Cuando el 2 de diciembre de 2018 se convirtió en una fecha histórica por suponer el fin a 37 años de gobiernos socialistas en Andalucía, la pretensión del Partido Popular y Ciudadanos no era únicamente dirigir la comunidad más poblada de España. El mayor reto estaba en romper con el pasado, indicaban. Y eso suponía llevar a cabo una transformación de todo lo criticado desde la oposición. El gobierno del cambio, se autodenominaron.
Los “chiringuitos”, la “administración paralela” y los “enchufes” no sólo servían para atacar la gestión socialista, sino que, en algunas ocasiones, también era la justificación de los resultados electorales. Sin embargo, la reducción de entes instrumentales y la reordenación de la administración no está siendo tan sencilla ni tan rápida como la coalición de Gobierno esperaba y prometía.
El objetivo era eliminar "entes superfluos", acabar con las "duplicidades" y "despolitizar" aquellos órganos que sí tuvieran alguna función para impedir que sirvieran para colocar a militantes. Esto último parece que se concretará a lo largo de la legislatura, aunque algunos de los nombramientos a principios del mandato no cumplieron con esta premisa y la dirección quedó en manos de gente de confianza para los partidos. Uno de ellos fue Manuel Cortés en la Agencia Pública Andaluza de Educación, famoso por el vídeo de “la agencia de Manuel”, y que llegó al cargo de la mano del consejero de Educación, Javier Imbroda, tras pasar por el Ayuntamiento de Mijas como asesor.
El responsable de Regeneración y vicepresidente, Juan Marín, anunció en sede parlamentaria durante el primer año de legislatura el cierre de 109 organismos para 2020. A día de hoy, sólo se han suprimido 59 en toda la legislatura ya que, aclaran desde la consejería del vicepresidente, esos 109 entes en realidad eran uno menos y que simplemente se iban a someter a revisión, como está sucediendo. Entre los clausurados se encuentran el Consorcio Guadalquivir, el Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores o la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.
Cuando Partido Popular y Ciudadanos llegaron al poder en 2019, contabilizaron un total de 293 entidades con vinculación a la Junta de Andalucía. Dos años y medio después existe un proceso de “adelgazamiento” de la administración, pero menor y mucho más lento que el que hacían prever ambas formaciones desde los escaños de la oposición.
El panorama es bastante farragoso y complejo. Actualmente hay activos 244 entes con casi 30.000 trabajadores formando parte de las entidades instrumentales de la administración pública. Ocho de ellas, como la Agencia Digital, son de nueva creación. Otras, como la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía pasó a llamarse Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica. Además, en lo que va de legislatura, también se han producido determinadas fusiones como la correspondiente a las fundaciones Tres Culturas, Barenboim-Said y Legado Andalusí o Andalucía Trade, que engloba a las antiguas Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Agencia Andaluza del Conocimiento, Agencia Andaluza de Promoción Exterior y Andalucía Emprende.
Lo más llamativo es que, según los datos del Gobierno andaluz, la mayoría de los 59 entes suprimidos corresponden a los Consorcios UTDLT, entidades creadas en 2002 y participadas por el Servicio Andaluz de Empleo con el objetivo de fomentar el empleo local y acercar a la ciudadanía los servicios que en materia de empleo, industria y desarrollo tecnológico. Sin embargo, muchos de ellos ya aparecían en informes de la Cámara de Cuentas en los inicios de la década pasada en proceso de liquidación y disolución.
Las 54 entidades con más personal están siendo auditadas por seis consultoras
La Junta es prudente a la hora de hablar de todos estos organismos. De momento, se espera el resultado de las auditorías para tomar decisiones para reordenar, dimensionar y “determinar qué personal requieren para cumplir esas funciones asignadas”. Con ello se pretende evitar lo ocurrido en 2012 cuando las sentencias judiciales obligaron al Gobierno socialista a readmitir a trabajadores despedidos. El Gobierno, por su parte, no puede concretar si los resultados van a provocar despidos o únicamente se va a reubicar al personal afectado. Por otro lado, cada entidad que se vaya a suprimir tiene la posibilidad de realizar alegaciones para evitarlo.
En total son las 54 entidades con más personal las que están siendo auditadas por seis consultoras (PriceWaterHouse, Deloitte Advisory, Ernst & Young, Accenture, Grant Thornton y Cremades & Calvo Sotelo Novotec) tras adjudicar los contratos por más de dos millones de euros. El consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), manifestó el pasado mes de mayo en el Parlamento que las auditorías se podrían consultar durante el verano.
