Sus padres fueron los primeros sorprendidos. Cuando los agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional accedieron al domicilio familiar en Granada para proceder al registro y a la detención, nadie en la vivienda esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. El menor que cursaba bachillerato —sin ninguna relación académica con la informática— había protagonizado en solitario una filtración masiva de datos sensibles de instituciones del Estado que obligó a activar un dispositivo policial urgente y que ha puesto en alerta a los servicios de seguridad sobre una amenaza creciente en el entorno digital.

La Policía Nacional ha desvelado el perfil del detenido tras su arresto el pasado 27 de mayo, aproximadamente un mes después de que publicara en internet datos personales de miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como de la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y el Incibe. Se trata de un menor de edad, de nacionalidad española, autodidacta, sin antecedentes de este tipo de delitos y cuya motivación principal, según los investigadores, era la búsqueda de notoriedad. No había dinero de por medio.

Contactos virtuales con 'hacktivistas' y un perfil que se repite

Los investigadores han constatado que el menor había mantenido contactos virtuales con otras personas con perfil de hacktivista, lo que encuadra su caso en un fenómeno más amplio que las autoridades llevan meses combatiendo. De hecho, el arrestado se suma a la más de media docena de jóvenes detenidos con este mismo perfil en los últimos meses por parte de la Comisaría General de Información: jóvenes autodidactas, sin motivación económica, con conexiones en entornos digitales de activismo radical y capaces de acceder y difundir información sensible desde sus propios domicilios.

Tras su localización, los agentes procedieron al registro del domicilio, donde intervinieron diverso material informático y tecnológico que ya está siendo analizado por especialistas. La investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid y se inició tras detectar la difusión masiva de los datos, que "generaba un riesgo inmediato para la seguridad e integridad de los afectados y de las propias instituciones", según las fuentes del caso consultadas por Europa Press. "La prioridad cuando se detecta este tipo de publicaciones con datos sensibles es neutralizar la amenaza, tanto con el bloqueo de la información si es posible como dando con el paradero del autor", han señalado.

La Policía ha aprovechado el caso para poner el foco en el "creciente riesgo" que representan las campañas de exposición masiva de datos personales en Internet, especialmente cuando afectan a miembros de instituciones estratégicas del Estado. Este tipo de prácticas, conocidas en el ámbito cibernético como 'doxing', pueden facilitar amenazas, extorsiones o acciones coordinadas contra funcionarios públicos y organismos sensibles, y se repiten en otros países, lo que habitualmente obliga a las autoridades a colaborar de forma estrecha con sus homólogos europeos. La operación continúa abierta con el objetivo de desarticular de forma completa la red de perfiles implicados en esta campaña.