El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla llevará la causa por presunto fraude en subvenciones contra el excandidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las pasadas elecciones de 2018, Francisco Serrano. Su titular, Juan Gutiérrez Casillas, es quien lleva varias piezas del caso Invercaria.
Así lo ha señalado a Europa Press el secretario general de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, que ejerce, como persona física, la acusación particular junto a la Fiscalía y Podemos, y han confirmado fuentes del TSJA.
En este sentido, el auto establece que "habiéndose turnado a este Juzgado las actuaciones de referencia procedentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) seguidas por querella criminal de la Fiscalía, en base a un posible delito relacionado por fraude de subvenciones" contra Francisco Serrano, "se dé traslado de los autos a la Fiscalía querellante inicial" con el fin de que, en su caso, "se ratifique en las diligencias inicialmente solicitadas o bien se interesen otras distintas, previo a la continuación de la instrucción de la causa e iniciación de la investigación del proceso penal".
Será este juzgado y no el Alto Tribunal andaluz quien lleve la causa contra el expresidente del grupo parlamentario Vox en la Cámara andaluza puesto que, desde el día 1 de septiembre, Serrano perdió la condición de aforado al renunciar a su escaño en el Parlamento, donde era diputado no adscrito desde el pasado mes de julio, cuando decidió abandonar el partido de Santiago Abascal.
Serrano se dio de baja de Vox ese mismo mes de julio, si bien conservó, en un principio, su acta de diputado, después de que la Fiscalía Superior de Andalucía informara de que había interpuesto una querella ante el TSJA contra él al atisbar indicios de un presunto delito de fraude de subvenciones con relación a una ayuda estatal de 2,5 millones de euros que recibió en 2016 por la sociedad limitada Bio Wood Niebla, a la que pertenecía Francisco Serrano, una ayuda que, supuestamente, "ni justificó ni devolvió".
Para el dirigente de Facua, que ha recordado que el caso se inició tras la denuncia contra Serrano que presentó en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Guardia Civil en octubre 2019, "que esta semana hayan tenido el cinismo de pedir a la Junta que incluya a Facua en una lista negra de organizaciones para excluirla de cualquier subvención pública", no sólo implica instar al Ejecutivo autonómico "a que incurra en un delito de prevaricación, sino que representa un claro intento de venganza por haber destapado el escándalo del juez Serrano", ha concluido.
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