Además, el Gobierno también adjudicó otro contrato a UTE Accenture SL-Cremades Calvo&Sotelo Abogados SL por 1.796.850 euros para, una vez conocidos los resultados de las auditorías, diseñar, definir y ejecutar las estrategias a realizar en el servicio público Instrumental de la Junta de Andalucía en el plazo de dos años.
Exigencia de legislatura y nuevo ultimátum de Vox
Uno de los condicionantes de Vox para apoyar la coalición era y es la supresión u optimización de lo que denomina “administración paralela”. La carta de presentación en el acuerdo de investidura era potente. En el punto seis se podía leer “eliminar todos los organismos superfluos y suprimir la administración paralela”. De hecho, desde las filas de Vox señalan que era uno de los puntos más importantes para investir a Moreno Bonilla. Debido a la pandemia, la formación dirigida ahora por Manuel Gavira reconoce, en declaraciones a lavozdelsur.es, haber bajado la presión inicial por cuestiones prioritarias, aunque critica que el Gobierno de coalición no sea capaz de gobernar, gestionar la pandemia y llevar a cabo los pactos “se trata de cumplir”, afirman desde dentro del partido.
El discurso se ha mantenido con matices. En los documentos para aprobar los presupuestos en los años 2019, 2020 y 2021 el énfasis recaía sobre las auditorías. Unas auditorías que, avanza el principal socio del Gobierno, ya están realizadas. Desde Vox solicitan que se hagan públicas en los próximos días: “Nos han pedido días y nosotros hemos aceptado. Días, no semanas”. Algo que supone un límite de siete jornadas.
Vox: "La Junta tendrá que buscarse otros socios si no conocemos las auditorías"
Aunque hay confianza en la promesa del titular de Hacienda, Juan Bravo, desde esta formación vuelven a comprometer la estabilidad y viabilidad del Gobierno, “si no las conocemos en los próximos días se tendrán que buscar otros socios”. La propuesta es que las auditorías se difundan a través de los medios de comunicación o mediante el portal de transparencia. Vox asegura que no buscan hacer política con los resultados y que la prioridad es que los andaluces conozcan los resultados, “una vez que tengan conocimientos [los andaluces], tendremos los grupos y cada grupo actuará en consecuencia”.
La postura del principal socio de Gobierno es clara: “Si es un chiringuito, se llame como se llame, vamos a pelear para que se cierre”. Para Vox la prioridad son los que denomina entes ideológicos. La posición sobre el resto de organismos quedará sujeta al resultado de las auditorías. En cualquier caso, desde el partido apuntan que “las conclusiones no serán políticas sino totalmente técnicas. Sin función social determinada y simplemente como centro de colocación de afines, pediremos su cierre”.
Respecto al personal que trabaja en estos organismos, Vox asegura que no busca el ahorro, no el despido de nadie, “salvo si se demuestra que algunos entes están compuestos por señores que han entrado en la administración pública sin superar un procedimiento de igualdad, mérito y capacidad”.
Un decreto para evitar casos como el de Toni Cantó
Una semana después de conocerse que Isabel Díaz Ayuso iba a crear un puesto específico en la administración madrileña para Toni Cantó, la Junta de Andalucía ha presentado un decreto que pretende regular la entrada de directivos en los entes instrumentales del sector público andaluz. Con ello, se pretende evitar imágenes como las del propio Cantó en las que aparecía negando la estructura del organismo y afirmando que “el chiringuito soy yo”.
A falta de conocer los detalles de esta norma, pretende regular el régimen retributivo, la duración de su mandato, sus causas de cese, el sistema de provisión de dichos puestos, el proceso selectivo, el órgano encargado de su selección, el sistema para evaluar su desempeño profesional y el órgano evaluador. Asimismo, se establece que los directivos puedan ser destituidos si no cumplen el 30% de los objetivos mientras que la parte variable del sueldo estará sujeta al cumplimiento del 50%.
Pese a que el texto del decreto aún no se ha concretado, Marín ya anunció en el primer trimestre que estos requisitos entraron en vigor el pasado 1 de enero. Sin embargo, el responsable de la regeneración en la administración andaluza ha anunciado que no tendrá carácter retroactivo. Aquellos que accedieran al puesto antes de 2021, quedan exentos de cumplir los requisitos de selección previstos en la norma y que se basan en la baremación de méritos y en una entrevista competencial.
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