El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha decidido extender hasta mediados de septiembre los contratos suscritos con clínicas privadas para cubrir la asistencia sanitaria durante el verano. La prórroga se acoge a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y afecta a los acuerdos adjudicados en julio de 2024 por un valor de 119,9 millones de euros.
Desde el SAS han explicado que, pese a los esfuerzos por adjudicar los nuevos contratos antes del vencimiento de los actuales, la complejidad del procedimiento y las garantías legales necesarias han impedido cerrar el proceso a tiempo. Por este motivo, se ha optado por prolongar los contratos vigentes de manera temporal.
La Consejería que dirige Rocío Hernández ha indicado que está a la espera de los pronunciamientos del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Tarcja), tras los recursos presentados por algunas de las empresas participantes en el proceso de licitación. Mientras se resuelven estas impugnaciones, se trabaja con las centrales provinciales para asegurar la continuidad de la asistencia.
La Junta ha precisado que el artículo 29.4 de la LCSP permite prorrogar un contrato cuando, al llegar su vencimiento, no se haya podido formalizar uno nuevo debido a circunstancias imprevisibles como los recursos administrativos en curso. Siempre que existan razones de interés público y se haya publicado el anuncio del nuevo contrato con al menos tres meses de antelación, como es el caso, la legislación permite la extensión del acuerdo original.
El Plan de Garantía Sanitaria
El actual marco de actuación se enmarca dentro del Plan de Garantía Sanitaria aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz en febrero de 2024. En su primera fase, dicho plan contempla una inversión de 283,3 millones de euros, con el objetivo de reducir significativamente las listas de espera en intervenciones quirúrgicas sujetas a plazos máximos garantizados.
Este plan prevé la contratación externa de procedimientos quirúrgicos de baja complejidad, como operaciones de cataratas, hernias o sustituciones articulares. El objetivo es liberar recursos en la red pública para que pueda centrarse en intervenciones de mayor dificultad, respetando los tiempos establecidos por los decretos de garantía asistencial.