El pasado jueves vivir un desagradable acontecimiento en la reunión del Observatorio del Agua de Emasesa, que asistir como representante de Fundación Savia, donde sin previo aviso y en un gesto que quebró la serenidad habitual de los organismos públicos, se confirmó que Aeopas (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimientos y Saneamiento), fue expulsada del Observatorio del Agua de Emasesa, entidad pública que gestiona el agua en el área metropolitana de Sevilla.
Ante la noticia de que Aeopas no había recibido la convocatoria, la Mesa Social del Agua de Andalucía, cuyo varios componentes son miembros, presentó un escrito en el Observatorio donde expone que “se trata de una decisión contraria a los principios de gobernanza pública y participación ciudadana que ha regido este órgano desde su creación” y, por tanto, “reclaman su restitución inmediata para garantizar una gestión transparente, plural y orientada al interés general en el ciclo del agua…”.
La decisión cayó como un portazo seco, inesperado por Aeopas y por nosotros, pese a las cartas enviadas por Aeopas durante meses —cartas nunca contestadas— en las que se pedían fórmulas de colaboración, espacios de encuentro y mecanismos para reforzar la gobernanza compartida del agua. Esas misivas quedaron suspendidas en un silencio administrativo que hoy revela su verdadero significado.
Resulta especialmente doloroso porque Aeopas no era un invitado circunstancial de este foro: era uno de sus principales impulsores, una de las columnas que sostuvieron la idea de que la gestión del agua urbana debía construirse entre todos, desde la cooperación técnica, la participación social y la transparencia como norma. Fue Aeopas quien defendió que el Observatorio debía ser un espacio de cocreación, de diálogo real, de escucha institucional. Y fue desde esa visión donde se articularon algunos de los trabajos más relevantes del foro.
Entre ellos, destaca el Plan Especial de Sequía, un documento técnico de referencia que logró algo poco común: consensuar con la sociedad medidas eficaces para que un episodio hidrológico tan severo no interrumpiera la vida cotidiana de los municipios del área metropolitana. Aquella planificación, trabajada codo con codo entre administración, entidades sociales, expertos y ciudadanía, permitió anticipar, prevenir y evitar restricciones. Fue una demostración de que la coordinación pública, cuando se ejerce con rigor, puede proteger a un territorio entero.
Desde hace años, distintos sectores han tratado de instalar la idea de que todas las formas de gestión —pública, privada o mixta— son equivalentes. Esta homogeneización es clave para desactivar cualquier defensa del interés general: si todas las opciones son iguales, ninguna requiere protección especial. Pero esa supuesta igualdad es un artificio discursivo. El agua gestionada públicamente responde a criterios de servicio, derechos y planificación; la privatizada lo hace bajo parámetros de rentabilidad, retornos y mercado. Confundir ambos planos es la antesala de decisiones que comprometen a largo plazo la autonomía municipal y la sostenibilidad del sistema.
La expulsión de Aeopas encaja exactamente en ese marco. Con su salida, se reduce la pluralidad técnica y social del Observatorio y se refuerza el peso de lobbys del agua donde la presencia empresarial es determinante. Estas entidades —que se autodefinen como representantes de la práctica totalidad del sector, aunque estén estructuralmente dominadas por intereses privados— contribuyen a reconfigurar el relato institucional: el agua se presenta como un servicio que debe gestionarse como un mercado; la participación, como un trámite; y la gobernanza, como una fachada detrás de la cual las grandes compañías consolidan su influencia.
Este desplazamiento tiene efectos muy concretos. Al debilitar la presencia pública cualificada, se favorece un ecosistema institucional donde la supervisión pierde consistencia y los riesgos de opacidad aumentan. Cuando los órganos que opinan, recomiendan o influyen en decisiones estratégicas están formados por entidades que agrupan a empresas adjudicatarias de contratos públicos, la línea que separa la deliberación técnica del conflicto de interés se vuelve demasiado fina. Y cuando esa dinámica se normaliza, lo que se erosiona no es solo la reputación del operador público, sino la confianza ciudadana en que las decisiones responden al interés general y no a vínculos corporativos asentados.
Este escenario lleva a un fenómeno que en los estudios de políticas públicas se denomina mercantilización progresiva. No ocurre de golpe ni mediante un único decreto. Avanza creando dependencias: externalizando funciones clave, reduciendo inversión en capacidades propias, deteriorando la estructura técnica municipal y construyendo un relato donde lo privado aparece como más moderno, más eficaz y más preparado. Esa colonización cultural es esencial: sin ella, la privatización no podría presentarse como la opción “natural”.
Pero ninguna de estas dinámicas podría prosperar sin un elemento adicional: la mediocridad, la pasividad o la complicidad de parte de la clase política. Lo advirtió con lucidez Matías Picavea hace más de un siglo, cuando denunciaba que demasiados políticos estaban “más preocupados por saquear que por planificar”. Su diagnóstico, lejos de haber perdido vigencia, encuentra hoy una inquietante resonancia. La mercantilización del agua no avanza porque sea técnicamente superior, sino porque encuentra terreno fértil en responsables públicos que renuncian a ejercer su papel de garantes del bien común.
