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Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) ha iniciado los trámites para llevar a la Junta de Andalucía a la vía legal por el retraso en la implantación del teletrabajo para los funcionarios. La decisión llega después de una nueva reunión sin avances concretos con la Consejería, pese a que el decreto regulador fue aprobado en julio de 2024. El sindicato denuncia una falta de voluntad política para aplicar la norma y considera que los plazos administrativos se están utilizando para prolongar la situación.
Según ha explicado ISA, de los informes preceptivos pendientes únicamente se ha recibido el de la Dirección General de Presupuestos, el pasado 15 de octubre. El resto ni siquiera se ha solicitado, mientras que la Administración prevé que el texto vuelva a la Mesa General y a la Mesa Sectorial dentro de unas siete semanas. Para la organización sindical, esta demora carece de justificación y perjudica al personal de la Administración General de la Junta.
El sindicato también ha expresado su preocupación por los posibles cambios en el texto negociado, especialmente por la eventual vinculación del teletrabajo a la evaluación del desempeño. ISA recuerda que, al concluir la negociación, el decreto regulador de esa evaluación todavía no se había aprobado. Además, rechaza que se mantenga un periodo de seis meses entre la aprobación de la norma y su aplicación efectiva, al entender que supondría añadir otra demora.
Ante esta situación, la organización ya ha registrado ante la Secretaría General para la Administración Pública una reclamación previa a la vía legal, basada en lo negociado en 2024 y en los acuerdos recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público. ISA sostiene que la circular emitida el pasado verano ha resultado ineficaz y denuncia que la propia Administración ha reconocido que no existe un órgano competente para exigir su cumplimiento hasta que se apruebe el decreto. También asegura haber detectado denegaciones de solicitudes de teletrabajo sin motivación en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Otras quejas
En paralelo, el sindicato ha cuestionado el anuncio de una nueva convocatoria del Concurso Abierto y Permanente (CAP) en enero de 2027. ISA sospecha que la oferta de plazas será reducida y atribuye la falta de resolución de la convocatoria de 2026 a la desdotación de puestos. Por ello, solicitará al Consejo de la Transparencia información sobre las plazas que han perdido su dotación presupuestaria desde las últimas elecciones autonómicas.
La organización reclama que se impulsen de inmediato los trámites pendientes, se respeten los acuerdos negociados y se eliminen las demoras que no estén justificadas. Además, denuncia que la falta de resolución del concurso afecta a la movilidad del personal funcionario y critica que, mientras se aplazan medidas como el teletrabajo y la cobertura de plazas, se mantienen gastos de alquiler para altos cargos y aumenta, a su juicio, el peso de las estructuras directivas de las consejerías y delegaciones.
Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) ha iniciado los trámites para llevar a la Junta de Andalucía a la vía legal por el retraso en la implantación del teletrabajo para los funcionarios. La decisión llega después de una nueva reunión sin avances concretos con la Consejería, pese a que el decreto regulador fue aprobado en julio de 2024. El sindicato denuncia una falta de voluntad política para aplicar la norma y considera que los plazos administrativos se están utilizando para prolongar la situación.
Según ha explicado ISA, de los informes preceptivos pendientes únicamente se ha recibido el de la Dirección General de Presupuestos, el pasado 15 de octubre. El resto ni siquiera se ha solicitado, mientras que la Administración prevé que el texto vuelva a la Mesa General y a la Mesa Sectorial dentro de unas siete semanas. Para la organización sindical, esta demora carece de justificación y perjudica al personal de la Administración General de la Junta.
El sindicato también ha expresado su preocupación por los posibles cambios en el texto negociado, especialmente por la eventual vinculación del teletrabajo a la evaluación del desempeño. ISA recuerda que, al concluir la negociación, el decreto regulador de esa evaluación todavía no se había aprobado. Además, rechaza que se mantenga un periodo de seis meses entre la aprobación de la norma y su aplicación efectiva, al entender que supondría añadir otra demora.
Ante esta situación, la organización ya ha registrado ante la Secretaría General para la Administración Pública una reclamación previa a la vía legal, basada en lo negociado en 2024 y en los acuerdos recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público. ISA sostiene que la circular emitida el pasado verano ha resultado ineficaz y denuncia que la propia Administración ha reconocido que no existe un órgano competente para exigir su cumplimiento hasta que se apruebe el decreto. También asegura haber detectado denegaciones de solicitudes de teletrabajo sin motivación en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Otras quejas
En paralelo, el sindicato ha cuestionado el anuncio de una nueva convocatoria del Concurso Abierto y Permanente (CAP) en enero de 2027. ISA sospecha que la oferta de plazas será reducida y atribuye la falta de resolución de la convocatoria de 2026 a la desdotación de puestos. Por ello, solicitará al Consejo de la Transparencia información sobre las plazas que han perdido su dotación presupuestaria desde las últimas elecciones autonómicas.
La organización reclama que se impulsen de inmediato los trámites pendientes, se respeten los acuerdos negociados y se eliminen las demoras que no estén justificadas. Además, denuncia que la falta de resolución del concurso afecta a la movilidad del personal funcionario y critica que, mientras se aplazan medidas como el teletrabajo y la cobertura de plazas, se mantienen gastos de alquiler para altos cargos y aumenta, a su juicio, el peso de las estructuras directivas de las consejerías y delegaciones.
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