Vox, la 'amenaza fantasma': retiradas de apoyo en Andalucía que no se cumplieron

Las alarmas saltaron en Madrid, sobre todo en la prensa que cubre los asuntos de la capital, cuando Vox dio por rotas las relaciones con el Partido Popular tras el nombramiento de Santiago Abascal como persona non grata en Ceuta con la abstención de la formación que dirige Pablo Casado. Si desde la burbuja de la capital se mirase un poco más a Andalucía, estos órdagos se tomarían menos en serio. Las relaciones entre Vox y los gobiernos del Partido Popular ni están rotas ni se van a romper, para desgracia de algún que otro presidente autonómico.

Quizás no se esperaba tanta atención mediática y por eso a las pocas horas tuvo que salir Jorge Buxadé (Parlamento Europeo) a decir algo así como que era broma. Ruptura ahora significa “tomamos nota”, es decir, nada. Todavía en Madrid el papel de Vox directamente es testimonial porque el Gobierno suma más que la izquierda y la ultraderecha tendría que votar junto a la izquierda. En Andalucía, no. En Andalucía la abstención es suficiente. La ultraderecha podría manejar la legislatura a su antojo y, de hecho, en muchas ocasiones ha dado esa impresión.

El propio portavoz de la Junta de Andalucía y número dos del Partido Popular en la comunidad, Elías Bendodo hizo referencia a la situación tras el último Consejo de Gobierno quitándole hierro al asunto. “Vamos a seguir trabajando”, dijo Bendodo después de recalcar que Buxadé ya había matizado la amenaza. Evitar el efecto mariposa por lo que pasa fuera de Andalucía y ser la tercera pata del cambio como mandamiento son los dos mensajes que los populares lanzan a Vox antes de que la situación se pueda descontrolar. Aunque haya experiencias de sobra para no temer.

En el fondo, vivimos una necesidad mutua, una simbiosis en la que, principalmente, PP y Vox se retroalimentan y actúan para definir unos roles que benefician a ambos. Los populares de vez en cuando señalan como inasumibles algunas medidas de la formación de Abascal que rompen el consenso mientras que asumen las que asumirían de la misma forma sin la existencia de Vox. Y a Vox le vale para diferenciarse e incidir que el PP es parte de la dictadura progre. Si la vida es puro teatro, cómo no va a serlo la política.

Antes de dar el apoyo ya se amagaba con retirarlo. Pese a que cuando echó a andar la legislatura era evidente el Gobierno que se iba a formar, Vox puso determinadas condiciones para apoyar la investidura de Moreno Bonilla. Iban desde la derogación de las leyes de Igualdad y LGTBI a excentricidades como cambiar el Día de Andalucía al 2 de enero y comenzar los trámites para intentar devolver competencias de Educación y Sanidad al Gobierno central. Al día siguiente ya había acuerdo. El PP anunció que Vox había renunciado a la derogación de las leyes. La realidad es que dos años y medio después sólo se ha cumplido la rebaja fiscal y está en marcha el proceso de los entes instrumentales. Otros puntos se han maquillado en una dirección menos radical. Y no ha pasado nada.

Llegó de inmediato la negociación de los presupuestos de 2019 y hubo un nuevo órdago en forma de enmienda a la totalidad, “Vox no apoyará los presupuestos andaluces” manifestaron en la cuenta de Twitter. Cinco meses después de la investidura, el Gobierno ya estaba en un compromiso. Pero no, Vox la retiró en el último minuto para darle emoción. Todavía todos los actores eran novatos y la situación incluso tuvo algo de credibilidad. El triunfo fueron medidas difusas en un documento poco concreto. Vox vendía el éxito de su presencia y el Gobierno se garantizaba no dar pasos en falsos que asustaran al elector centrado. La coalición de PP y Ciudadanos asumía determinadas cosas, pero muy lejos de las exigencias con las que la ultraderecha iniciaba la negociación. Para los de 2020, que se votaron poco después, su portavoz en ese momento, Alejandro Hernández, volvió a repetir la fórmula “que nadie dé por hecho nuestro apoyo”. Pero, de nuevo, no ocurrió nada.

De hecho, el primer año y medio de legislatura fue relativamente tranquilo. Incluso se materializaron pequeñas exigencias que no suponían un gran desgaste para un Gobierno como la habilitación de un teléfono para la atención de “violencia intrafamiliar”. Sin embargo, la moción de censura en el Congreso tuvo cierto impacto en Andalucía. "Serán necesarias más garantías dado que se ha inaugurado un nuevo tiempo en las relaciones entre el PP y Vox" avisó Alejandro Hernández. Poco después, se puso sobre la mesa el cambio de nombre de Canal Sur para mantener el apoyo al Gobierno – al inicio de la legislatura la pretensión era el cierre del canal autonómico –, pero un año después, casi todo sigue igual en el ente autonómico. Únicamente se está ejecutando un plan de eficiencia, aunque sin el recorte presupuestario vendido por Vox, según informó el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, en sede parlamentaria.

El siguiente episodio, un mes después de la negociación para los presupuestos, no fue con el Gobierno andaluz directamente sino con el propio Parlamento. La escena del golpe al micrófono provocó que Vox manifestara su intención de no volver a acudir a los plenos. Al día siguiente volvieron a sus escaños. Una llamada de la Presidenta, Marta Bosquets, fue suficiente. Una nueva amenaza sin recorrido, la primera de un ciclo que aún no ha acabado. Porque en febrero de 2021, Vox volvió a anunciar que no volvería a apoyar iniciativas del Gobierno hasta que no se implementara el pin parental. De momento, el pin parental sigue sin estar vigente en Andalucía y la única manifestación del consejero de Educación, Javier Imbroda, en este sentido ha sido hablando de “más transparencia” para los padres.

Cuando ya era difícil tomar en serio este tipo de manifestaciones que hacían plantearse acudir a las urnas en el corto plazo, llegó el único aviso que se materializó. La crisis con Marruecos de fondo, la  acogida de menores como pretexto y el adelanto electoral para ocupar el lugar de Ciudadanos como auténtico motivo. Vox se abstuvo en la enmienda a la totalidad que Unidas Podemos por Andalucía había presentado contra la Ley del Suelo y el Gobierno se llevó una derrota inesperada. Sólo fue un aviso porque a los dos meses, el texto volvió igual al Parlamento y esta vez, Vox sí votó a favor de la tramitación.

En los últimos días, Ceuta ha vuelto a ser la excusa para las amenazas de Vox de retirar el apoyo a la coalición de PP y Ciudadanos. Además, en esta ocasión la novedad es que la presión llega desde una diputada en el Congreso, Macarena Olona, que algún interés oculto, o no tan oculto, tendrá en dejarse ver en la política andaluza. Olona ha vuelto a retirar el apoyo, esta vez a los presupuestos de 2022 y ha vuelto a insistir con el adelanto electoral. La Junta quita hierro al asunto. Y Juan Espadas quiere que lo inviten a la partida.

Seguramente no haga falta la participación del nuevo PSOE. La experiencia nos dice que Vox se acaba conformando con lo que le den. En este tiempo, lo único que ha quedado claro es que las elecciones serán cuando decida Moreno. Juan Marín insiste en que se agotará la legislatura. Bendodo repite con firmeza que Vox es la tercera pata del cambio. Todo sigue estable, aunque se disfrace de inestabilidad.