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La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha defendido este jueves en el Parlamento la gestión y la "plena seguridad alimentaria" de los comedores escolares, después de las denuncias por distintas incidencias en colegios de la comunidad. Castillo ha asegurado que los menús que se sirven al alumnado son "seguros, saludables y nutritivos" y ha calificado el servicio como "una herramienta de conciliación esencial para las familias andaluzas".
La respuesta de la consejera se ha producido tras las críticas de la parlamentaria de Adelante Andalucía María Victoria Serrano, que ha cuestionado la eficacia de los protocolos e inspecciones y ha reclamado medidas ante los problemas registrados en centros de Córdoba, Málaga y Granada. "Usted me habla de protocolos y de inspecciones preavisadas que no sirven de nada, y yo le hablo de niños con hambre", ha reprochado Serrano, quien ha acusado al Gobierno andaluz de reaccionar después de recibir centenares de denuncias.
Entre los casos expuestos figura el de un colegio de Albolote, en Granada, donde los escolares encontraron "larvas en el arroz". La diputada también ha mencionado un centro cordobés en el que se sirvió pisto sin sus ingredientes característicos, además de denunciar raciones escasas, purés fríos con grumos, pescado con espinas y fruta en mal estado. Por ello, ha exigido rescindir el contrato de la empresa adjudicataria por un supuesto "incumplimiento grave" y pedir perdón a las familias.
Castillo, por su parte, ha sostenido que las anomalías detectadas son puntuales y no representan un problema generalizado en la red andaluza. Según ha explicado, cuando se comunica una incidencia, la Consejería abre un expediente, recopila y contrasta la información y determina, si corresponde, la sanción aplicable. La consejera ha insistido en que "en ningún caso se ha visto afectada la seguridad alimentaria" y ha atribuido los problemas a posibles incumplimientos contractuales relacionados con las cantidades servidas o la elaboración de los platos.
Un plan de refuerzo
La Junta ha exigido a la empresa responsable de los comedores afectados un plan de refuerzo de los controles de calidad, que ya ha sido presentado. Entre las medidas previstas figuran una mayor supervisión, más personal de control, el incremento de las raciones, la revisión de las plantillas de menús y la organización de catas con las familias. Las autoridades están cuantificando las incidencias para determinar la calificación de las posibles infracciones conforme a las condiciones del contrato.
Durante su intervención, la consejera ha detallado la dimensión de un servicio que atiende diariamente a unos 188.000 alumnos en 2.056 centros educativos, con alrededor de 20 millones de menús por curso. La calidad y seguridad de las comidas están sometidas a controles de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias y de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE). Además, ha destacado que 73.817 familias reciben algún tipo de bonificación durante este curso y que 68.370 disfrutan de la gratuidad total del comedor.
La prestación se organiza mediante tres modelos: comedores gestionados directamente por la Junta, centros donde empresas preparan la comida en cocinas propias de los colegios y servicios de catering que elaboran los menús en instalaciones centrales y los transportan a los centros. Según Castillo, todos están sujetos a las mismas garantías higiénico-sanitarias y nutricionales, así como a las exigencias sobre el uso mayoritario de productos ecológicos y de proximidad. La consejera ha reiterado que los mecanismos de control y seguimiento se refuerzan cuando se produce alguna incidencia.
La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha defendido este jueves en el Parlamento la gestión y la "plena seguridad alimentaria" de los comedores escolares, después de las denuncias por distintas incidencias en colegios de la comunidad. Castillo ha asegurado que los menús que se sirven al alumnado son "seguros, saludables y nutritivos" y ha calificado el servicio como "una herramienta de conciliación esencial para las familias andaluzas".
La respuesta de la consejera se ha producido tras las críticas de la parlamentaria de Adelante Andalucía María Victoria Serrano, que ha cuestionado la eficacia de los protocolos e inspecciones y ha reclamado medidas ante los problemas registrados en centros de Córdoba, Málaga y Granada. "Usted me habla de protocolos y de inspecciones preavisadas que no sirven de nada, y yo le hablo de niños con hambre", ha reprochado Serrano, quien ha acusado al Gobierno andaluz de reaccionar después de recibir centenares de denuncias.
Entre los casos expuestos figura el de un colegio de Albolote, en Granada, donde los escolares encontraron "larvas en el arroz". La diputada también ha mencionado un centro cordobés en el que se sirvió pisto sin sus ingredientes característicos, además de denunciar raciones escasas, purés fríos con grumos, pescado con espinas y fruta en mal estado. Por ello, ha exigido rescindir el contrato de la empresa adjudicataria por un supuesto "incumplimiento grave" y pedir perdón a las familias.
Castillo, por su parte, ha sostenido que las anomalías detectadas son puntuales y no representan un problema generalizado en la red andaluza. Según ha explicado, cuando se comunica una incidencia, la Consejería abre un expediente, recopila y contrasta la información y determina, si corresponde, la sanción aplicable. La consejera ha insistido en que "en ningún caso se ha visto afectada la seguridad alimentaria" y ha atribuido los problemas a posibles incumplimientos contractuales relacionados con las cantidades servidas o la elaboración de los platos.
Un plan de refuerzo
La Junta ha exigido a la empresa responsable de los comedores afectados un plan de refuerzo de los controles de calidad, que ya ha sido presentado. Entre las medidas previstas figuran una mayor supervisión, más personal de control, el incremento de las raciones, la revisión de las plantillas de menús y la organización de catas con las familias. Las autoridades están cuantificando las incidencias para determinar la calificación de las posibles infracciones conforme a las condiciones del contrato.
Durante su intervención, la consejera ha detallado la dimensión de un servicio que atiende diariamente a unos 188.000 alumnos en 2.056 centros educativos, con alrededor de 20 millones de menús por curso. La calidad y seguridad de las comidas están sometidas a controles de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias y de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE). Además, ha destacado que 73.817 familias reciben algún tipo de bonificación durante este curso y que 68.370 disfrutan de la gratuidad total del comedor.
La prestación se organiza mediante tres modelos: comedores gestionados directamente por la Junta, centros donde empresas preparan la comida en cocinas propias de los colegios y servicios de catering que elaboran los menús en instalaciones centrales y los transportan a los centros. Según Castillo, todos están sujetos a las mismas garantías higiénico-sanitarias y nutricionales, así como a las exigencias sobre el uso mayoritario de productos ecológicos y de proximidad. La consejera ha reiterado que los mecanismos de control y seguimiento se refuerzan cuando se produce alguna incidencia.
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