La subida de la factura de la luz y de los combustibles pone en riesgo la recuperación económica española tras la pandemia de coronavirus. El IPC, que ha tocado máximos históricos no vistos en una década, se situó al 3,3% el pasado mes de agosto, con las consecuencias que ello conlleva en la pérdida de poder adquisitivo. Pensionistas y trabajadores están sufriendo una subida de precios mayor al aumento de los salarios.
Ante esa disyuntiva, el Gobierno se ha comprometido a abonar a los más de ocho millones de pensionistas una paga extra en el caso de que la inflación siga subiendo y supere las previsiones iniciales, una circunstancia que parece a todas luces una realidad. Las prestaciones de los pensionistas, que se elevaron este año un 0,9%, en consonancia con la subida del IPC, podrían elevarse al 2,4% o el 2,5%, tal y como sostienen fuentes de Bankiner y CCOO y Funcas, respectivamente.
De esa forma, se entiende que la remuneración debería ascender a un 1,3% adicional, lo que podría ser unos 188 euros de media con objeto de mantener el nivel de poder adquisitivo. Por su parte, los jubilados con una pensión media de 1.192 euros al mes, recibirán 216 euros más, y las viudas, 134 euros.
De esa forma, la Seguridad Social tendrá que desembolsar 1.900 millones de euros para esta paga extra que será la última de la historia por los cambios legislativos. Cabe r ecordar que el gasto en pensiones estaba previsto en 145.618 millones de euros, una previsión que será elevada al menos en 2.000 millones de euros más.
Probablemente, con la llegada de 2022 las pensiones vuelvan a subir, y lo harían con el IPC medio de diciembre por la ley que se tramita en el Congreso, por lo que podrían recibir un 2,2% extra más, 1.466 millones de euros más de gasto. A diferencia de los pensionistas, los trabajadores no tendrán ninguna compensación aunque cabe recordar que los sujetos a un convenio crecieron un 1,5% de media según el Ministerio de Trabajo.
Según las estimaciones, los trabajadores pueden perder 18,50 euros de media de poder adquisitivo en el sector privado y casi 50 euros en el sector público.
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