Tres semanas que terminaron de romper una confluencia que se estaba resquebrajando desde hacía tiempo. En octubre de 2020 se consumaba como imposible reconciliación la distancia entre el sector de Teresa Rodríguez en Adelante y las direcciones de IU y Podemos en Andalucía. Inmaculada Nieto, portavoz de Adelante y de IU, presentaba ante la Mesa del Parlamento la petición de expulsión de Rodríguez junto a otros ocho diputados autonómicos, declarándoles tránsfugas.
En el tiempo, varios momentos clave. A comienzos del 20, Pablo Iglesias y Rodríguez presentaban en un vídeo su "separación amistosa", un secreto a voces que llamaba a "reencontrarse" en el futuro. Nada más lejos. En verano llegaban acusaciones mutuas sobre el uso del dinero común y sobre el uso de las redes sociales, algo nada anecdótico. La llegada de la diputada nacional Martina Velarde a la dirección de Podemos en Andalucía, tiempo después de la Toni Valero a la de IU, marcaba el nuevo tiempo de ambas formaciones, eje central de la confluencia Adelante.
Hoy, la expulsión de los diputados de Adelante del grupo, que han quedado como no adscritos impidiendo gran parte de su labor parlamentaria, está en pleno proceso para desembocar en el Tribunal Constitucional, para impedir que culmine la expulsión acordada unánimemente por la Mesa. El asunto no es baladí, pues juzgará qué pasa con aquellas personas que son elegidas democráticamente, pero se separan de la línea principal del partido por el que fueron elegidos, que es el argumento central de la expulsión. Si el acta es personal y no es legal expulsarlos del Parlamento, ¿es legal recortar sus herramientas de trabajo al mandarlos masivamente a los no adscritos?
Eldiario.es ha podido conocer las actas de deliberación de la Mesa, que son de carácter reservado, en las que se ejecutó la expulsión de Rodríguez y los suyos, el denominado sector Anticapitalista y que se mueve ahora en una plataforma denominada Andalucía no se rinde.
El documento de expulsión fue presentado por Inmaculada Nieto, pero defendido por Verónica Pérez, del PSOE. "Han causado baja en el grupo parlamentario Adelante Andalucía, con motivo de su baja como afiliados de su formación política", defendió la sevillana, que a lo largo de las tres sesiones clave fue principal defensora de las tesis de Podemos e IU. Los letrados de la Cámara siempre han mostrado en sus informes no vinculantes sus dudas respecto a este movimiento. Aquel 28 de octubre de presentación del escrito indican que no se acredita la baja de Rodríguez. Además, alega el letrado, Ángel Marrero, que desconoce si el reglamento interno de Adelante cuenta o no con previsiones a este respecto. Y es que, de hecho, ese reglamento interno de funcionamiento del grupo no existía.
Ya en esa sesión advierte Marrero de que "puede constituir una decisión restrictiva de sus derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23.2, en conexión con el artículo 23.1, ambos de la Constitución". Pide prudencia a los partidos políticos antes de aprobar esa propuesta. Pide incluso que Rodríguez y los suyos sean oídos, un trámite fundamental para cualquier decisión en que, directa o indirectamente, se juzga algo, un principio del derecho.
Es entonces cuando Ciudadanos muestra sus dudas. Piden aplazar la votación tanto la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, como el otro miembro de la formación en la Mesa, Julio Díaz. Mientras, PSOE y Vox piden que se siga adelante, al igual que el PP, pero que se acabará absteniendo.
Una semana más tarde, el cinco de noviembre, esa expulsión se rectifica formalmente, permitiendo la reincorporación en Adelante de los ocho expulsados. "Esta Mesa ya no pueda tener por cierto, sin más, lo por ella afirmado, habida cuenta de que esa afirmación es cuestionada abiertamente por aquellos cuyos derechos podrían verse sustancialmente afectados como consecuencia de la baja cuya realidad se discute", señalará entonces Marrero.
En paralelo, Ciudadanos en Madrid conseguía que se retomara la reforma del Pacto Antitransfuguismo a nivel nacional. Entonces, los expulsados hablaban de un traje hecho a medida para ellos. Desde IU y Podemos indican que está hecho a medida porque "efectivamente son tránsfugas", y que por eso se adapta a lo que habría ocurrido. Visto con perspectiva, Ciudadanos ha podido hacer uso de ese documento debido a la crisis que atraviesa.
En aquella sesión, Julio Díaz, de Ciudadanos, deja constancia de que no está de acuerdo. Y aporta una de las claves más importante. Dijo que tenía que votar a favor de la expulsión "por una directriz política de la dirección nacional de su partido".
En la siguiente sesión, muestra de nuevo su enfado. Ciudadanos se adelantó a nivel nacional con el voto favorable a la expulsión a través de un comunicado, dejando políticamente expuesto a Díaz si contravenía la orden. Vota a favor, efectivamente, señalando que no lo comparte. La expulsión será en sede parlamentaria definitiva en esta ocasión con cinco votos a favor: los dos de Cs, los dos del PSOE, y el representante de Vox. Se abstienen los dos representantes del PP. La representante de Adelante sentada en la Mesa no tiene derecho a voto.
La situación, como recuerda también eldiario.es, es especialmente polémica en Cs: promotor del cambio de definición del término "tránsfuga" a nivel nacional, pero contrario a pensar que lo es Teresa Rodríguez. Así lo manifestaba Julio Díaz, pero también el vicepresidente andaluz, Juan Marín. "Yo no creo que ni Teresa Rodríguez ni ningún miembro de Adelante Andalucía sean tránsfugas", había dicho entre la segunda y la tercera sesión al periódico OKDiario. "Arrimadas no estaba pensando en Andalucía, sino en lo que preveía que iba a pasar en Murcia. Pero entonces no lo sabíamos", dicen fuentes de Cs a eldiario.es.
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