La Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía ha convocado a los sindicatos de Función Pública el próximo 26 de octubre, a las 10.00 horas, para tratar la implantación del teletrabajo entre los empleados públicos. La reunión incluirá también el análisis de la situación de los concursos abiertos y permanentes, en un contexto de reclamaciones sindicales para que la regulación de esta modalidad laboral deje de acumular retrasos.

La Administración autonómica ha reconocido recientemente que poner en marcha el teletrabajo "no es fácil", aunque confía en resolver las dificultades "cuanto antes para que sea una realidad en Andalucía". La Junta ha señalado que otras comunidades, algunas de ellas próximas como Extremadura, ya cuentan con esta modalidad de prestación de servicios para sus trabajadores públicos.

El pasado junio, el Gobierno andaluz aprobó la circular 1/2026 para unificar las condiciones del teletrabajo en la Administración General mientras termina de tramitar el decreto que regulará definitivamente esta fórmula. El documento establece criterios comunes sobre las jornadas que pueden realizarse a distancia, los puestos susceptibles de acogerse a esta modalidad, los requisitos de los empleados y el procedimiento para solicitarla, así como los motivos para denegar, suspender o revocar las autorizaciones.

La circular mantiene en el 20% de la jornada semanal el tiempo que puede desarrollarse mediante teletrabajo, equivalente generalmente a un día a la semana. También recoge que disfrutar de permisos, vacaciones, licencias, festivos, determinadas situaciones de incapacidad temporal o medidas de flexibilidad horaria no implicará automáticamente perder, reducir o reprogramar las jornadas que ya hayan sido autorizadas.

La situación del decreto

CSIF ha reclamado a la Junta que explique el estado real de la tramitación del decreto, qué actuaciones quedan pendientes y cuándo prevé completar el procedimiento. El sindicato considera que no basta con justificar los retrasos por la existencia de trámites administrativos y exige una nueva fecha concreta, acompañada de un calendario de pasos pendientes y compromisos que puedan comprobarse y someterse a seguimiento.

La organización sindical ha insistido en que la nueva regulación debe aprobarse sin más demoras, al tratarse de una reivindicación prolongada de los empleados de la Administración General. CSIF sostiene que el teletrabajo permitiría avanzar hacia una Administración "más moderna, flexible y eficiente", además de favorecer la conciliación laboral y personal. Asimismo, ha advertido de que, si la Junta no atiende sus exigencias, adoptará "las medidas que considere oportunas en defensa de los derechos de las empleadas y empleados públicos".