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El Partido Animalista Pacma se ha personado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo como parte recurrida en el recurso de casación interpuesto por la defensa del cazador condenado por la muerte de un perro llamado Nerón. Los hechos se produjeron en marzo de 2022 en la Sierra de Baza (Granada), cuando el animal paseaba por el campo junto a sus tutores y fue abatido de un disparo. Según quedó acreditado en sede judicial, el condenado intentó posteriormente ocultar el cadáver del animal.
La formación política da así continuidad a su actuación como acusación popular en un procedimiento que ha sido señalado como un precedente relevante en materia de maltrato animal y de responsabilidad penal vinculada a la actividad cinegética. Pacma ha mantenido su implicación a lo largo de las distintas fases del proceso judicial.
En un primer momento, el Juzgado de lo Penal nº1 de Granada absolvió al acusado en junio de 2025. Sin embargo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada revocó íntegramente aquella resolución tras estimar el recurso presentado por la acusación particular, al que Pacma se había adherido como acusación popular.
La condena
La Audiencia Provincial acabó condenando al cazador por un delito de maltrato animal con resultado de muerte. La pena impuesta fue de un año y un día de prisión, junto con tres años de inhabilitación para actividades relacionadas con animales y para su tenencia, lo que implicó también la pérdida temporal de la licencia de caza.
Posteriormente, la representación legal del condenado presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por una presunta infracción de ley. Es este recurso el que ahora examina la Sala Segunda, en el que Pacma figura como parte recurrida tras su personación en la causa.
El presidente nacional de Pacma, Javier Luna, ha señalado que “este caso simboliza la necesidad urgente de endurecer la respuesta penal frente a la violencia contra los animales y de acabar con la impunidad que históricamente ha rodeado determinados abusos cometidos en contextos cinegéticos”. La formación añade además que, pese a la condena, la pena impuesta podría permitir que el condenado evite el ingreso efectivo en prisión, lo que, según sostiene, evidenciaría “la insuficiencia de las actuales penas previstas para delitos graves de maltrato animal”.
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