En 2011, el Gobierno de la Junta de Andalucía presidido por José Antonio Griñán tomó una decisión que provocaría un rumbo en la política sanitaria de la Junta de Andalucía. Los socialistas aprobaron un decreto con medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Estas medidas acabaron traduciéndose en lo que se conoce como 'subasta de medicamentos'. El decreto de la Junta lo justificaba por la situación económica del momento: "la situación de inestabilidad financiera, que obliga a la reducción de los objetivos de déficit, hace perentoria la implementación de las medidas que se adoptan con la presente norma, para que surtan sus efectos desde el inicio del próximo ejercicio económico, por su impacto en la reducción del gasto público".
Desde su aprobación, el Partido Popular ha insistido en acabar con ella porque, en la teoría, 'atenta' contra el libre mercado. Las farmacéuticas más reputadas perdían terreno contra aquellos medicamentos 'genéricos' y más económicos. Por el contrario, el usuario no tenía libertad para elegir la marca que quisiera, sino que la administración decidía cuál compraba. Al bolsillo del ciudadano apenas le afecta, porque es el sector público quien subvenciona estas medicinas. Pero para el Servicio Andaluz de Salud sí puede suponer una gran diferencia. Y, de hecho, lo está haciendo.
Los populares prometieron antes de llegar a la Junta de Andalucía en 2018 que acabarían con ella y cuando llegaron lo hicieron, aunque hubo que esperar a 2020. Recientemente, la Junta de Andalucía también ha anunciado que blindará esto por ley. Es decir, eliminará la posibilidad de que se pueda volver a la subasta si llega un gobierno de otro color, a no ser que este apruebe una nueva ley.
El decreto publicado en diciembre de 2011 era claro, "la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud realizará convocatorias públicas en las que podrán participar todos los laboratorios farmacéuticos interesados, para seleccionar, de entre los medicamentos comercializados que tengan un precio autorizado igual o inferior al precio menor correspondiente, establecido en el Sistema Nacional de Salud y vigente en el momento de la convocatoria, aquél que deberá ser dispensado por las oficinas de farmacia cuando, en el marco de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, se les presente una receta médica u orden de dispensación en las que el medicamento correspondiente se identifica exclusivamente por la denominación oficial de sus principios activos".
El modelo, que se usa en otros países de Europa, tan sólo se implantó en la Andalucía gobernada por el PSOE. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) llegó a recomendar en 2019, con el PP ya en el poder, que se extendiera por todo el país para mejorar la gobernanza, los procedimientos, la eficiencia y la equidad del Sistema Nacional de Salud.
"La AIReF plantea también la definición de un nuevo sistema de precios de referencia en el que, además del principio activo, se considere la indicación terapéutica y propone estudiar la posibilidad de aplicar de forma generalizada procesos de selección de medicamentos existentes a nivel regional, conocidos como las subastas, aunque con cambios para lograr los resultados deseados en beneficio de los ciudadanos y permitiendo la entrada a distintos operadores", señalaba un estudio.
Lo cierto es que la supresión de esta subasta se ha notado en las arcas públicas y así viene establecido en la Memoria del presupuestos de 2023. Para gasto en farmacia hospitalaria y recetas, la Junta tiene previsto destinar un 28,93% del presupuesto total del Servicio Andaluz de Salud. Esto se traduce en un incremento con respecto al año 2021 de unos 450 millones de euros.
El año 2021 se cerró con un gasto de 2.192.062.000 eurosen productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación según los datos que ofrece el propio Ministerio de Sanidad. Esta cifra se encuentra muy por encima de la del año 2019, último con subasta de medicamentos. En aquel curso, el gasto del SAS en esta materia fue de 1.729.452.000 euros, es decir, 450 millones menos que dos años después. Los últimos datos disponibles son de septiembre de 2022, con un gasto que ya iguala el del total de 2019. José-Pelayo Galindo, secretario general de FSS-CCOO Andalucía, considera que "el hecho de que la Junta haya renunciado a la subasta de medicamentos se traduce en que los 400 millones que debería haber ahorrado, se los ha dado a las empresas farmacéutica".
Enmienda de Por Andalucía para recuperar la subasta
Por Andalucía ha incorporado a sus enmiendas parciales al Presupuesto de la Junta del año próximo la recuperación de la subasta de medicamentos, que, según los cálculos de esta coalición, generaría al SAS "un ingreso adicional de 190 millones de euros".
Inmaculada Nieto ha sostenido que, "en un momento de graves problemas del servicio andaluz de salud, con listas de espera inaceptables y con el personal sanitario en condiciones laborales y retributivas muy deficientes, resulta llamativo que el gobierno de Moreno Bonilla sea más poroso a las presiones de las grandes compañías farmacéuticas que al malestar creciente de la población por los tiempos de demora y la merma de la calidad asistencial que reciben".
La portavoz de Por Andalucía ha advertido este lunes del "desabastecimiento de varios medicamentos en las farmacias andaluzas, provocando la interrupción de tratamientos de pacientes que los tienen prescritos", al tiempo que ha criticado que el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) "ha disparado el gasto farmacéutico tras suprimir" el procedimiento de subastas de medicamentos que impulsó la Junta en la etapa de gobierno socialista.
En concreto, ha aludido al caso concreto del 'Ozempic', un fármaco utilizado para la diabetes y para la obesidad y que estos días "no se encuentra disponible prácticamente en toda Andalucía, y especialmente en Sevilla y Granada", según ha advertido. Nieto ha reprochado a los populares que, precisamente, usaran "el supuesto desabastecimiento de medicamentos" como argumento para suprimir la subasta.
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