Uno de los despedidos del peaje de la AP-4: "Ha sido un palo, pensábamos que se iba a prorrogar"

Antonio, un empleado con más de dos décadas de experiencia, relata las dificultades a las que se enfrenta la autopista a partir de ahora: "No está preparada para soportar el volumen de tráfico que le espera"

ILUSTRACIÓN: MANU GARCÍA
ILUSTRACIÓN: MANU GARCÍA

“Ha sido un palo, pensábamos que se iba a volver a prorrogar”, dice Antonio, que usa un nombre ficticio porque no quiere utilizar el verdadero para que no lo reconozcan. Él es uno de los 25 trabajadores de la AP-4 —la autopista que conecta Sevilla y Cádiz— despedidos por Abertis, la principal concesionaria de las autopistas del país, que anunció hace unas semanas un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) para 136 empleados en total, sumando a los del tramo de la autopista AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante. Antonio, después de más de dos décadas de experiencia en la empresa, confiesa que no se esperaba que el peaje se liberalizara —“he vivido varias prórrogas”— y achaca la decisión a una medida política para “ponerse medallitas”.

Antonio anticipa que, tarde o temprano, las autopistas “volverán a ser de pago”, ya que la AP-4 “no está preparada para soportar el volumen de tráfico que pasará a partir de ahora entre Sevilla y Cádiz”. El empleado, encargado de las labores de cobro, forma parte del 45,3% de la plantilla de Abertis que se queda sin trabajo tras el final de la concesión de estas dos autopistas. El resto, hasta los 300 trabajadores con los que cuenta la compañía —hasta el 31 de diciembre—, se encargan del mantenimiento de la infraestructura, y está previsto que se subroguen en el contrato de conservación que firme Fomento.

El trabajador despedido asegura que aun no ha tenido tiempo para “pensar en el futuro”. “Este martes se me acaba el contrato y a partir del día 1 de enero paso a ser desempleado… A ver qué hago, tengo pocas oportunidades después de más de 20 años en la autopista”, señala. Un familiar fue quien le aconsejó que se presentara a los exámenes necesarios para realizar este trabajo, que ha venido desempeñando desde los años 90 del siglo pasado. “Detrás de tantos kilómetros de asfalto también hay familias y personas que irán al paro”, dice Antonio.

La empresa ha acordado aplicar la indemnización máxima para los 136 despedidos, 45 días por año trabajado con un tope de 42 meses durante los años de antigüedad de los trabajadores previos al 2012, y de 33 días por año con un máximo de 34 meses para los ejercicios trabajados a partir de ese año. Además, Abertis y los sindicatos pactaron otras medidas complementarias, como la aplicación de un seguro médico durante un año o un convenio especial para los afectados con 55 o años o más hasta que cumplan 63 años. “De alguna forma vamos a terminar pagando”, dice Antonio en referencia al mantenimiento de las autopistas liberadas.

Antonio pide a quien se alegra del final del peaje “que se ponga en nuestro lugar” y asegura que el volumen de tráfico que soportarán vías como la AP-4 será un “problema” para el buen estado de la carretera y para la seguridad de los conductores. “Somos el país más caritativo del mundo, en toda Europa funciona el pago por uso y nosotros no cobramos", pero añade que "tarde o temprano lo pagaremos con los impuestos de todos los españoles”. Antonio culpa al Gobierno en funciones de no prorrogar el peaje de la AP-4 y quedarse sin trabajo y no entiende que ayuntamientos como el de Las Cabezas “alardeen de que se elimina el peaje”, cuando a su entender “se beneficia del IBI que paga Abertis por ocupar terrenos municipales y van a ir vecinos al paro”.

El final del peaje de la AP-4 beneficiará, al menos, a los 25.200 vehículos que circulan diariamente por esta vía, y a los 23.500 que lo hacen por la AP-7 diariamente en el tramo entre Tarragona y Valencia, y a los casi 21.000 del trazado entre Valencia y Alicante. El Ministerio de Fomento, ante el final de la concesión, sacó a concurso los contratos para realizar los trabajos de mantenimiento que requieren estas vías, que ascienden a 153 millones de euros, y que sigue pendientes de adjudicación tras la impugnación de los pliegos por parte de los sindicatos y Abertis.

La autopista AP-4 nació hace casi 50 años con tres zonas de pago, en el puente Carranza de Cádiz, en Jerez y en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan. El peaje del puente Carranza se liberó en 1982, el de Jerez en 2005 —la Junta ha estado abonando hasta ahora los 72 millones de euros que costó librarse de esta zona de pago— y el de Las Cabezas quedará libre a las 20:30 horas del 31 de diciembre de 2019, a partir de cuando se podrá circular entre Sevilla y Cádiz por una autopista sin peaje.

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