El Gobierno ha cerrado un acuerdo con Podemos para aprobar una regularización extraordinaria de inmigrantes que podría beneficiar a más de medio millón de personas. La medida da su primer paso este martes en el Consejo de Ministros, donde se aprobará su tramitación por el procedimiento de urgencia y sin necesidad de pasar por el Congreso para su validación. El acuerdo se enmarca en la necesidad del Gobierno de amarrar apoyos ante un nuevo intento de sacar adelante los presupuestos, bloqueados esta legislatura.
Según lo pactado, podrán acogerse a esta regularización las personas en situación administrativa irregular, que les tenía en un limbo jurídico sin ni siquiera poder trabajar dados de alta, y los solicitantes de asilo que acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales relevantes y lleven al menos cinco meses en el país en el momento de presentar la solicitud. Para demostrar la permanencia se admitirán documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales, contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.
Durante un acto en Madrid, la eurodiputada Irene Montero defendió la medida asegurando que “no podemos aceptar que haya gente que vive con miedo y sin derechos” y proclamó: “El racismo se responde con derechos”. Montero atribuyó el peso de la negociación a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
La líder de Podemos y eurodiputada Irene Montero ha celebrado públicamente el acuerdo alcanzado con el PSOE, subrayando su alcance político y social. “Podemos ha conseguido un acuerdo con el Partido Socialista para que el Gobierno apruebe de inmediato una regularización extraordinaria de personas migrantes. Podemos está para garantizar derechos y papeles son derechos”, afirmó. Según explicó, esta medida permitirá regularizar a “todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia”, aportando documentos como “el empadronamiento pero también con un informe médico, con un contrato de luz o con un certificado de dinero”.
La iniciativa se articulará mediante un Real Decreto, lo que permitirá reducir a la mitad los plazos habituales. En el momento de presentar la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno u órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso. Cuando la petición sea admitida a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional, que permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos básicos como la asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, se otorgará una autorización de residencia por un año, tras la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria.
Montero destacó además los efectos inmediatos del procedimiento y avanzó que su formación vigilará la aplicación de la norma. La admisión a trámite de la solicitud ya dará "una autorización provisional de residencia y trabajo" por un año que suspende además automáticamente los procedimientos de retorno. En ese sentido, advirtió de la necesidad de evitar trabas administrativas: "Vamos a estar vigilantes para que sea un proceso ágil y eficaz para evitar la burocracia que normalmente se exige a las personas migrantes y que siempre ha sido otra forma de violencia institucional contra ellas porque se las entierra en una montaña de requisitos de documentos que les impiden el ejercicio de sus derechos".
La eurodiputada concluyó reivindicando el alcance de la medida: “Hemos conseguido una regularización masiva de personas migrantes y el objetivo es que se regularicen en torno a medio millón de personas que en estos momentos son obligadas a vivir sin derechos porque ningún ser humano es ilegal”.
La regularización estaba contemplada en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) admitida a trámite en abril de 2024, pero llevaba más de un año bloqueada. El precedente más cercano es la regularización masiva de 2005, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que benefició entonces a más de 500.000 inmigrantes.
