La asociación Amama, que agrupa a mujeres con cáncer de mama, ha remitido un escrito a la Junta de Andalucía en el que rechaza aportar el listado de afectadas por los errores detectados en el programa de cribado de esta enfermedad. El Gobierno andaluz había solicitado a la organización que facilitara, en un plazo de diez días, la identidad y la situación sanitaria de las más de 4.000 mujeres que se han puesto en contacto con la entidad por su posible implicación en el fallo del sistema. La Consejería de Salud solo reconoce hasta ahora 2.317 casos.
En su respuesta, tal y como ha adelantado la Cadena SER, Amama sostiene que la Ley de Protección de Datos le impide proporcionar nombres, apellidos o información clínica sin el consentimiento previo de cada una de las mujeres afectadas. La asociación recuerda que maneja datos especialmente sensibles y que su deber de colaboración con la administración no puede contravenir la normativa vigente. Señala, además, que la verificación de los fallos y la determinación de su origen son tareas que corresponden “única y exclusivamente” al Servicio Andaluz de Salud (SAS).
El documento remitido a la Junta subraya que, para entregar la información solicitada, sería imprescindible contar con la autorización expresa, escrita e informada de todas las mujeres que han contactado con la entidad. Amama explica que, por la naturaleza de su labor y por el tipo de datos que gestiona, no puede actuar como un organismo recopilador de información sanitaria para la administración.
La asociación quiere colaborar
Pese a su negativa, la asociación recalca su voluntad de colaborar con la Consejería de Salud. Para ello, pide al SAS que concrete qué actuaciones considera compatibles con las funciones de una entidad de pacientes oncológicas y que puedan contribuir a mejorar la atención sanitaria relacionada con el cáncer de mama.
Amama insiste finalmente en que no puede asumir responsabilidades que pertenecen al sistema sanitario público. La organización defiende que su papel es de acompañamiento y apoyo a las pacientes y que las obligaciones legales relativas a la gestión del programa de cribado y a la identificación de fallos recaen exclusivamente en la administración.