El problema de los interinos en España vuelve a tensar la relación entre el Gobierno y Bruselas. España tenía hasta este 29 de junio para remitir sus alegaciones y explicar qué reformas ha puesto en marcha para rebajar el abuso de la temporalidad en el sector público.

Sin embargo, el Gobierno no ha respondido con medidas concretas y ha solicitado una ampliación del plazo hasta el 27 de marzo de 2027. Nueve meses más.

Bruselas ya había movido ficha el pasado mes de abril, cuando envió a España un dictamen al considerar que el país no está haciendo lo suficiente para sancionar el abuso de contratos temporales en el sector público.  El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio una buena noticia a los cerca de un millón de interinos de España. Dictó una sentencia histórica que cambiaría las reglas del juego de la contratación pública. El expediente de infracción se remonta a 2014 y, desde entonces, la Comisión entiende que no se han impulsado reformas capaces de corregir esta anomalía laboral.

Por ello, si la situación persiste, España podría enfrentarse a sanciones millonarias. La cuestión, además, no se limita al tipo de contrato o a la concatenación de nombramientos. Europa ha insistido en que lo relevante es que estos trabajadores han seguido prestando servicio durante años para la misma administración empleadora.

La situación ha dado un giro este año tras los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dictado que no son válidos los procesos selectivos, ni lo son las sanciones de los últimos años.

Desde la Asamblea de Interinas y Aspirantes de Andalucía sostienen que indemnizar a todos los afectados por el abuso resulta inviable, “porque no hay dinero”, por lo que la única salida sería la fijeza. “Como no nos pueden hacer fijos a todos a la vez, ni darle a todo el mundo la indemnización a la vez, tendrá que hacerlo de alguna forma escalonada", explicaba Virginia González, portavoz de la Asamblea.

El Gobierno, no obstante, no ha aprobado por ahora ninguna reforma legislativa. Los interinos esperaban una reforma legislativa que parece que se va a demorar.  Y mientras el Gobierno gana tiempo, el sindicato denunció que los tribunales han sacado como desfavorables todas las sentencias que tienen archivadas desde hace años. "Justo lo contrario de lo esperable, y a pesar de que Europa ahora ha sido muy contundente a nuestro favor”, denunciaba desde la Asamblea.

Próximo paso

El siguiente movimiento llegará desde el Ministerio de Función Pública. El departamento que dirige Óscar López quiere implicar a todas las administraciones en la búsqueda de una solución y ha convocado a las comunidades autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias a una reunión de coordinación el próximo 8 de julio en Santander.

En ese encuentro, el ministerio pedirá propuestas a las regiones, especialmente porque los mayores niveles de precariedad se concentran en estas administraciones, con porcentajes que superan el 40%. Las posibles medidas deberán tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de mayo, que ratificó la imposibilidad de hacer fijos, sin pasar por una oposición, a los trabajadores públicos temporales.

Al mismo tiempo, aquella resolución abrió la puerta a nuevas vías en materia sancionadora e indemnizadora en casos de abuso de temporalidad. Según el fallo, la Administración deberá conceder indemnizaciones extra de hasta 10.000 euros y hacer fijos a quienes hayan superado un proceso selectivo pero se hayan quedado sin plaza.