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El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta alerta del aumento de las obligaciones administrativas que afrontan pymes y micropymes con el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre. La norma amplía la información escrita que deben entregar a los trabajadores, generalmente antes del inicio de la relación laboral.
La preocupación tiene especial relevancia en Cádiz: el 95,3 % de las empresas gaditanas tiene menos de diez asalariados, según los datos del Directorio Central de Empresas del INE correspondientes a 2025.
Más información antes de empezar a trabajar
El presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez, reclama compatibilizar la transparencia laboral con la capacidad administrativa de las pequeñas empresas.
"Cada nueva contratación exige ahora recopilar, concretar y trasladar previamente una cantidad mucho mayor de información. Para una gran compañía, que dispone de departamentos especializados de recursos humanos y estructuras administrativas propias, puede ser asumible. Para una pequeña empresa o una microempresa supone una carga adicional que no podemos minusvalorar", señala Fernández.
Publicada en el BOE el 15 de septiembre, la regulación transpone parcialmente la Directiva europea 2019/1152. Abarca información sobre contrato, funciones, salarios, jornada, vacaciones, formación, convenio, extinción contractual y protección social. También incorpora obligaciones sobre algoritmos y sistemas automatizados que influyan en las condiciones laborales.
La acumulación de trámites, bajo advertencia
Fernández sitúa el problema en la suma de requerimientos laborales, documentales y de Seguridad Social. "Todo este conjunto de obligaciones puede tener una lógica operativa en grandes empresas dotadas de importantes estructuras internas, pero cuando hablamos de pymes y micropymes podemos estar situando a muchos empresarios al límite de su capacidad administrativa".
El Colegio comparte la defensa de los derechos laborales y la seguridad jurídica. Pide procedimientos sencillos y herramientas eficaces, seguridad interpretativa y reducir otras cargas.
"El reto —concluye José Blas Fernández— es alcanzar un equilibrio razonable: máxima protección y transparencia para el trabajador, pero también normas que puedan ser cumplidas de manera eficaz por las pequeñas empresas que sostienen la inmensa mayoría de nuestro tejido productivo y nuestro empleo".
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