Este lunes, miles de técnicos medios y superiores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han salido a la calle en distintos puntos de Andalucía para exigir una reclasificación profesional que el propio Gobierno se comprometió a aplicar y que, cuatro años después, sigue sin llegar. Los sindicatos CCOO, UGT, SAE y TECNOS —las organizaciones mayoritarias entre estos colectivos— se han unido para protagonizar una jornada de protesta que, según han avisado, no será la última si la situación no cambia.

El origen del conflicto se remonta al Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022 entre el Gobierno de España y los sindicatos más representativos, UGT y CCOO. Aquel pacto incluía de forma explícita la reclasificación profesional de los técnicos superiores y medios del Sistema Nacional de Salud, una medida amparada en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público. El propio acuerdo fijaba un plazo: la reclasificación debía estar plenamente implantada a lo largo de 2023.

Ese plazo lleva tres años caducado. Y miles de profesionales siguen encuadrados en una clasificación que, según los sindicatos, ya no responde a la realidad de su trabajo. Desde la implantación en 2011 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, consideran que el proceso de adaptación de las nuevas titulaciones debería estar cerrado. No lo está.

"No hablamos de privilegios, hablamos de derechos"

En la rueda de prensa por las movilizaciones ante el Hospital de Jerez, representantes sindicales como Inmaculada Carretera (CCOO), Diego Molina (TECNOS), Francis Puerto (UGT) y María Luisa Herrero-Picazo han señalado que "la reclasificación en los grupos B y C1 no es una reivindicación nueva ni una concesión graciable, es una obligación legal, un compromiso firmado y una medida de justicia profesional", han subrayado.

El bloqueo, según denuncian, tiene un responsable claro: el Ministerio de Hacienda. "Solo falta voluntad política", han insistido, ya que la autorización de la transferencia económica necesaria permitiría al Ministerio de Sanidad ejecutar la reclasificación "de manera inmediata". "No hablamos de privilegios, hablamos de derechos, hablamos de dignidad profesional, hablamos de igualdad, equidad y convergencia europea, principios que hoy están siendo vulnerados", han añadido. "La dignidad profesional no se regala, los derechos no se aplazan, los acuerdos se cumplen." Los sindicatos han exigido la aprobación inmediata de la dotación económica necesaria, el cumplimiento íntegro del acuerdo marco, el fin de la "discriminación profesional" que sufre este colectivo y el reconocimiento académico y profesional que les corresponde.