Han trascurrido más de tres años desde que las asociaciones de jóvenes de investigadores de Castilla y León comenzamos a poner el foco en una problemática que teníamos los profesores temporales de esta Comunidad Autónoma: sufríamos discriminación por no cobrar los mismos complementos que percibían nuestros compañeros indefinidos, aunque realizásemos exactamente el mismo trabajo.
Algo que, gracias al trabajo de los sindicatos y de otras asociaciones hermanas en lugares como Andalucía, estaba resuelto. De hecho, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 1791/2021 ya reconoció este derecho a los profesores temporales. Al igual que lo hicieron los correspondientes tribunales superiores de Cantabria o Madrid y se reconocía de facto en otras tantas Comunidades Autónomas. Pero Castilla y León seguía siendo una excepción.
Desde entonces, algunos de esos profesores temporales, en su gran mayoría jóvenes, nos hemos hecho algo más mayores y, por suerte, ya no somos tales -hemos pasado a ser indefinidos-, pero hemos tenido que esperar años para que, por fin, se nos reconozca lo que la Universidad de Valladolid y el resto de universidades públicas de Castilla y León nos negaban: los profesores temporales y los indefinidos tenemos derecho a percibir en condiciones de igualdad los mismos complementos salariales.
Acabamos de conocer que el Tribunal Supremo ha dado la razón, en una sentencia dictada en julio, a los sindicatos castellanoleoneses que plantearon un conflicto colectivo por esta cuestión, especificando que los profesores temporales han de percibir estos complementos. Para que se hagan una idea los lectores, esto supone entre unos 250 y 550 euros más al mes. Teniendo en cuenta que un profesor ayudante doctor cobra unos 1500 euros netos al mes aproximadamente en Castilla y León, no está nada mal.
Antes de que se plantease este conflicto colectivo, desde la asociación de jóvenes investigadores Investigación Activa de la Universidad de Valladolid -Iniciavtiva- ya habíamos elevado una queja a la Defensora de la Comunidad Universitaria que, allá por julio de 2022, nos dio la razón. Ante ello, la UVa hizo caso omiso. Igual que sucedió cuando planteamos, junto a nuestras asociaciones hermanas de las Universidades de Salamanca y León, Innova y AIF-ULE, una nueva queja ante el Procurador del Común. También nos contestó que el Derecho estaba de nuestra parte, en septiembre del año pasado. Ninguna universidad reconoció que se estaba equivocando. Tampoco lo hizo ningún miembro del equipo rectoral de la UVa cada vez que teníamos ocasión de mencionarlo en el Consejo de Gobierno.
Es hora de que los equipos rectorales de las cuatro universidades públicas de Castilla y León pidan perdón a sus jóvenes profesores e investigadores por el maltrato que hemos sufrido y que ahora, por fin, parece resolverse. Y que cumplan, como ya ha anunciado la UVa, la sentencia del Tribunal Supremo.
Sirva este relato de un profesor de una universidad castellana para que los lectores andaluces sean conscientes de la precariedad que sufrimos los más jóvenes, de manera general, pero más en particular en alguna Comunidad Autónoma. Y por eso consideramos que no podemos conformarnos. Existe otro gran problema que aún no se ha solucionado: el profesorado de Castilla y León seguimos siendo el peor pagado de España. El convenio colectivo del personal docente e investigador de las universidades públicas de Castilla y León lleva nueve años sin renovarse. Esto supone que, en algunos casos, cobremos hasta un 15% menos que la media española. Dicho de otra manera, recibimos entre 1000 y 5000 euros menos al año que nuestros compañeros de otras Comunidades Autónomas.
Y no solo existe este problema. La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, aprobada en 2023, ha establecido que los profesores laborales indefinidos, a los que llamamos profesores permanentes laborales, han de tener los mismos derechos que los profesores funcionarios y, por tanto, cobrar el mismo salario. Algo que, a día de hoy, no se está cumpliendo en ninguna universidad de Castilla y León. En el mejor de los casos, la diferencia de nómina es de alrededor de 4000 euros menos al año por este motivo. En cambio, los profesores laborales indefinidos en Andalucía llevan cobrando años cobrando lo mismo que sus compañeros funcionarios.
En definitiva, es hora de que las universidades públicas traten con el debido respeto a su personal docente e investigador y protejan al más débil: a aquellos que están empezando su carrera académica. Cosa que no ha sucedido hasta ahora. Y reivindicar a todos los Gobiernos autonómicos una financiación justa y suficiente para que la universidad pública pueda dar una docencia de calidad a sus estudiantes. Para ello, el primer paso a seguir es acabar con la precariedad de sus docentes e investigadores.