El Ayuntamiento de Rota, gobernado por el PSOE de Javier Ruiz Arana, afronta una creciente polémica en torno al proceso selectivo convocado en marzo para cubrir el puesto de Agente Local de Innovación, una plaza dotada con hasta 50.000 euros anuales y financiada en un 75% con fondos estatales a través del programa Red Innpulso de la Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades.
El proceso concluyó con la adjudicación a Mónica González Pecci, arquitecta, concejala del PSOE en Sanlúcar de Barrameda y quien fuera tercera teniente de alcaldesa en ese municipio, en virtud del pacto que IU suscribió con los socialistas y que la propia coalición de izquierdas dinamitó a principios de 2025.
Ahora, el Partido Popular de Rota ha solicitado formalmente acceso al expediente completo de la convocatoria, un asunto desvelado por lavozdelsur.es. El partido considera que los requisitos y baremos fijados en las bases carecen de sentido y que el proceso beneficiaba desde el inicio a un perfil muy concreto. Los números avalan la controversia: la convocatoria, publicada con apenas diez días hábiles de plazo —el mínimo legal—, recibió únicamente tres solicitudes en todo el territorio nacional. Uno de los candidatos obtuvo 20 puntos. Otro, 18,5. González Pecci obtuvo 82 sobre 100, una diferencia que la situaba en una categoría inalcanzable para cualquier competidor.
Un baremo donde el 70% de la puntuación depende de un tipo de experiencia muy específico
La clave de esa ventaja aplastante está en el diseño del baremo. La categoría principal valoraba la experiencia en "dirección, gerencia o presidencia en ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades o entidades públicas instrumentales", a razón de 0,5 puntos por mes, con un tope de 70 puntos. González Pecci acumuló 134 meses como gerente del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda —aproximadamente entre 2007 y 2019—, lo que le proporcionó 67 de sus 82 puntos. Los 15 restantes correspondieron a otras categorías de experiencia y formación.
El PP señala la contradicción de que ese 70% de la baremación recaiga sobre puestos que, a su juicio, no guardan relación directa con las funciones de un Agente Local de Innovación tal y como las define la Orden CNU/1099/2024. La formación también cuestiona que se valore la experiencia en "presidencia de ayuntamientos", dado que el presidente de un ayuntamiento es un cargo electo no sujeto al Estatuto del Empleado Público. Los juristas consultados por este periódico recuerdan que la jurisprudencia constitucional —incluyendo las SSTC 67/1989, 73/1998 y 281/1993— prohíbe bases establecidas "en términos tan singulares y concretos que provoquen discriminación positiva hacia un conjunto prefijado de personas" o que valoren solo un tipo de experiencia con exclusión de otras cuando las funciones son objetivamente equivalentes.
Uno de los elementos más llamativos del expediente es lo que ocurrió apenas 72 horas después de publicarse la convocatoria: el 9 de marzo, el Ayuntamiento publicó una rectificación de errores que, según el documento oficial, subsanaba "errores materiales". Sin embargo, los únicos cambios detectados afectaban exclusivamente a la composición del tribunal calificador: el suplente de la presidenta fue sustituido y los dos vocales titulares y sus respectivos suplentes fueron reemplazados en su totalidad. En el expediente público no consta ninguna justificación —abstención, recusación, incompatibilidad, enfermedad— de esa sustitución completa del órgano encargado de verificar los méritos acreditados por los candidatos.
El vínculo entre González Pecci y el alcalde de Rota añade otro elemento al debate. Ruiz Arana tiene un puesto en excedencia forzosa precisamente en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sanlúcar, el mismo organismo que González Pecci dirigió durante doce años. Desde su llegada a Rota, González Pecci ya aparece en reuniones relacionadas con la redacción del plan estratégico del municipio y del futuro Plan General de Ordenación Municipal, instrumento clave para la planificación urbanística del municipio.
El gobierno municipal de Rota niega tajantemente cualquier irregularidad y defiende que el proceso ha transcurrido "con total transparencia, legalidad y publicidad", insistiendo en que se trata además de un empleo "con carácter temporal". Incluso el gobierno de IU en Sanlúcar, con Carmen Álvarez como alcaldesa, ha pedido explicaciones al exalcalde socialista Víctor Mora por este asunto.
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