El problema de la vivienda lleva ya décadas atravesando generaciones, y cada una lo ha vivido a su manera. El siglo XXI, ese que nos iba a traer coches voladores, arrancó con un descalabro monumental del ladrillo. Durante los años del boom, España construía sin parar, pero los precios no bajaban, sino que se disparaban. Eso contradice la lógica básica de la oferta y la demanda, que dice que cuando hay mucho de algo, su precio debería caer. Cuando eso no ocurre, cuando la abundancia convive con precios desbocados, es porque estamos ante una burbuja. Cuando la española estalló, arrastró con ella a familias, empresas y bancos, y agravó localmente lo que ya era una crisis económica mundial. La respuesta política fue de austeridad: recortes, ajustes y un "sálvese quien pueda" que castigó especialmente a los más vulnerables. Los precios de la vivienda bajaron, sí, pero porque la gente se había quedado sin dinero. No era una solución, era un síntoma.
España apenas había empezado a levantar cabeza cuando en 2020 llegó la pandemia. Esta vez la respuesta fue distinta: intervención pública masiva, ayudas, moratorias, para evitar que el golpe fuera tan brutal como el anterior. La economía sobrevivió mejor, pero los problemas estructurales del mercado de la vivienda no desaparecieron, simplemente quedaron aparcados. Y hoy vuelven con más fuerza. La vivienda sigue siendo percibida como un valor refugio para los inversores: algo que no se deprecia, que protege el dinero de la inflación y que, además, puede generar ingresos rápidos a través del alquiler turístico o residencial. Mientras esa lógica domine el mercado, quien busca una casa para vivir, para formar una familia o para independizarse, tendrá que competir en desigualdad de condiciones contra quienes la compran para especular. Y esa es una competencia que el ciudadano de a pie, casi siempre, pierde. O para poder entrar en esa rueda necesita meterse en precios que representan la mitad o más de la mitad del sueldo.
Una de las medidas sobre las que ha pivotado la actualidad política esta semana ha sido el rechazo al decreto sobre alquileres, que prorrogaba los contratos por dos años y limitaba al 2% la actualización anual que podían imponer los caseros. Con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, y la abstención del PNV, el decreto del Gobierno quedaba tumbado. Está por ver si se negocia de nuevo con PNV y Junts. La medida no era una revolución para el mercado, pero habría puesto las cosas más fáciles para millones de inquilinos que verán en estos dos próximos años cómo se les acaba el contrato y vuelven al mercado libre, a pagar lo que pagan los que están firmando contratos de alquiler ahora. Al ritmo que suben esos alquileres, se comerá buena parte de los sueldos de esos inquilinos, porque todo está desbocado.
Irene Moreno acudió al Congreso a presenciar esa votación en la tribuna y acabó gritando de desesperación llamando sinvergüenzas a los diputados. Irene es jerezana y milita en la Plataforma por el derecho a la vivienda de Chamberí, el barrio madrileño donde vive. En un piso de los años 40, por el que paga 1.050 euros (más IBI, que por su contrato le corresponde pagar) junto a su pareja, también jerezano. Cuando se actualice el precio, "de 2.000 euros no va a bajar". Su contrato acaba en 2027. Ambos son militantes y nada más que asesorando a gente de su entorno ha logrado más de media docena de revisiones del alquiler, o mejor dicho, de impedir que se les revise, según la normativa vigente hasta la anulación del decreto del Gobierno.
"Hay gente vive literalmente de especular. El gran problema es que han convertido en un trabajo el ser rentista, y eso no puede ser. Hay que intervenir el mercado, no todo vale. Soy andaluza y sabemos perfectamente la situación también allí", señala. Ella, explica, se ha ido de Andalucía, de su Jerez natal, "porque no hay industria". Estuvo en el extranjero, en Reino Unido, en Italia..., y cuando volvió, su propio entorno le avisó, que se fuera a una gran ciudad porque para ella, analista de datos, no había futuro posible. Un trabajo que también tiene su novio. "O sea, que tenemos buenos sueldos", pero no es suficiente. "Llevo cuatro años en Madrid, me voy de Jerez porque no hay trabajo, y ahora donde hay trabajo me quieren sacar del piso, ¿pero esto qué es? El problema son los grandes tenedores y los que vivien de esto".
