Según el diccionario de la Real Academia Española el vocablo paradigma es sinónimo de “ejemplo o ejemplar” y un terreno pantanoso es aquel “donde abundan charcos y cenagales” al tiempo que, en sentido figurado, es lo que está “lleno de inconvenientes, dificultades o embarazos”.
A tenor de estas definiciones puede decirse que la laguna de la Janda constituye un doble paradigma de “terrenos pantanosos”, es más, podría muy bien afirmarse que es uno de los mayores paradigmas de ambas acepciones del término, toda vez que esta laguna fue, hasta su desecación con fines agrícolas en los años 60 del pasado siglo, el mayor terreno pantanoso de la península ibérica y que el movimiento social que reivindica su recuperación se ve frenado por infinidad de inconvenientes y dificultades que son a la vez causa y efecto de que ninguna de las administraciones competentes, Junta de Andalucía y Gobierno de España, quiera “mojarse en este charco” o dicho de otro modo “embarrarse en este cenagal”.
La Janda, un enorme complejo palustre de miles de hectáreas que ha dado nombre a toda una comarca gaditana, durante siglos, gracias a sus excepcionales características ecológicas y a su estratégica ubicación junto al Estrecho de Gibraltar, constituyó uno de los más notables enclaves de la naturaleza europea al albergar anualmente cientos de miles de aves de multitud de especies que encontraban aquí lugares adecuados para descansar y alimentarse durante sus migraciones entre Europa y África, así como para invernar o reproducirse tanto en sus humedales como en los pastizales, bosques y cantiles de las sierras que los circundan.
La destrucción del paraíso natural jandeño, fruto del empuje desarrollista de los años 60 y del escaso valor que por aquel entonces se daba a la naturaleza, fue sin duda una de las mayores tragedias ecológicas acontecidas en el continente europeo durante el siglo XX y, al mismo tiempo, supuso una gran injusticia social aún pendiente de reparación más de sesenta años después.
Aunque es innegable que la explotación de los nuevos terrenos agrícolas generados por la desecación de los humedales contribuyó en los primeros años a generar una abundante mano de obra, y en consecuencia mayores ingresos y mejora de la calidad de vida de un buena parte de la población local hasta entonces condenada a una economía de miseria y mera subsistencia; no es menos cierto que ello se consiguió a costa de otorgar a grandes terratenientes el aprovechamiento de unos terrenos públicos y recursos hídricos que durante siglos habían sido disfrutados por el común de los vecinos de Vejer, Medina Sidonia y Tarifa. E igualmente a costa de invertir enormes cantidades de dinero público en obras hidráulicas, canales y grandes embalses que anegaron, en una superficie similar a la desecada, algunas de las mejores vegas y pastizales de Alcalá de los Gazules y Medina Sidonia.
Superada ya hace décadas aquella época desarrollista, nuestra sociedad ha ido evolucionando y han ido surgiendo nuevas inquietudes y necesidades que han sido plasmadas en los objetivos de desarrollo sostenible propugnados por la Agenda 2030 de la Asamblea General de la ONU y la Unión Europea conducentes a la implementación de un nuevo modelo de desarrollo basado en los principios de la gobernanza y la justicia económica, social y medioambiental.
En el marco de esta transición ya iniciada por España hacia una sociedad más justa en lo económico, lo social y lo medioambiental, la recuperación de la Laguna de la Janda representaría también un excelente paradigma ya que si se consiguiese llevarla a cabo se avanzaría significativamente en ese triple objetivo.
Los avances en materia de justicia económica y social se conseguirían en buena parte solo si se recuperasen para el disfrute y aprovechamiento de toda la ciudadanía estos terrenos que son de dominio público ya que así lo dictaminó una Sentencia del Tribunal Supremo de 1967 al dar plena validez al deslinde administrativo de 6.165 hectáreas de titularidad pública.
Estos terrenos permanecen desde hace décadas privatizados al margen de la Ley, toda vez que en 1964 el Estado decretó el rescate de la concesión en su día otorgada para su desecación y puesta en cultivo e indemnizó a los concesionarios por las obras realizadas. Poderosas familias e intereses socio-económicos vienen desde entonces ejerciendo su gran poder de influencia sobre los sucesivos gobiernos de forma que actualmente estos terrenos pese a ser públicos siguen explotados, sin pagar canon alguno, por grandes empresas que desarrollan una agricultura muy mecanizada, generadora de escasa mano de obra y derrochadora de enormes volúmenes de un agua que cada vez resulta más escasa, obteniendo para sí unos enormes beneficios económicos en buena parte proporcionados por las cuantiosas ayudas que reciben de la Política Agraria Comunitaria. Y sin que ello apenas tenga repercusión sobre la socio-economía local, ya que incluso los impuestos generados por dichas rentas se escapan de Andalucía al tener las empresas explotadoras sus domicilios fiscales fuera de nuestra comunidad.
La socialmente demandada recuperación de la posesión del dominio público, proceso en la actualidad empantanado en un interminable ping-pong administrativo en el que Junta de Andalucía y Estado eluden asumir sus competencias achacándose el uno al otro su inacción, tras hacerse realidad debería en buena lógica y mediante una adecuada gobernanza ser culminada con la planificación y ejecución de un proyecto de restauración de los antiguos humedales y la implantación en su entorno de prácticas agropecuarias y ecoturísticas sostenibles, compatibles con la recuperación de la riqueza ecológica y biodiversidad que antaño albergaba este excepcional enclave natural, contribuyendo así a la justicia medioambiental.
La implantación de estos nuevos usos sostenibles en el territorio y los beneficios prestados a la sociedad por los humedales restaurados contribuirían a la redistribución de las rentas generadas de un modo mucho más equitativo que el actual, oligárquico e insostenible, completando así el triple objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa en lo ecológico social y medioambiental.
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