Continúan los ataques a felinos callejeros en diferentes puntos de España. Noemí Pulido, voluntaria del Partido Animalista Pacma, acudía el pasado 17 de mayo a la llamada de una vecina del Residencial Puente Jontoya, en Jaén, advirtiendo de la muerte de cuatro gatos posiblemente envenenados.
En el lugar había otros tres gatos, aún vivos, siendo uno de estos una cría de mes y medio. Pulido pudo comprobar in situ la presencia de cuatro cadáveres de felinos pertenecientes a una colonia controlada de la zona que se encontraban agrupados en un mismo lugar con posibles signos de muerte violenta.
Producir la muerte a animales domésticos es, según el Código Penal, un acto constitutivo de delito, por lo que las voluntarias procedieron a poner en conocimiento de las autoridades lo ocurrido con el fin de que acudiesen a comprobar la veracidad de los hechos para poder emitir las pertinentes diligencias. La primera llamada fue a la Guardia Civil, que aseguró no tener patrullas disponibles y estar "muy ocupados", derivando a la voluntaria a la Policía Local.
Según Pulido, la Policía Local tampoco habría acudido a la llamada, afirmando que los hechos denunciables no eran de su competencia, remitiendo directamente a la Policía Nacional y argumentando que tampoco tenían tiempo ni patrullas. Finalmente, la voluntaria del Partido Animalista acudió directamente a denunciar en el Juzgado de Guardia, pero este se encontraba cerrado, por lo que tuvo que enviar telemáticamente tanto la denuncia como los vídeos y fotos.
Pacma critica la "odisea" por la que tienen que pasar los ciudadanos para denunciar delitos por maltrato animal, encontrándose "sistemáticamente" con negativas por parte de los cuerpos de seguridad que, por su lado, sostienen que no tienen recursos ni tiempo para atener este tipo de avisos y denuncias.
"La gente no denuncia porque no sabe cómo hacerlo. Llaman a un sitio y le derivan a otro, le dicen que llame más tarde, que no tienen competencias, que no se puede hacer nada, que no tienen patrullas, que no merece la pena, y finalmente el ciudadano, cansado, no interpone la denuncia, o al menos no correctamente, porque no se le ha facilitado esa posibilidad ni la información que necesita", explican desde el Partido Animalista.
La formación política insiste en que todos los cuerpos de seguridad pueden recoger denuncias, si bien luego deben derivarlas según competencias, y que si es un problema de falta de medios y capacidad, entonces "habrá que sentarse a evaluar si las cosas se están haciendo bien y si se está garantizando el cumplimiento de la Ley".
Pacma se encuentra a la espera de respuesta por parte del Juzgado de Guardia, que habría habilitado una dirección de correo electrónico para recibir las denuncias. "Ahora queda esperar a que esto se investigue y que quienes se creen con la impunidad de envenenar gatos no continúen haciéndolo, pero para ello necesitamos que tanto los cuerpos de seguridad como la Justicia se impliquen y hagan cumplir la Ley", concluye Noemí Pulido.
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