La Asociación Amama ha respondido formalmente al requerimiento del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en el que se le solicitaba información sobre mujeres afectadas por fallos en el cribado del cáncer de mama. La Junta de Andalucía pretendía aclarar discrepancias en las cifras de afectadas, ya que Amama sostiene que son más de 4.000 casos, mientras que la Consejería cifra el problema en 2.317 pacientes.
En su escrito, Amama argumenta que no puede facilitar datos personales de carácter sanitario sin el consentimiento expreso, escrito e informado de sus socias, ya que hacerlo supondría una vulneración grave de la normativa de protección de datos. La presidenta de la asociación, Ángela Claverol, publicó esta postura en redes sociales antes de comparecer en rueda de prensa.
La entidad califica el requerimiento como “sorpresivo” y cuestiona que se pida información confidencial que solo posee la propia Administración. Amama instó a la Consejería a explicar “dónde ha estado la gravísima negligencia” que ha afectado a las mujeres, subrayando que es responsabilidad del SAS mantener los registros de quienes no fueron citadas a pruebas complementarias tras hallazgos radiológicos no concluyentes.
El SAS había requerido a Amama que remitiera, en un plazo de diez días hábiles, toda la información, documentación o testimonios sobre posibles incidencias en el programa de detección precoz del cáncer de mama. La solicitud se centra en casos de mujeres que sufrieron retrasos en la realización de pruebas diagnósticas recomendadas tras hallazgos radiológicos probablemente benignos.
25 denuncias
Claverol recordó que Amama ya ha presentado 25 reclamaciones patrimoniales por casos en Sevilla y Jaén. La asociación mantiene un registro de pacientes afectadas por provincias y sostiene que las cifras de la Junta no coinciden con sus datos, que superan los 4.000 casos. La Consejería, por su parte, mantiene que 2.317 mujeres están pendientes de pruebas complementarias, con fecha límite el 30 de noviembre.
En su requerimiento, la dirección del SAS señaló que la solicitud busca garantizar la revisión de posibles casos no detectados oficialmente, cumplir con la vigilancia y protección de la salud pública y evitar alarma social por la difusión de cifras no verificadas. La administración asegura que la información recibida será tratada con confidencialidad y utilizada únicamente para investigación administrativa y mejora de la calidad asistencial.
El SAS justificó la medida argumentando que Amama ha difundido públicamente cifras superiores a las registradas oficialmente y que estas discrepancias, por su impacto sanitario y social, requieren aclaración inmediata. La Junta insistió en que la información oficial ha sido transmitida de manera continua y contrastada a través de la Comisión de Participación y Seguimiento del Programa de Cribado de Cáncer de Mama, en la que participa la asociación.
