Movilizados una decena de bomberos y cuatro vehículos por un incendio de cocina en Guadalcacín 
La Junta declara controlado (y a un paso de la extinción total) el incendio de Niebla, tras dos semanas muy complejas 
Un vecino de Gines estafa un dineral a familias de Sevilla, Cádiz o Huelva con falsos alquileres para el verano 
El monumento del Parque Atlántico de Jerez cuyo futuro quieren decidir los propios vecinos 
Un 'Breaking Bad' en Dos Hermanas: cae un laboratorio con 12 kilos de droga y siete armas 
La madre de Noelia Castillo, la joven del Garraf que recibió la eutanasia el pasado 26 de marzo, ha presentado una queja ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas para que investigue si el Gobierno actuó de forma adecuada antes de autorizar el procedimiento. La comunicación, registrada a través de la Fundación Abogados Cristianos en representación de la familia, cuestiona la aplicación de la ley de eutanasia y sostiene que el Estado debía haber proporcionado una protección reforzada a la joven, a la que define como una mujer "víctima de violencia y en situación de extrema vulnerabilidad". El escrito también denuncia una supuesta cadena de omisiones institucionales durante la gestión del caso.
La queja expone que Noelia reunía diversos factores de riesgo al haber "crecido en un contexto de grave vulnerabilidad social y económica que llevó a su ingreso durante varios años en un centro tutelado y posteriormente fue víctima de violencia en el ámbito de la pareja y de una agresión sexual en grupo". Según el documento, estas circunstancias "marcaron profundamente la salud mental de la joven y agravaron una situación extremadamente delicada". Además, recuerda que antes de su intento de suicidio en 2022 tenía diagnosticados un trastorno límite de la personalidad, un trastorno obsesivo-compulsivo con ideación suicida y depresión crónica, así como una discapacidad reconocida del 67%.
La madre sostiene que, tras aquel intento de suicidio, las administraciones no desplegaron la protección reforzada que, a su juicio, exigía la situación de su hija. Asimismo, afirma que durante la tramitación de la eutanasia Noelia "dejó de recibir tratamiento psiquiátrico y permaneció sin una atención efectiva en salud mental, sin que las administraciones garantizaran la continuidad asistencial ni agotaran todas las alternativas terapéuticas, psicológicas, psiquiátricas, paliativas y sociales antes de autorizar una decisión irreversible".
El escrito también hace referencia al informe elaborado por la médica responsable de tramitar la eutanasia, en el que, según la familia, se reconocía que los recursos ofrecidos a Noelia habían sido "insuficientes" y no habían mejorado "el sufrimiento de la paciente ni su falta de sentido vital". Para la madre, esta valoración supone una prueba de que el propio procedimiento admitía que las medidas de apoyo disponibles no habían resultado suficientes antes de autorizar la eutanasia. Además, añade que, pese al empeoramiento de la situación de la joven tras el intento de suicidio, el grado de discapacidad únicamente se incrementó hasta el 74%, quedando por debajo del umbral necesario para acceder a una prestación económica de mayor cuantía, una circunstancia que, según sostiene, contribuyó a mantener su situación de dependencia y vulnerabilidad.
La carta
La comunicación remitida a Naciones Unidas afirma que la muerte de Noelia "no fue el resultado de una única decisión médica, sino la consecuencia de una cadena de omisiones y errores del Gobierno". En este sentido, la madre considera que "España no desplegó la protección reforzada que debía garantizar a una mujer víctima de violencia, con graves trastornos mentales y en una situación de extrema vulnerabilidad, permitiendo que acabara accediendo a la eutanasia sin haber agotado todas las alternativas razonables orientadas a la vida".
Por último, la madre de Noelia solicita a la Relatora Especial que requiera información al Gobierno sobre la actuación de las administraciones públicas en este caso y que investigue si se agotaron todas las alternativas médicas, psicológicas, psiquiátricas, terapéuticas, paliativas y sociales antes de autorizar la eutanasia. También pide que examine si el procedimiento respetó las obligaciones internacionales de diligencia debida en relación con una mujer víctima de violencia y en situación de especial vulnerabilidad, así como que evalúe si la legislación y los protocolos españoles ofrecen una protección suficiente para mujeres que se encuentren en circunstancias similares.