Sevilla, un terror si no eres propietario
El investigador linense afincado en Sevilla Rubén Ibán Díaz Parra se dedica a estudiar en la Universidad de Sevilla situaciones como esta de la vivienda. Es profesor del Departamento de Geografía Humana y ya en 2024 era entrevistado en lavozdelsur.es sobre su trabajo sobre gentrificación en ciudades como la propia Sevilla. Ahora, es también portavoz del Sindicato de Inquilinas, que ha aflorado en muchas ciudades donde el alquiler se ha desbocado. Dicho de otra forma: "No tienen correspondencia con los salarios". El precio en la provincia ha subido un 19% en un año. En la capital, con menos margen para subir porque ya estaba caro, un 8,7% hasta los 2.896 euros, apenas 600 euros más que la media de la provincia, donde el área metropolitana compite en costes con la capital. Estos datos, según el último estudio de Fotocasa, conocido esta semana.
Una de las conclusiones es que la ley de oferta y demanda no está cumpliéndo. "Hay un planteamiento muy simplista, muy reduccionista, muy conveniente también para determinados agentes, que es decir que simplemente por construir más se va a solucionar el problema de la vivienda. Y no se va a solucionar por eso, porque hay mucha vivienda que no es residencial. Y además la vivienda es un refugio de capitales, de ahorro muy sugerente". Hay multitud de viviendas vacías en Andalucía, "unas 600.000", y correspondería a la administración castigar a quien no la saque a la venta o el alquiler. Además, "hay que prohibir radicalmente el alquiler turístico, 10.000 viviendas solo en Sevilla". Una ciudad con VPO escasa, y la que hay, a 350.000 euros en la Cruz del Campo.
Para Díaz Parra, no se ofrece ninguna solución: "El último plan de vivienda de la Junta de Andalucía es un buen ejemplo de fomento de la especulación", y no se cumple lo que dicta la Constitución española, que es que las políticas de vivienda deben cumplir con una función social. "Hay que tener precios controlados y una mayor seguridad y estabilidad para los inquilinos". "Mientras no se acabe con la especulación", continúa, "no vamos a acabar con el problema. Incluso aunque no alquiles, el propietario tiene un valor seguro en el suelo. Esa es la definición de especulación. Es el gran refugio de ahorros y de capitales".
Cádiz, un problema enquistado que crece y crece
La portavoz del mismo Sindicato de Inquilinas pero en Cádiz, María Sánchez, hace hincapié en que "más del 60% de inquilinas en Andalucía dedican a la vivienda más del 50% de sus ingresos totales". Cádiz es ya la segunda capital más cara, a 3.367 euros el metro cuadrado tras una subida del 6% en el último año. La provincia tiene otros ingredientes y es heterogénea, pero nada más que la cuestión del turismo provoca que sea la tercera provincia más cara de Andalucía, solo por detrás Málaga y Granada -que tienen rentas per cápita más altas-. La subida solo en el último año en el total de la provincia se acerca al 15%.
Sánchez señala un problema que se está dando con la vivienda protegida en Cádiz, en Marqués de Coprani: "Hay gente en la lista de Procasa desde hace 20 años esperando una vivienda y les piden 74.000 euros en 15 meses. No partimos de la base correcta de que la vivienda no es para especular". Y apunta directamente a la administración: "Hay que cerrar las puertas del Estado entero a los fondos buitre que nos están amargando la vida. Y hay que expropiar", añade.
Ante todo esto, el Sindicato de Inquilinas hace un llamamiento, directamente, a "la desobediencia, al 'no me voy de mi casa" el día en que se acabe un contrato o se fuera a producir un lanzamiento. Es una forma de resistir, señalan, y llaman a informarse en la web poderinquilino.org, del sindicato a nivel estatal. Porque estos precios impagables, añade, tienen causa y razón. "Que no nos digan que el mercado no se ha intervenido, cuando la ley está protegiendo y beneficiando al rentista, con bonificaciones y con protecciones que las inquilinas no tienen. El mercado está intervenido, pero contra nosotras, en dirección contraria a las masas".