Varios mensajes difundidos en redes sociales aseguran que Mercadona ha denunciado la compra en su centro comercial de Ceuta "de un gran volumen de sustancias base, para fabricar explosivos" por parte de personas migrantes acompañadas por miembros de la ONG No Name Kitchen. Sin embargo, tanto la empresa como la organización señalada niegan estos hechos a VerificaRTVE, y el Ministerio del Interior asegura que, a fecha de publicación de este artículo, no se investiga a ninguna ONG por facilitar elementos para la elaboración de explosivos a personas migrantes.

Uno de los mensajes que ha circulado con más fuerza, compartido en X unas 9.000 veces desde el pasado 28 de agosto, afirma: "Alerta máxima en Ceuta: la policía investiga la compra masiva de precursores de explosivos realizada por inmigrantes ilegales". La publicación añade además que la cadena de supermercados "habría dado la alarma a la Policía Nacional este viernes" tras detectar la adquisición de botellas de aguafuerte y rollos de papel de aluminio por parte de grupos de migrantes acompañados por miembros de No Name Kitchen, a la que vincula con el financiero George Soros.

Mercadona lo niega: "No hemos denunciado ninguna compra atípica"

La propia empresa de distribución ha respondido por correo electrónico a las preguntas de VerificaRTVE negando de forma tajante haber dado aviso alguno a la Policía Nacional. "No hemos denunciado ninguna compra atípica en Ceuta", ha respondido la firma, que cuenta con dos supermercados en la ciudad autónoma: uno situado en el centro, en la avenida de España, y otro en la zona de Cabrerizas Bajas.

Por su parte, la organización señalada como implicada, No Name Kitchen, también niega la participación de miembros de su equipo en la compra que se difunde en redes sociales. Su coordinador, Ric Fernández, ha explicado a VerificaRTVE que la ONG compra papel de aluminio para su uso en las comidas que reparte la organización y para "forrar parte de la cocina", además de adquirir "productos disolventes" destinados a labores de limpieza, pero en ningún caso, según insiste, "cantidades ingentes para explosivos".

A estas dos negativas se suma la del propio Ministerio del Interior, que ha trasladado a RTVE que ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional están investigando a "ninguna ONG" por facilitar a personas migrantes elementos destinados a la elaboración de explosivos, desmontando así uno de los elementos centrales del mensaje viral.

El origen del bulo: la detención de dos voluntarios el 23 de agosto

El bulo parece alimentarse, al menos en parte, de un episodio real ocurrido días antes en Ceuta. El pasado 23 de agosto, dos voluntarios de No Name Kitchen fueron detenidos en la ciudad autónoma, un hecho que sí está confirmado y que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó en rueda de prensa. Según el ministro, la detención se produjo porque las dos personas "supuestamente estaban alentando a grupos violentos" a responder de forma violenta ante los agentes de la autoridad, y porque, según su versión, "han desobedecido y se han resistido a las indicaciones de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones". Marlaska añadió que "será la autoridad judicial la que pueda determinar el alcance de esos hechos".

La organización, sin embargo, ha ofrecido una versión completamente distinta de lo ocurrido. A través de un comunicado difundido en redes sociales, No Name Kitchen negó la versión del ministro y aseguró que ambos voluntarios fueron detenidos por grabar a agentes de policía golpeando a personas migrantes, una explicación que contradice frontalmente la ofrecida por el titular de Interior.

En definitiva, ni Mercadona reconoce haber alertado a la Policía Nacional, ni la ONG señalada admite haber participado en ninguna compra sospechosa de sustancias para fabricar explosivos, ni el Ministerio del Interior confirma que exista investigación alguna en ese sentido. Lo único verificado en toda esta cadena de mensajes es la detención de dos voluntarios de la organización el 23 de agosto, un hecho real pero cuyas circunstancias exactas —alentar la violencia, según el Gobierno, o grabar una agresión policial, según la ONG— siguen siendo objeto de versiones enfrentadas y quedan, como reconoció el propio ministro, en manos de la autoridad judicial.