El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana –Defensor del Pueblo-, cuyo titular es el socialista Ángel Luna, ha emitido un informe en el que viene casi a endosarle a la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, un delito de abusos sexuales a una niña tutelada cometido por el exmarido de ésta, monitor en una residencia de la Generalitat en la que entró a trabajar mucho antes de que Oltra llegara a ser vicepresidenta. El informe, emitido por el señor Luna, otrora portavoz del PSPV en el Parlamento Valenciano, exalcalde de Alicante y situado en las posiciones más conservadoras del socialismo, lo ha usado la ultraderecha y sus medios de comunicación para lanzar una campaña inquisitorial contra la vicepresidenta valenciana.
Este es relato oficioso de lo acontecido, pero lo que subyace en el fondo es una campaña pilotada por el PSPV contra Oltra, sabiendo, como saben, que desgastar a la vicepresidenta valenciana y líder de Compromís podría anular a una de las referencias más populares y valoradas por el pueblo valenciano. La guerra sucia del PSPV contra Oltra no es la primera vez que ocurre, en 2015 ya intentaron los socialistas pactar con Ciudadanos acusando a Oltra de malvada, ambiciosa e histérica por proponerse para presidir la Generalitat al sumar más los diputados de Compromís y Podemos que los del PSPV.
El informe del Síndic de Greuges inaugura la estrategia electoral de los socialistas valencianos de cara a las elecciones autonómicas de 2023, ante la posibilidad de que Mónica Oltra lidere un frente amplio junto con Compromís, Podemos, Más Madrid e Izquierda Unida y, como ya ocurrió en las elecciones generales en las que estos partidos fueron en coalición, la izquierda a la izquierda del PSOE le gane las elecciones a Ximo Puig, el actual presidente valenciano que ahora es sanchista de toda la vida y un referente de la España plurinacional -con la ayuda de la publicidad institucional para que medios como La Vanguardia lo vendan como si fuera Churchill-, aunque fue uno de los grandes valedores de la estrategia de Susana Díaz de situar al PSOE en una gran coalición con PP y Ciudadanos.
Mónica Oltra, a petición propia, acudió al Parlamento valenciano a someterse a las preguntas de los grupos de la oposición sobre el asunto de su exmarido, lo que en su momento pareció que sirvió para zanjar el tema que zarandeó la ultraderecha y sus medios de noticias falsas. Meses después de la comparecencia de Oltra y con el caso de su exmarido judicialmente solventado, ha sido acusado a cinco años de prisión, los socialistas valencianos han visto la posibilidad de usar el Síndic de Greuges, una institución autonómica, para librarse de la mujer que puede disputarle la Presidencia del Gobierno valenciano al socialista Ximo Puig en 2023.
A Irene Montero, una web de ultraderecha le ha llegado a poner un dron delante del Ministerio de Igualdad para grabarla -a ella y a todo su equipo-, han llegado a ir periodistas a la escuela infantil de sus hijos a preguntarle a las monitoras por el comportamiento de los niños con la intención de publicar y hasta se han publicado las ecografías del embarazo de sus mellizos.
La exsecretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, se ha marchado por agotamiento emocional después de año y medio de aguantar el acoso diario de la ultraderecha y también del fuego amigo de feministas antitrans que han abrazado la voxificación, con la excusa de la Ley Trans, en este festival del autoritarismo al que asistimos y que amenaza con dejar a nuestra democracia convertida en un páramo.
A la nueva secretaria de Estado de Igualdad que sustituirá a la dimitida Noelia Vera, Ángela Rodríguez, le han hecho otra campaña en redes sociales nada más hacerse público que será la número dos de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. La han acusado de haber llamado “puta coja” a una persona con discapacidad sin aportar más pruebas que el texto de un panfleto de noticias falsas vinculado a Jiménez Losantos, el obispo de la España voxificada que usa los micrófonos de su emisora de radio para lanzar mentiras, odios y soflamas inhumanas contra líderes progresistas, especialmente contra las mujeres.
A esta guerra contra Ángela Rodríguez se ha apuntado, por supuesto, la ultraderecha y también las militantes del feminismo antitrans con carnet del PSOE, que dicen que son progresistas pero que alimentan las hogueras que encienden los reaccionarios contra las mujeres políticas situadas a la izquierda de los socialistas. Beatriz Gimeno, exdirectora del Instituto de las Mujeres, sufrió también varias campañas de descrédito, algunas de ellas manipulando textos de su extensa obra intelectual que forman parte del acervo de pensamiento feminista más importante en habla hispana.
