"Le escribo la presente para comunicarle que con efectos del próximo 1 de enero del 2020 finaliza el contrato concesional de autopistas Aumar S.A.C.E., correspondiente a la explotación y conservación de la autopista de peaje AP-4 Sevilla-Cádiz". Con estas palabras se confirmó el ansiado final del peaje de la autopista que une ambas provincias, del que ahora se cumple un año.
Con esta comunicación se disiparon las dudas —tras años de prórrogas, pocos se fiaban de que se hiciera realidad— y la autopista dejó de tener peaje. La eterna promesa de los distintos partidos políticos que han gobernado durante la democracia se materializó en la Nochevieja de 2019, poco antes del inicio de la pandemia, que frenó en seco los desplazamientos. Ironías de la vida.
El peaje de la autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz debió haberse terminado en 1993, pero el Gobierno central, en manos tanto del PP como del PSOE, fue prorrogando el contrato hasta finales de 2019. En todos estos años, numerosas formaciones políticas, entidades sociales, organizaciones empresariales y de todo tipo han pedido al Gobierno central de turno que eliminara el peaje, que acabó con un coste para turismos de 7,45 euros.
Con el fin del peaje, los habitantes de Sevilla y Cádiz por fin estuvieron conectados sin tener que pasar por caja, siguiendo así los pasos realizados en el tramo entre Jerez y la capital gaditana, que se eliminó en 2005 por la aportación de la Junta de Andalucía, que abonó unos 72 millones de euros, en una vía que usaban entonces 5,5 millones de coches cada año, que pagaban 1,05 euros por utilizarla.
En marzo de 1973 se cortó la cinta que inauguró la autopista que unía Cádiz y Sevilla, la AP-4, que por aquel entonces utilizaban unos 2.000 vehículos diariamente. Ahora son más de 20.000. “Los usuarios se ahorrarán 60 millones de euros” con la liberalización, dijo el ministro Ábalos, por entonces en funciones, a finales del año pasado, tras 47 años de peaje. Luego se llegó a hablar de un “pago simbólico” por el uso de esta carretera y otras liberadas, aunque quedó en stand by por las críticas recibidas y por la llegada de la pandemia.
La intención de instalar un puerto de contenedores en la Bahía de Cádiz está en el origen de la autopista AP-4, que buscaba una mejor conexión entre ambas provincias, por lo que en 1973 se adjudicó la concesión de la carretera a la sociedad Bética de Autopistas, con tres peajes, uno en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan, otro en Jerez (liberalizado en 2005) y el último en el puente Carranza de Cádiz (eliminado en 1982), con un coste inicial de 50 pesetas cada uno.
Hasta tres Gobiernos diferentes ampliaron la concesión de la autopista. El de Adolfo Suárez (UCD), el de Felipe González (PSOE) a mediados de los años 80, y el de José María Aznar (PP) en 2006, hasta 2019, cuando finalmente expiró. En paralelo, el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a desdoblar la carretera Nacional IV entre Dos Hermanas y Los Palacios, un proyecto que aún está dando sus últimos coletazos tras años de retrasos.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en una respuesta planteada por el PP hace unos meses, dejó en el aire la autovía proyectada entre Los Palacios y Jerez, ya que “se dispone de una autopista libre de peaje para cubrir el mismo itinerario”. La cartera que dirige Ábalos lo que sí ha hecho recientemente es formalizar un contrato para la conservación y explotación de la AP-4, con un presupuesto de 7,66 millones de euros, entre Dos Hermanas y Puerto Real.
La peor parte de la liberalización del peaje se la llevaron los 25 trabajadores despedidos por Abertis, la principal concesionaria de las autopistas del país, que anunció un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) tras confirmarse el final del pago en esta vía. La concesionaria anunció un ERE para 136 empleados en total, sumando a los del tramo de la autopista AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante.
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