El extesorero del PP Luis Bárcenas ha confirmado en la Audiencia Nacional que, cuando se encontraba en prisión preventiva en 2013, encargó a otro interno la eliminación de audios "relacionados" con "M.R.", siglas que, según ha explicado, corresponderían al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Este episodio ha quedado incorporado al juicio del caso Kitchen.
Durante su declaración como testigo, Bárcenas ha respaldado la tesis de la Fiscalía Anticorrupción sobre la denominada operación Kitchen, una presunta trama parapolicial dirigida a sustraerle documentación sensible vinculada al caso Gürtel. Según esta hipótesis, dicho material afectaría a dirigentes del Partido Popular y su eventual difusión supondría un riesgo judicial para la formación.
El exsenador del PP ha reconocido que encargó a un preso con conocimientos informáticos la destrucción de determinados archivos almacenados en la nube. Además, ha asumido como propia una nota manuscrita en la que se recogía la instrucción y en la que figuraban las siglas "M.R.", que ha identificado como "Mariano Rajoy".
En ese documento, según se ha expuesto en la vista, se indicaba: "Hay que destruir todos los audios, cuando te dé la orden, no debe quedar nada, es mi compromiso, haz el favor de ir recuperándolos".
Control de los movimientos internos
La Fiscalía sostiene que el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su ex número dos Francisco Martínez y miembros de la cúpula policial conocían este encargo y "controlaron todos los movimientos del interno" que actuó como intermediario. No obstante, el ministerio público considera que "no consta" que se obtuvieran copias de los archivos ni que el preso completara la encomienda, ya que fue detenido durante el permiso en el que debía ejecutarla.
En esta causa, tanto Bárcenas como su esposa, Rosalía Iglesias, ejercen la acusación particular. Solicitan 41 años de prisión para los principales acusados, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ex secretario de Estado Francisco Martínez. Junto a ellos, otros ocho acusados se sientan en el banquillo, entre ellos el ex chófer de la familia, Sergio Ríos, a quien se atribuye haber sido captado como confidente. Para él, la acusación particular pide 33 años de cárcel con la agravante de abuso de confianza.