Mónica García, de Más Madrid, también sufre con regularidad los ataques misóginos que apelan a su forma de vestir, su vida privada o su profesión de médica con el intento de desacreditarla. Antes de las elecciones autonómicas, incluso llegaron a publicar que no había devuelto 13.000 euros que había cobrado de la sanidad pública madrileña mientras estuvo de baja. La principal característica del autoritarismo, que puede ser de derechas pero también de izquierdas -ahí están las feministas antitrans o los estalinistas del Frente Obrero- es que, en lugar de argumentos e ideas, reproducen insultos para destruir política y humanamente a un enemigo existencial.
La táctica es siempre la misma. Primero un medio de comunicación ultraderechista publica una noticia falsa, luego los militantes del autoritarismo lo publican en redes sociales y más tarde ya no se sabe qué es verdad o qué es mentira y la persona afectada ha sido convertida en un muñeco de trapo al que se le puede insultar, vejar, acosar y deshumanizar.
No se habla de si es buena o mala la subida del salario mínimo, los ERTE o que las empleadas domésticas cobren la prestación por desempleo, directamente acusan a Yolanda Díaz de ser una “puta comunista”; no dicen nada sobre que Mónica Oltra haya cuadriplicado desde 2015 el presupuesto dedicado a las residencias de menores o que las víctimas de violencia de género valencianas sean las únicas de toda España que reciben un ingreso, al nivel del salario mínimo, para que tengan autonomía para reconstruir su vida y la de sus hijos, simplemente le endosan un delito cometido por su exmarido, que ella ha condenado, que ha aportado a la justicia toda la documentación necesaria y que ha protegido a la víctima.
A Irene Montero no le rebaten la ley del sí es sí o la ley trans, simplemente la llaman “zorra”, “podemita mugrienta” y “comunista que se la chupa al chepas”. A Ángela Rodríguez, la nueva secretaria de Estado de Igualdad, no le dicen nada en contra de sus postulados, simplemente la insultan llamándola “gorda”, “feminazi”, “proxeneta” o “aliada de los puteros”, abriéndole así una causa inquisitorial sin pruebas, que es la mejor forma de evitar que la persona acusada se pueda defender con garantías.
A Mónica García no le debaten los datos que aporta sobre los recortes en la sanidad madrileña, simplemente la llaman “izquierda caviar” o “comunista de salón”, con el único objetivo de diabolizarla. A Ada Colau tampoco le dicen que estén mal las súpermanzanas con las que está transformando el urbanismo barcelonés o que sea la ciudad de España con más inversión en políticas sociales, simplemente la intentan degradar enviándola a trabajar de pescadera, limpiasuelos o verdulera, como si estos oficios fueran insultantes para quienes lo usan contra Colau.
No es casual que sean las mujeres progresistas las que reciban los ataques más furibundos de la derecha y también de quienes estaban muy a gusto siendo burócratas de la desigualdad, hasta que se abrió un nuevo espacio político en 2014 que quitó las caretas a quienes llevaban 40 años confundiendo la democracia con el turnismo de la restauración borbónica del siglo XIX. Que la principal diana del autoritarismo sean las mujeres políticas que militan a la izquierda del PSOE no es casual, es la prueba de que el feminismo popular es el mayor vector de transformación social que existe para cambiarlo todo y de la potencia de este espacio político para conectar con las mayorías.
Mientras que al autoritarismo le sobran la separación de poderes, los derechos humanos, el pluralismo, la tolerancia, las libertades individuales y colectivas y la igualdad, las mujeres progresistas que son atacadas por la España voxificada representan justamente la posibilidad de construir un país a favor, que es la única posibilidad para combatir la exaltación de las bajas pasiones que fomenta la ultraderecha y cuya onda expansiva ha llegado a también a sectores situados en la izquierda como el feminismo antitrans o el rojipardismo que añora la vuelta de una izquierda contraria a las libertades individuales en nombre de la liberación de la clase obrera.
Quienes han hecho del odio su ideología sólo pueden triunfar si tiranizan a los de abajo, si consiguen convencer a la gente que sufre el dogma neoliberal de que desconfíen de su vecino y de sus compañeros y compañeras de trabajo, si hacen creer de que todos los políticos son iguales y que la única salida es la destrucción del que piensa o es diferente. Los ataques desmedidos, cargados de machismo, que reciben las mujeres progresistas que están en política es violencia de género y quienes las atacan tienen un objetivo: disciplinarlas para que otras mujeres no den el paso de meterse en política, comunicar que el precio a pagar por defender una sociedad más justa y libre, que mire de tú a tú a los amos del mundo, es que te conviertan en un muñeco de trapo contra el que se puede disparar de manera impune.
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