El juicio contra los dos cazadores acusados de maltratar y mantener a 29 perros de caza en condiciones de extrema insalubridad y sin la atención veterinaria necesaria en una finca ubicada en la localidad de Cabra (Córdoba), y de los cuales dos murieron, tendrá lugar este viernes en el juzgado de lo penal 5 de Córdoba. Los perros eran en su mayoría galgos y podencos utilizados para la caza y 24 de ellos fueron inmediatamente decomisados por las autoridades.
En el procedimiento está personada como acusación la Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur, que se hizo cargo de 21 de los perros. De los tres restantes se responsabilizó la Protectora Acógenos.
Los hechos se remontan al pasado 30 de octubre de 2020, cuando, tras recibir un aviso por parte de la organización SOS Ayuda Animal, Galgos del Sur se personó en la finca para realizar una primera inspección ocular. Y lo que encontraron allí fue un escenario “espantoso”.
Casi una treintena de perros entre galgos, podencos y alguna otra raza utilizada para la caza malvivían en “condiciones terribles”, atados con cadenas a olivos, desnutridos, con extrema delgadez y sin agua ni comida. Otros estaban encerrados en un recinto rodeados de restos cadavéricos de animales, heces, orines y grandes cantidades de basura, con un “hedor insoportable”.
En el lugar aparecieron también multitud de restos de animales muertos, tales como cráneos, huesos, pellejos e incluso el cadáver en descomposición de un perro.
Según la revisión veterinaria a la que fueron sometidos tras su rescate, el estado de salud de los canes era “penoso”. Los perros estaban desnutridos, deshidratados y presentaban diferentes patologías de diversa gravedad.
En este sentido, muchos de los perros padecían un estado de caquexia (delgadez y desnutrición extrema) y sufrían fracturas, heridas abiertas infectadas y lesiones cutáneas compatibles con enfermedades parasitarias crónicas, así como dermatitis, piodermas, fiebre y palidez de mucosas.
Tal era su mal estado de salud, que tres de ellos tuvieron que ser directamente ingresados de urgencia en estado muy grave en el Hospital Veterinario de Córdoba para intentar salvarles la vida, de los cuales uno terminó falleciendo.
Ante un caso de maltrato animal de tal calibre, Galgos del Sur lo puso inmediatamente en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personándose en el lugar tanto la Policía Local de Cabra como la Guardia Civil.
Tras comprobar lo que estaban sufriendo allí estos perros, las autoridades abrieron una investigación e iniciaron diligencias contra los responsables de la finca por un presunto delito de maltrato animal, que desembocaron en el juicio que se celebrará este viernes 23 de septiembre.
Para los dos hombres acusados se solicitan tres años y medio de prisión y ocho años de inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para le tenencia de animales por los delitos de maltrato animal con resultado de muerte, así como 44 años de inhabilitación por los delitos de maltrato animal con lesiones.
Igualmente se les reclaman los gastos veterinarios en los que ha tenido que incurrir Galgos del Sur por hacerse cargo de los animales decomisados y una indemnización de 1.500 euros a cada uno de los acusados en concepto de daños morales.
Por su parte, la Fiscalía solicita una pena de 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación.
“Acusamos por delitos independientes, teniendo en consideración la condición de seres sintientes de cada uno de los animales maltratados, mientras que la fiscal acusa por un delito continuado de maltrato animal”, explica la abogada de Galgos del Sur, Dulce Aguilera, del despacho Justicia-Animales y Medio Ambiente.
Una vez que se celebre la vista oral del juicio, programada para este viernes 23 de septiembre, el procedimiento quedará visto para sentencia.
Desde Galgos del Sur piden justicia para todos estos animales que malvivían en la conocida como “finca de los horrores de Cabra”, con el convencimiento de que un caso de maltrato animal tan extremo no puede quedar impune.
“Hablamos de unos pobres perros vulnerables e indefensos que malvivían en unas condiciones dantescas. Maltratados, sin agua, sin comida, sin atención veterinaria, sin los cuidados básicos y obligatorios, sin cobijo de la lluvia y de las altas y bajas temperaturas y durmiendo a la intemperie. Dos de ellos murieron. No hay derecho a esto. Exigimos justicia para ellos”, expresa el cofundador de Galgos del Sur, Javier Luna.
Además, hace hincapié en el hecho de que no se trata de una situación excepcional, sino que estas condiciones son las habituales en las que viven los perros de caza en España.
Por último, Luna acusa al Gobierno de ponerse de parte de cazadores, rehaleros y galgueros, y de estar favoreciendo que el maltrato animal que sufren estos perros quede impune, en lugar de combatirlo.
“Esto es la tónica general del mundo de la caza. Muchísimos perros viviendo aislados en zonas rurales, apartados de la vista de la gente, encadenados, encerrados en zulos sin ver la luz del sol, recibiendo agua y comida apenas una vez a la semana. Y cuando ya no sirven para cazar, se deshacen de ellos. Una vida de sufrimiento para terminar muriendo en silencio, de forma cruel y sin que nadie se entere. Esto es lo que el Gobierno de España, y en especial el presidente Pedro Sánchez y el Partido Socialista (PSOE), está amparando al presentar una enmienda para excluir a los perros de caza de la futura Ley de Protección Animal”, concluye.
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