La madre de Noelia Castillo, la joven del Garraf que recibió la eutanasia el pasado 26 de marzo, ha presentado una queja ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas para que investigue si el Gobierno actuó de forma adecuada antes de autorizar el procedimiento. La comunicación, registrada a través de la Fundación Abogados Cristianos en representación de la familia, cuestiona la aplicación de la ley de eutanasia y sostiene que el Estado debía haber proporcionado una protección reforzada a la joven, a la que define como una mujer "víctima de violencia y en situación de extrema vulnerabilidad". El escrito también denuncia una supuesta cadena de omisiones institucionales durante la gestión del caso.
La queja expone que Noelia reunía diversos factores de riesgo al haber "crecido en un contexto de grave vulnerabilidad social y económica que llevó a su ingreso durante varios años en un centro tutelado y posteriormente fue víctima de violencia en el ámbito de la pareja y de una agresión sexual en grupo". Según el documento, estas circunstancias "marcaron profundamente la salud mental de la joven y agravaron una situación extremadamente delicada". Además, recuerda que antes de su intento de suicidio en 2022 tenía diagnosticados un trastorno límite de la personalidad, un trastorno obsesivo-compulsivo con ideación suicida y depresión crónica, así como una discapacidad reconocida del 67%.
La madre sostiene que, tras aquel intento de suicidio, las administraciones no desplegaron la protección reforzada que, a su juicio, exigía la situación de su hija. Asimismo, afirma que durante la tramitación de la eutanasia Noelia "dejó de recibir tratamiento psiquiátrico y permaneció sin una atención efectiva en salud mental, sin que las administraciones garantizaran la continuidad asistencial ni agotaran todas las alternativas terapéuticas, psicológicas, psiquiátricas, paliativas y sociales antes de autorizar una decisión irreversible".
El escrito también hace referencia al informe elaborado por la médica responsable de tramitar la eutanasia, en el que, según la familia, se reconocía que los recursos ofrecidos a Noelia habían sido "insuficientes" y no habían mejorado "el sufrimiento de la paciente ni su falta de sentido vital". Para la madre, esta valoración supone una prueba de que el propio procedimiento admitía que las medidas de apoyo disponibles no habían resultado suficientes antes de autorizar la eutanasia. Además, añade que, pese al empeoramiento de la situación de la joven tras el intento de suicidio, el grado de discapacidad únicamente se incrementó hasta el 74%, quedando por debajo del umbral necesario para acceder a una prestación económica de mayor cuantía, una circunstancia que, según sostiene, contribuyó a mantener su situación de dependencia y vulnerabilidad.
La carta
La comunicación remitida a Naciones Unidas afirma que la muerte de Noelia "no fue el resultado de una única decisión médica, sino la consecuencia de una cadena de omisiones y errores del Gobierno". En este sentido, la madre considera que "España no desplegó la protección reforzada que debía garantizar a una mujer víctima de violencia, con graves trastornos mentales y en una situación de extrema vulnerabilidad, permitiendo que acabara accediendo a la eutanasia sin haber agotado todas las alternativas razonables orientadas a la vida".
Por último, la madre de Noelia solicita a la Relatora Especial que requiera información al Gobierno sobre la actuación de las administraciones públicas en este caso y que investigue si se agotaron todas las alternativas médicas, psicológicas, psiquiátricas, terapéuticas, paliativas y sociales antes de autorizar la eutanasia. También pide que examine si el procedimiento respetó las obligaciones internacionales de diligencia debida en relación con una mujer víctima de violencia y en situación de especial vulnerabilidad, así como que evalúe si la legislación y los protocolos españoles ofrecen una protección suficiente para mujeres que se encuentren en circunstancias similares.
COMENTARIOS