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El juez Peinado vuelve a protagonizar un episodio confuso en la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado abrió este jueves una nueva línea de investigación, metió a la mujer de Sánchez en la primera lista de investigados y, apenas un día después, tuvo que dar marcha atrás con un escrito para "aclarar" que ella no formaba parte de esa pieza. Un baile que ha durado horas. La secuencia da una idea del enredo. El instructor acordó el jueves abrir una pieza separada por un presunto delito de prevaricación y otro de fraude a los intereses de la UE, activada tras recibir documentación de la Fiscalía Europea. En los dos escritos que firmó ese día figuraban tres nombres: el empresario Juan Carlos Barrabés, la propia Begoña Gómez y Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa. Son ya varias ocasiones en las que el juez instructor ha presentado escritos con errores, autos con inconguencias y valoraciones cuestionables, como cuando dijo que en España no se veía un caso así "desde Fernando VII".
Pero el viernes llegó la rectificación. A las 13.11, Peinado emitió un nuevo dictamen para corregir el rumbo. "Dado que en la apertura de la pieza separada recoge a todos los participantes de la principal, se aclara en el sentido de que únicamente se abre la presente pieza por el delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión respecto del investigado Juan Carlos Barrabés, sin perjuicio de lo que resulte de las diligencias que en su caso puedan acordarse", reza el texto. Traducido: la nueva pieza va solo contra el empresario.
El paso no supone ninguna acusación formal todavía ni una conclusión sobre la existencia de nuevos delitos, aunque sí abre un frente que puede traducirse en más indagaciones e informes. ¿De qué va esta nueva pieza? El foco está un contrato adjudicado por la pública Red.es a una UTE formada por Innova Next —propiedad de Barrabés— y la consultora KPMG, valorado en cuatro millones de euros. La Fiscalía Europea sospecha que el informe de valoración "habría obviado deliberadamente" la falta de un libro blanco exigido en los pliegos, lo que permitió a la UTE lograr la máxima nota y resultar adjudicataria.
El recorrido judicial ha sido tortuoso. Barrabés recurrió ante la Audiencia Nacional, que el 4 de junio le dio la razón y anuló la extensión de la investigación europea. El órgano comunitario remitió entonces sus pesquisas a Peinado, que ha optado por abrir esta pieza. Mientras tanto, defensas y acusaciones siguen pendientes de la gran decisión. Peinado debe comunicar si abre juicio oral contra Gómez por los primeros cuatro delitos —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida— o si archiva el caso, algo que las defensas ven muy improbable. También debe resolver si le retira el pasaporte por riesgo de fuga, como reclamó la acusación popular liderada por Hazte Oír.
Esa misma acusación pide cifras de récord para un hipotético juicio: 24 años de prisión para Begoña Gómez, 22 años para su asesora Cristina Álvarez y seis años para Barrabés. El propio juez llegó a hablar en abril de una trama que no se veía desde "el reinado de Fernando VII".
El juez Peinado vuelve a protagonizar un episodio confuso en la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado abrió este jueves una nueva línea de investigación, metió a la mujer de Sánchez en la primera lista de investigados y, apenas un día después, tuvo que dar marcha atrás con un escrito para "aclarar" que ella no formaba parte de esa pieza. Un baile que ha durado horas. La secuencia da una idea del enredo. El instructor acordó el jueves abrir una pieza separada por un presunto delito de prevaricación y otro de fraude a los intereses de la UE, activada tras recibir documentación de la Fiscalía Europea. En los dos escritos que firmó ese día figuraban tres nombres: el empresario Juan Carlos Barrabés, la propia Begoña Gómez y Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa. Son ya varias ocasiones en las que el juez instructor ha presentado escritos con errores, autos con inconguencias y valoraciones cuestionables, como cuando dijo que en España no se veía un caso así "desde Fernando VII".
Pero el viernes llegó la rectificación. A las 13.11, Peinado emitió un nuevo dictamen para corregir el rumbo. "Dado que en la apertura de la pieza separada recoge a todos los participantes de la principal, se aclara en el sentido de que únicamente se abre la presente pieza por el delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión respecto del investigado Juan Carlos Barrabés, sin perjuicio de lo que resulte de las diligencias que en su caso puedan acordarse", reza el texto. Traducido: la nueva pieza va solo contra el empresario.
El paso no supone ninguna acusación formal todavía ni una conclusión sobre la existencia de nuevos delitos, aunque sí abre un frente que puede traducirse en más indagaciones e informes. ¿De qué va esta nueva pieza? El foco está un contrato adjudicado por la pública Red.es a una UTE formada por Innova Next —propiedad de Barrabés— y la consultora KPMG, valorado en cuatro millones de euros. La Fiscalía Europea sospecha que el informe de valoración "habría obviado deliberadamente" la falta de un libro blanco exigido en los pliegos, lo que permitió a la UTE lograr la máxima nota y resultar adjudicataria.
El recorrido judicial ha sido tortuoso. Barrabés recurrió ante la Audiencia Nacional, que el 4 de junio le dio la razón y anuló la extensión de la investigación europea. El órgano comunitario remitió entonces sus pesquisas a Peinado, que ha optado por abrir esta pieza. Mientras tanto, defensas y acusaciones siguen pendientes de la gran decisión. Peinado debe comunicar si abre juicio oral contra Gómez por los primeros cuatro delitos —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida— o si archiva el caso, algo que las defensas ven muy improbable. También debe resolver si le retira el pasaporte por riesgo de fuga, como reclamó la acusación popular liderada por Hazte Oír.
Esa misma acusación pide cifras de récord para un hipotético juicio: 24 años de prisión para Begoña Gómez, 22 años para su asesora Cristina Álvarez y seis años para Barrabés. El propio juez llegó a hablar en abril de una trama que no se veía desde "el reinado de Fernando VII".
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