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El Ayuntamiento de Málaga ha suspendido el régimen sancionador de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) tras una aclaración del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la sentencia que anuló parcialmente la ordenanza municipal de movilidad. La decisión permitirá acceder a todos los vehículos sin recibir multas por ese motivo.
El resto de la ordenanza continúa vigente. Según fuentes municipales citadas por EFE, la aclaración judicial deja sin efecto únicamente la parte del articulado correspondiente al régimen sancionador.
El Consistorio ha decidido acatar la sentencia, dejar que adquiera firmeza y modificar el texto. La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, calcula una tregua de "nueve o diez meses" mientras se adapta la regulación.
El criterio de domiciliación, anulado
La resolución tiene su origen en un recurso de Vox. El TSJA anuló en junio el requisito que permitía circular por la ZBE a vehículos domiciliados en Málaga aunque carecieran de etiqueta ambiental, un trato distinto al aplicado a los de fuera.
La sentencia consideró que esa distinción afectaba a la libre circulación de mercancías y personas, "vulnerando el principio de libertad de empresa y de unidad de mercado". Tampoco constaba una justificación técnica proporcionada, ambientalmente imperiosa y "no discriminatoria".
Hasta la suspensión, circular incumpliendo los requisitos constituía una infracción grave sancionada con 200 euros. Hernández ha señalado que consultarán cómo han actuado otros ayuntamientos antes de adaptar la ordenanza.
La oposición reclama respuestas sobre las sanciones
Con Málaga, integrado por IU y Podemos, considera que la medida "llega tarde". El grupo municipal cifra en más de 46.000 las sanciones impuestas en ocho meses, de las que 11.000 corresponderían a junio y julio.
La coalición acusa al gobierno local del PP de priorizar la recaudación y critica que la ZBE se implantara sin alternativas eficaces de transporte público ni las 5.000 plazas de aparcamientos disuasorios comprometidas.
Sobre las sanciones, Hernández ha asegurado que el Ayuntamiento estudiará los casos con rigor para ofrecer la mejor solución. La ordenanza de movilidad sostenible inició su segundo año de vigencia en noviembre de 2025.
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