La Universidad de Cádiz ha dado un paso clave en su hoja de ruta institucional. El Claustro ha aprobado este martes 17 de marzo, en sesión extraordinaria, los nuevos Estatutos de la institución, una actualización de su norma básica que llega con un respaldo mayoritario: 101 votos a favor frente a 9 en contra. Se trata, además, de un movimiento pionero, ya que convierte a la UCA en la primera universidad andaluza en adaptarse tanto a la LOSU como a la futura LUPA.
El texto, aún con carácter provisional, introduce un modelo organizativo que busca ser más moderno y flexible, reforzando especialmente el papel de los campus. La intención es facilitar la adaptación de la universidad a un entorno cambiante. Entre las novedades también destacan mejoras en los procesos electorales, con la implantación de fechas predeterminadas, una medida que permitirá una planificación más ordenada de la actividad académica.
Esta actualización supone dejar atrás unos Estatutos vigentes desde 2003, que habían sido modificados por última vez en 2017. El documento aprobado no surge de forma improvisada. Es el resultado de un proceso participativo que arrancó en febrero de 2024 con la creación de una comisión redactora. Meses después, en diciembre, se elaboró un borrador que integró más de 154 propuestas procedentes de distintos sectores de la comunidad universitaria.
El proceso incluyó además siete asambleas informativas celebradas en los cuatro campus, así como una fase de exposición pública. Las alegaciones recibidas durante este periodo han permitido mejorar más del 30 % del contenido final, en un ejercicio que la institución destaca por su transparencia y participación.
Cambios en la normativa nacional y autonómica
Todo este movimiento responde a un contexto normativo más amplio. La aprobación en 2023 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) obliga a las universidades españolas a revisar sus Estatutos antes de abril de 2026. A esto se suma la inminente entrada en vigor de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) el próximo 26 de marzo, que establece un plazo máximo de tres años para adaptar la normativa autonómica.
El nuevo texto, compuesto por 198 artículos, nueve disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y dos finales, inicia ahora su siguiente fase. Será remitido a la Comunidad Autónoma y al Órgano Consultivo Autonómico para su revisión jurídica. Posteriormente, deberá regresar al Claustro para su aprobación definitiva antes de ser elevado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, paso previo a su publicación en el BOJA.