Para degradar un sistema público basta con no fortalecerlo; para justificar la privatización basta con permitir que pierda capacidad; para convertir el agua en negocio basta con abrir la puerta —aunque sea por omisión— a que las lógicas de lucro ocupen espacios que deberían corresponder exclusivamente al interés general.
La salida de Aeopas del Observatorio no es, por tanto, una anécdota. Es un punto de inflexión. Y también una advertencia: cuando la gobernanza se vacía de voces públicas, la privatización deja de ser una posibilidad para convertirse en una trayectoria.
La ciudadanía tiene derecho a un sistema de agua urbana robusto, transparente y gobernado desde lo público. Y ese derecho solo se protege si las instituciones rechazan cualquier deriva que convierta un bien común en mercancía y cualquier órgano participativo en un escenario decorativo.
Comparto escrito de la Mesa Social del Agua de Andalucía.
Declaración institucional de las organizaciones y personas abajo firmantes
Desde hace más de ocho años, las organizaciones sociales y ambientales venimos participando, incluso antes de la creación del Observatorio, en mejorar el servicio que presta Emasesa a la ciudadanía del Área Metropolitana de Sevilla. Ha sido una tarea ilusionante, fecunda, aunque como es lógico no exenta de tensiones. El Observatorio se basaba en la libre expresión de los posicionamientos de los diversos miembros representantes de los sectores ciudadanos y en la confianza de que se adoptarían por Emasesa las mejores y más consensuadas medidas de gestión del ciclo del agua.
La expulsión de Aeopas del Observatorio del Agua de Emasesa constituye una ruptura severa con los principios de gobernanza pública que deben estructurar la gestión de un servicio esencial como el agua. Después de más de cinco años de cooperación acreditada en ámbitos estratégicos —planes especiales de sequía, adaptación climática, procesos deliberativos, digitalización operativa, revisión normativa y planificación de largo alcance— la decisión adoptada carece de sustento técnico y desvirtúa el propósito fundacional del propio Observatorio: impulsar una gestión pública del agua urbana participativa, cooperativa, transparente y corresponsable, situando a la ciudadanía en el centro de las decisiones.
La expulsión de Aeopas no es un episodio aislado. Durante este mandato se han sucedido prácticas que erosionan la integridad del órgano. El ejemplo más revelador fue la utilización del Observatorio para atribuirle un respaldo inexistente al incremento tarifario del agua. Varias entidades exigieron explicaciones ante aquella manipulación y jamás obtuvieron respuesta. Aquello, que ya fue una grieta, se convierte hoy en fractura.
El Observatorio está siendo reducido a un ejercicio de citizen-washing: la participación se escenifica, pero se excluye de los procesos reales de planificación hidrológica, del análisis técnico solvente y de la evaluación rigurosa que exigen los sistemas de agua urbana. Este vaciamiento instrumental desnaturaliza su razón de ser y debilita la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad técnica de las decisiones estructurales.
Esta negativa evolución del funcionamiento del Observatorio, alejándose de sus presupuestos originales basados en la pluralidad, la representatividad y la operatividad de la participación ciudadana, ha sido denunciada reiteradas veces sin resultado en las propias sesiones del Observatorio. Tampoco han tenido respuesta solicitudes concretas presentadas por diversas organizaciones participantes en el mismo. Pero la expulsión de Aeopas constituye un hecho gravísimo que enciende todas las alarmas.
Por ello, las organizaciones que conformamos la Mesa Social del Agua de Andalucía, muchas de ellas participantes en el Observatorio, reclamamos la restitución inmediata de Aeopas como miembro del Observatorio, en coherencia con los principios de pluralidad, participación cualificada y control público que deben regir un servicio que es patrimonio común. Un Observatorio sin saber técnico es un órgano hueco; protegerlo exige dialogar, consensuar, sumar, no expulsar, a quienes contribuyen a reforzar la garantía pública y el interés general.
Las soluciones de gestión del agua pasan por fortalecer lo público a través de la participación real, la concreción de diagnósticos y alternativas con los numerosos actores que configuran la vida de nuestras ciudades.
Por este motivo abandonamos temporalmente el Observatorio del agua de EMASESA, hasta que vuelva a ser un espacio de participación ciudadana, como lo fue el que ayudamos a crear.
Porque *se escribe agua y se lee democracia*.
Firman este documento: Mesa Social del Agua de Andalucía
Fundación Nueva Cultura del Agua, Facua-Andalucía, Ecologistas en Acción-Andalucía, Greenpeace, WWF, SEO, Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, CCOO-Andalucía, UGT-Andalucía, COAG-Andalucía, UPA-Andalucía, Aeopas.