El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, ha recordado este lunes a la asociación Amama, que alertó sobre errores en la información de los cribados de cáncer de mama, que la ley obliga a facilitar los datos de los que disponga sobre los casos para evitar alarma social y proteger la salud pública.
Sanz se ha pronunciado en el Foro Nueva Economía sobre el requerimiento realizado por la Junta a Amama para que informara sobre las supuestas 4.000 mujeres afectadas, cifra que la Consejería no contabiliza y que la asociación ha aclarado posteriormente que correspondía únicamente a llamadas recibidas.
El consejero asegura que la normativa establece la obligación de proporcionar esta información para garantizar que las mujeres afectadas puedan ser atendidas por el sistema sanitario y para prevenir la generación de alarma social. "No puede haber subterfugio ni engañar a la administración sanitaria", ha subrayado.
Según Sanz, la Consejería ha identificado hasta ahora 2.317 casos y se ha comprometido a que todas las mujeres incluidas en esta falla de información recibirán sus pruebas antes del 30 de noviembre, siendo atendidas según el criterio del profesional sanitario correspondiente.
Amama, por su parte, mantiene que el número de afectadas asciende a 4.000 mujeres, motivo por el que la Junta considera necesario solicitar formalmente los datos. El consejero insistió en que la alarma social y la desconfianza que una situación de este tipo podría generar justifican la exigencia de información.
Sanz insiste en la ley
El titular de Sanidad ha detallado que, tras el requerimiento, la asociación aclaró que se trataba de 4.000 llamadas, no de mujeres afectadas. Además, ha recordado que en una reunión de cuatro horas con Amama, la asociación no facilitó los datos solicitados por el director de la Estrategia de Cáncer de Andalucía, ni por la directora de uno de los hospitales más afectados.
Sanz ha insistido en que el artículo 18 de la Ley de Salud Pública de Andalucía obliga a los ciudadanos a utilizar adecuadamente la información relativa a la salud pública, informando a las autoridades sanitarias sobre cualquier situación que pueda constituir una emergencia.
Finalmente, el consejero ha confirmado que la Consejería continuará exigiendo la información a Amama y ha rechazado las críticas sobre supuesta desaparición de pruebas diagnósticas, asegurando que todos los accesos a los registros quedan grabados.