España tiene una relación extraña con la energía nuclear, basada más en la política que en criterios técnicos o de efectividad. Mientras que en Europa hay países que la consideran abiertamente como una energía verde –caso de Francia– en nuestro país sigue latente una visión de este tipo de energía en 'clave ochenta' por parte de la izquierda y ahora, extrañamente, la ultraderecha la ha sumado a su ideario.

No vamos a entrar aquí a opinar, no es el sitio, pero sí vamos a poner sobre la mesa una paradoja: cuando España importa energía de Francia, cosa que pasa con cierta frecuencia, no tiene capacidad de limitar la entrada de energía nuclear, de elegir el origen de esa electricidad. Si en España la nuclear supone entre el 20% y el 25% de la energía que se genera y hay en vigor un plan para la desconexión total de este tipo de energía en menos de diez años, en el vecino del norte el 70% de la electricidad es todavía de origen nuclear y no hay perspectiva de que vaya a haber grandes cambios a corto plazo. Es decir, no producimos, no queremos producir energía nuclear, pero no tenemos problema alguno en importarla cada vez que hace falta. Todo lógico y coherente.

Sirva este preámbulo para poner un poco en contexto la fuerte visión política que se tiene en España de la energía nuclear y lo que supone, en consecuencia, que el PSOE haya tenido que acceder a prorrogar la central nuclear de Almaraz (Extremadura) hasta 2030. Hemos dicho PSOE, no Gobierno.

Los socios de Sumar han salido en tromba a criticar esta decisión que, obviamente, ya lo hemos dicho sin decirlo, va contra su programa electoral. Casi ocho años después, al PSOE de Pedro Sánchez le dan exactamente igual las críticas que vienen de su izquierda, ya que sabe perfectamente que no van a cristalizar en una crisis de gobierno, que todo es palabrería para consumo interno (consumo electoral, se entiende).

El caso es que desde la parte socialista del Gobierno se sostiene esta decisión en la coyuntura energética actual, en la incertidumbre que genera el nuevo conflicto de Oriente Medio, que iba a ser cosa de unos días y que se ha plantado en seis meses y todavía no se le ve una salida.

En cualquier caso, es difícil creer que este sea el motivo, al menos el único motivo. El Gobierno, que ahora esgrime la idoneidad de que siga esta central para garantizar el suministro de electricidad, realmente estaba decidido al cierre de Almaraz y, de hecho, precisamente su cierre se había convertido de alguna manera en el estandarte del plan de abandono de la energía nuclear (que sigue en marcha). Esta claro que hay algo más y que ese algo más tiene que ver con la actual producción y las necesidades del país. España es uno de los países líderes de toda Europa en producción de energía renovable, con un 57% del total interno y tiene a medio plazo, en 2030, el objetivo de que el 80% de su energía sea limpia, como recoge el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Con esta concidencia de fechas, 2030, es fácil pensar en que hay una interrelación, en que Almaraz va a jugar un papel, digamos, de seguro, para que no vuelva a ocurrir algo como el apagón del 28 de abril de 2025, cuyas causas, por cierto, nunca nos han explicado y sobre el que la prensa inglesa, en concreto The Telegraph, ya publicó distintas informaciones que apuntaban a una especie de experimento, fallido, claro está, de operar exclusivamente con fuentes de energía limpias por parte del Gobierno.

La central de Almaraz, cuya comarca lleva meses en pie de guerra, con alcaldes de distinto signo al frente de la protesta, no hay que olvidarlo, llegará a 2030 y habrá que ver si más allá. Técnicamente sería posible, pero ya decimos que es oír la palabra 'nuclear' y activarse la política. Veremos en las próximas semanas si Almaraz no se convierte en un precedente de las peticiones para Cataluña de Junts, ese no-socio necesario, que apuesta por el mantenimiento de la energía nuclear en la comunidad.