Andalucía se suma al bloque autonómico que rechaza acoger a menores migrantes. El vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en la región, Manuel Gavira, ha anunciado este miércoles que la comunidad "se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez", tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta. "Así lo pactamos".

El mensaje, lanzado a través de X, deja claro que Andalucía actuará igual que el resto de gobiernos donde gobierna Vox. "Lo ocurrido en Ceuta es una invasión, y quienes cruzaron la frontera ilegalmente donde tienen que estar es de vuelta en Marruecos. Y, si son menores, con sus padres", ha sentenciado Gavira, también consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

El acuerdo de investidura entre PP y Vox que llevó a Juanma Moreno a la Presidencia recoge, en su punto 12, el rechazo frontal a la política migratoria del Ejecutivo central y el compromiso de "no más menores extranjeros no acompañados". El pacto también descarta habilitar nuevos centros o ampliar plazas, así como participar en reformas o presupuestos que faciliten la acogida. Eso sí, la Consejería de Servicios Sociales, en manos del PP, no se ha pronunciado todavía.

Andalucía no es la primera en plantarse. Castilla y León, Extremadura y Aragón ya habían anticipado su negativa. La Junta castellanoleonesa, con Carlos Pollán al frente de las áreas de Vox, habla de "oposición frontal"; Extremadura asegura que no abrirá "ningún nuevo centro de acogida"; y Aragón promete usar "todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos" a su alcance.

Mientras tanto, el PP nacional intenta matizar. Su vicesecretaria Alma Ezcurra ha insistido en que "las comunidades del PP siempre van a cumplir la ley", aunque ha cargado contra Moncloa por una respuesta que califica de "tardía" y "pusilánime". Madrid, por su parte, denuncia que sus recursos "están al límite" y que el Gobierno central ni siquiera ha contactado con las autonomías.

La tensión aumenta en Ceuta, donde el presidente Juan Jesús Vivas ha pedido "socorro" y "auxilio" al Estado ante una situación "absolutamente límite". El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, calcula unos 500 menores en la ciudad y advierte: si las autonomías persisten en su negativa, "actuará la Fiscalía de Menores".