servicio.

Su propuesta pasa ahora por iniciar una revisión de oficio del contrato y solicitar un dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía. Una vía con la que pretende, según resume, “dar una salida lógica a algo que no la tiene”.

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Lío en Almonte por los aparcamientos de Matalascañas: un concejal no adscrito registra una moción que puede acabar costando 8 millones al municipio Emilio Cabrera

Según relata Jiménez, el asunto llegó al pleno en agosto de 2025. La adjudicación fue expuesta para su debate y votación, pero ambos trámites finalmente no se produjeron. La decisión generó las preguntas de la oposición, que reclamó saber por qué el expediente se colocaba sobre la mesa sin llegar a completarse. La adjudicación terminó aprobándose en septiembre con los votos de Ilusiona, mientras que la firma definitiva del contrato se produjo entre finales de octubre y noviembre.

El problema señalado por el concejal es que el Ayuntamiento, siempre según su versión, adjudicó el servicio de zona azul para Matalascañas sin haber aprobado previamente la ordenanza que debía regularlo. Pese a ello, comenzó a desarrollarse el trabajo previsto con la empresa adjudicataria, aunque el servicio no llegó a entrar en funcionamiento hasta mayo. Pasaron más de seis meses. El expediente volvió al primer plano cuando el gobierno municipal perdió la mayoría absoluta después de la salida de uno de sus concejales.

Un decreto activado y anulado antes del Pleno

A comienzos de mayo, según la versión de Jiménez, el alcalde firmó mediante un decreto de alcaldía la puesta en marcha de la Zona ORA. Aquella decisión no fue comunicada al pleno, asegura. La fecha prevista para comenzar a prestar el servicio era el 15 de mayo. Sin embargo, el decreto quedó anulado, asegura, un día antes, el 14 de mayo. La retirada tampoco habría sido trasladada al conjunto de la Corporación municipal.

Al día siguiente, el pleno rechazó la ordenanza. El contrato ya estaba firmado, pero la norma que debía regular el funcionamiento de la zona azul no obtuvo la aprobación necesaria. Fue entonces cuando Jiménez decidió solicitar la revisión de oficio del contrato y pedir al Consejo Consultivo de Andalucía que estudiara el expediente. El concejal también había recurrido el decreto de puesta en marcha, pero el asunto no llegó a examinarse porque el propio Ayuntamiento ya lo había dejado sin efecto. “Estaba ya eliminado el decreto”, explica.

A su juicio, esto no significa que aquella resolución nunca existiera ni que el juzgado hubiera validado la adjudicación. Simplemente, no podía estudiarse judicialmente un decreto que ya carecía de vigencia.

Jiménez rebate el supuesto respaldo judicial

El Ayuntamiento ha presentado el archivo del procedimiento como una confirmación de que su actuación fue correcta. Jiménez lo rechaza. Sostiene que la justicia no entró a analizar el contrato ni se pronunció sobre la legalidad de la adjudicación. El archivo se habría producido exclusivamente porque el decreto recurrido ya había sido anulado. Por tanto, según su interpretación, no puede utilizarse esa decisión para afirmar que el conjunto del expediente ha recibido el aval de los tribunales.

El edil considera que existe una falta de información hacia la oposición y reprocha al gobierno municipal que no comunicara ni la aprobación del decreto ni su posterior anulación. También cuestiona la duración prevista del contrato, que, según explica, se extendería durante 30 años. Jiménez entiende que se trata de un periodo excesivo, ya que pueden aparecer nuevos sistemas de gestión del estacionamiento que sustituyan al actual mientras el municipio continúa sujeto al acuerdo firmado.

En un primer momento, el Ayuntamiento sostenía que el servicio sería gratuito para los vecinos. Algo que el concejal matiza: "El alcalde ha planteado modificar la ordenanza para que los empadronados de Almonte, El Rocío y Matalascañas no tengan que pagar la zona azul. Sin embargo, de aplicarse esa gratuidad, el propio Ayuntamiento tendría que compensar económicamente a la empresa concesionaria, ya que el contrato no contempla exenciones para los residentes y establece el pago del servicio por parte de todos los usuarios". En este sentido, advierte de que la gratuidad para los vecinos implicaría necesariamente una compensación municipal a la empresa, al tratarse de una obligación recogida en el contrato.

Parquímetros retirados y líneas repintadas

La situación actual es de completa paralización. Los parquímetros instalados están siendo retirados y las líneas que delimitaban las plazas de estacionamiento regulado han comenzado a pasar del azul al negro. Sobre el terreno únicamente quedan las zonas asfaltadas y las huellas de un proyecto que no ha llegado a ponerse en marcha.

La moción de Jiménez no supone declarar automáticamente nulo el contrato ni rescindirlo de forma inmediata. Su propuesta consiste en abrir el procedimiento administrativo para que el Consejo Consultivo examine lo sucedido y determine qué salida jurídica puede darse a una adjudicación aprobada antes que la ordenanza que debía hacer posible el servicio.

El Ayuntamiento defiende la legalidad del contrato y alerta de un posible coste de ocho millones

Frente a la interpretación de Jiménez, el Ayuntamiento de Almonte sostiene que actuó de forma preventiva cuando surgieron dudas sobre las condiciones necesarias para activar la Zona ORA. Según su versión, dejó sin efecto el decreto que autorizaba el inicio del servicio para evitar que entrara en funcionamiento sin las garantías jurídicas suficientes y proteger tanto a los vecinos como a la propia institución. También señala que el procedimiento judicial promovido contra aquel decreto fue archivado después de su anulación, una decisión que el Consistorio interpreta como respaldo a la actuación realizada, aunque el concejal no adscrito insiste en que el juzgado no llegó a pronunciarse sobre el fondo del contrato.

El equipo de gobierno recalca que actualmente "no existe sentencia alguna que declare ilegal la adjudicación", "no existe resolución administrativa que anule el contrato", "no existe pronunciamiento del Consejo Consultivo de Andalucía sobre la nulidad planteada" y tampoco hay "ninguna declaración de ilegalidad por parte de los tribunales". Por ello, considera que no existen por ahora resoluciones que invaliden el procedimiento. Además, advierte de que la revisión de oficio solicitada por Jiménez podría exponer al municipio a una reclamación de hasta ocho millones de euros por parte de la concesionaria, una estimación trasladada por el Ayuntamiento y no una cantidad fijada mediante sentencia.

Paralelamente, el alcalde, Paco Bella, ha decidido reiniciar la tramitación de la ordenanza fiscal para intentar implantar el servicio el próximo verano. El nuevo borrador, sometido a consulta pública desde el 22 de julio, contempla que los empadronados en Almonte, El Rocío y Matalascañas puedan aparcar sin pagar directamente. "Que pague la gente que viene de fuera a disfrutar de la playa y de nuestros servicios, y ya está", resumió el regidor. No obstante, esa gratuidad requeriría compensar económicamente a la empresa con cargo al presupuesto municipal. "Compensarle a la empresa con un tanto para que la gente de Almonte no pague", planteó Bella en el Pleno extraordinario del 2 de julio.

El gobierno local, que se encuentra en minoría, pretende negociar el nuevo texto con los grupos de la oposición después de que la ordenanza anterior no lograra los apoyos necesarios. El Ayuntamiento justifica la Zona ORA como una herramienta para ordenar el estacionamiento, aumentar la rotación de vehículos y avanzar hacia un destino "moderno, organizado y respetuoso con el medio ambiente". La concesión tiene una valoración total de 47,12 millones de euros y una duración prevista de 30 años.