Hay una sensación generalizada entre la comunidad saharaui tras aprobarse en el Congreso la ley para concederles la nacionalidad española. Porque la alegría es moderada. Pesa más la desconfianza. Hasta que se refleje en el BOE no respirarán tranquilos. Llevan más de medio siglo sintiéndose ninguneados, o utilizados, por el Estado español en su conjunto.

Desde que en noviembre de 1975, las tropas españolas abandonaran el Sáhara Occidental, dejando a su suerte al pueblo saharaui instalado en los campamentos, ha recibido más decepciones que alegrías. 

La ley para nacionalizar saharauis —impulsada por Sumar y aprobada con los votos del PSOE y sus socios parlamentarios; Vox votó en contra y PP y Junts se abstuvieron— aún tiene que pasar por el Senado, donde los populares tiene mayoría absoluta, y ya ha anunciado que impulsará enmiendas.

Entre 80.000 y 120.000 saharauis pueden beneficiarse de esta ley, que devuelve la nacionalidad española a saharauis nacidos bajo la administración del Estado español antes del 29 de septiembre de 1977, y a sus descendientes directos. 

Con un DNI español caducado, certificados de nacimiento, documentación de la administración española o un recibo de inscripción en el censo del referéndum del Sáhara pueden solicitar la nacionalidad. Cuando la obtengan, podrán tener pasaporte español, moverse libremente por el espacio Schengen, estudiar en universidades europeas, contar con atención sanitaria en España o acceder al mercado laboral de la UE.

Cuando se le plantea este reportaje a la comunidad saharaui de Jerez, acuden en masa. Porque están necesitados de altavoces mediáticos, confiesan. Y porque si algo caracteriza al pueblo saharaui es el sentimiento de comunidad, de ir todos a una. Hasta para participar en un reportaje.

Voces de saharauis que desconfían 

Ismael Laaroussi lleva apenas un año en España. Tras salir de los campamentos de refugiados de Tinduf, pasó por Orán, en Argelia, donde esperó un mes a que le tocara su turno para montarse en una patera y probar suerte en suelo europeo. “Hay gente que no llega”, dice, aunque en su caso fuera una travesía corta.

Laaroussi, de 34 años, ha probado suerte en Madrid, Burgos, San Fernando o Jerez, y está inscrito en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), a la espera de conseguir un empleo que cambie su suerte. 

Cuando se le pregunta por la ley de nacionalidad, es prudente. Espera que le sea “más fácil encontrar trabajo” y poder “alquiler una casa”. “Estoy deseando, porque voy a poder tener una libertad que ahora no tengo”, agrega.

Deh Mohamed Fadel lleva 20 años residiendo en España, concretamente en Jerez, donde ha trabajado como vigilante, lo que le ha permitido ir reagrupando a su familia de forma progresiva. Tiene dos hijas nacidas en los campamentos saharauis y otros dos hijos nacidos en España. Él es de los que tiene DNI español, tras estar un año solicitando su certificado de nacimiento. 

“Creo que es demasiado tarde, y todavía hay mucha confusión”, dice sobre la ley de nacionalidad. “Son 50 años de sacrificio, de olvido, de engaños…”, aporta, dejando claro su escepticismo.

"Estamos pensando en los que vienen detrás”

Hace más de dos décadas, en 2011, Fatma Mohamed, maestra de arte, empezó a acompañar a niños saharauis cada verano en el marco del exitoso programa Vacaciones en paz.

Ella decidió quedarse en España, unos años después, para “dar más estudios” a sus hijos, porque cada saharaui, aporta, “es responsable de la familia a la que deja atrás”, en los campamentos.  

Su reflexión sobre la aprobación de la ley trasciende lo personal: “No estoy pensando en mí misma, sino en los que están en los campamentos, que no pueden subir la voz, no se pueden manifestar… Esto les da otra perspectiva de futuro”.

“España nos abandonó”, lamenta Fatma Mohamed. A su lado, Zahra Ramdan Ahmed, que escucha la conversación, rápidamente se incorpora y añade: “Nos entregaron como animales. Nos invadieron de norte a sur”.

Ahmed defiende a los saharauis como un “pueblo pacífico” al que arrastraron a una guerra de la que se ha contado poco, según critica. Sobre el papel de España en su salida del Sáhara Occidental, habla de “traición”. 

Pero ella, y la comunidad saharaui en general, diferencia entre el Gobierno español —todos los que ha tenido el país en democracia— y la sociedad civil. “El pueblo español siempre nos ha ayudado mucho, eso nunca lo olvidaremos”, sostiene. Describe la ley como “una pequeña luz” entre tanta oscuridad, “un pequeño remiendo”, aunque insiste en que hace falta “mucho más”. 

Y no se olvida de criticar un asunto que sale varias veces durante la conversación con las distintas voces que integran el reportaje: la invisibilidad del Sáhara en el sistema educativo español. “Los libros de texto no dicen casi nada. Los jóvenes no saben nada del Sáhara”, expresa. 

"Me siento saharaui y española, las dos cosas a la vez”

Fatha Ramdan Abdaty llegó a España con apenas seis años, gracias al programa Vacaciones en paz. Una familia de Huelva la acogió en su casa, y ahí descubrió un mundo, para ella, hasta entonces inimaginable. Solo el hecho de abrir un grifo o pulsar un interruptor y que se encendiera una luz le parecía milagroso, porque no tenía nada de eso en los campamentos saharauis. 

“Me siento saharaui y española, las dos cosas a la vez”, expresa. “El Estado nos ha traicionado, pero los españoles no”, agrega luego. Su valoración sobre la ley también pasa por la cautela. “No me fío todavía, hay muchas promesas y pocas realidades”, dice. 

A su lado, Maglaha Mhamed, que cuenta con una larga trayectoria en asociaciones de mujeres saharauis, también distingue entre el “maltrato” del Estado y el “cariño” de los ciudadanos. Una desatención institucional que atribuye a “todos los colores”. 

Maglaha echa la vista atrás para recordar cómo en 1976 perdieron la nacionalidad española unos 70.000 saharauis, tras la retirada de las tropas coloniales, y se alegra de que ahora tengan “un mínimo reconocimiento de los derechos humanos”. Porque, dice, ya les toca celebrar algo. 

Una familia de apátridas

Aunque Abrakhum Mohamed no habla muy bien en español, quiere participar. Y se acerca para contar que en su familia hay varios miembros que son apátridas, es decir, que no poseen ninguna nacionalidad, y por lo tanto carecen de la protección legal y los derechos que otorgan los Estados. 

Pese a tener, en algunos casos, décadas de arraigo, se encuentran en un limbo burocrático. Abrakhum tiene hijos llegados a España hace dos décadas, que estudiaron en el país y “han hecho su vida”, que sin embargo “no tienen papeles”. 

Su testimonio recuerda que la ley, aunque histórica, llega tarde para muchas familias que llevan años sintiéndose indefensas. De los testimonios recogidos, emerge un patrón común: nadie recibe la aprobación de la ley con euforia, por la certeza de que aún no ha terminado su tramitación, y temen un nuevo revés. Sería el enésimo para un pueblo tristemente acostumbrado a las decepciones.