El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado un importante acuerdo por valor de 328 millones de euros con el fondo de inversión WP Carey para recomprar 70 inmuebles que anteriormente pertenecían a la Junta de Andalucía. Estos inmuebles habían sido vendidos en el año 2014, y la recompra supondrá un ahorro significativo de más de 100 millones de euros para las arcas públicas, además de los alquileres que se habrían tenido que pagar a partir de 2034, ya que continuaba ocupando los inmuebles a pesar de la venta. 25 inmuebles están en Sevilla, otros 9 en Huelva, 8 en Cádiz y en Córdoba, 7 en Jaén, 5 en Almería y en Málaga, y 3 en Granada.
Moreno destacó que tan solo este año, se habían destinado 35,6 millones de euros al alquiler de estos edificios. Al no requerirse más pagos, este dinero se podrá redirigir hacia otras prioridades en el presupuesto andaluz, como Educación, Sanidad, Dependencia y servicios sociales. Moreno ilustró este ahorro al mencionar que los 35,6 millones equivalen al salario bruto anual de más de mil docentes o al costo de construir diez colegios.
El presidente andaluz recordó que al asumir el Gobierno en 2019, se encontraron con diversas áreas de la gestión diaria en desorden, incluyendo la gestión del patrimonio inmobiliario público. En respuesta a esta situación, el Ejecutivo andaluz emprendió la creación de un Plan Estratégico de Sedes Administrativas con dos objetivos: reducir los pagos de alquiler, que ascendían a casi 60 millones anuales, y racionalizar el uso de estos edificios en beneficio de empleados y ciudadanos.
Juanma Moreno mencionó que en 2014, cuando la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, era consejera de Hacienda y responsable del patrimonio de la Junta, la entidad vendió 70 edificios a la empresa Inversiones Holmes por 300 millones de euros. Este acuerdo incluyó una contrapartida perjudicial para los intereses de la Administración autonómica, que obligaba a la Junta a alquilar estos edificios a los nuevos propietarios durante veinte años, mediante un esquema conocido como 'Venta con arriendo posterior' o 'Sale and Lease back'.
Este contrato de alquiler contenía una "cláusula suelo" que estipulaba que, independientemente del IPC, el precio de la renta se aumentaría en al menos un 1,5%. Juanma Moreno resaltó que esta operación de 2014 generó una deuda de por vida debido a una mala decisión, y hasta la Cámara de Cuentas denunció sus perjuicios.
El acuerdo actual pone fin a esta situación, y hasta 2034, cuando vencía el contrato inicial, la Junta habría pagado aproximadamente 708 millones en alquileres, casi dos veces y media el importe recibido en la venta. A partir de ese momento, se habría incurrido en un costo estimado de 430 millones, además de los gastos de mantenimiento y reparación. Pasados los 20 años del contrato, habría sido necesario encontrar nuevos lugares para los 8.600 empleados de estas sedes o negociar nuevos alquileres con los propietarios.
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