"Una exclusiva promoción de 92 viviendas protegidas en régimen de venta, situada en un enclave privilegiado de Sevilla, en la confluencia de avenida de Andalucía con avenida El Greco". Con estas palabras presenta Emvisesa, la empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de Sevilla, los pisos que han desatado la polémica en la capital hispalense.
Unas VPO que van desde los 200.000 a los 350.000 euros situadas en los terrenos de la Cruz del Campo. Recientemente en Palmas Altas se asignaron otras Viviendas de Protección Oficial que iban desde 184.123 euros a los 270.107 euros.
La Junta de Andalucía define las Vivienda de Protección Oficial como inmuebles que "ofrecen condiciones ventajosas a los compradores con el objetivo de facilitar el acceso a una casa propia a personas o familias que por distintas circunstancias (renta, edad, pertenencia a determinados colectivos) encuentran dificultades para ello". Sin embargo, teniendo en cuenta que los últimos datos del INE disponibles señalan que el salario medio en Andalucía es de 24.041,96 euros, acceder a viviendas de ese precio parece complicado para una gran parte de la población.
Y es que, aunque las VPO tienen determinadas ventajas fiscales, no queda exenta la necesidad de tener un buen colchón ahorrado para acceder a ellas. La cantidad varía según el precio de la vivienda, pero en el caso de los nuevos pisos de la Cruz del Campo obliga a ahorrar durante varios años para los que quieran acceder a ella.
Esta tipología de viviendas cuenta con un tipo reducido de IVA al ser de nueva construcción. En lugar del 10%, los beneficiarios tendrán que pagar un 4% que deberán tener en el momento de la adquisición. Supone que para una vivienda de 300.000 euros de las que comercializa Emvisesa ya serán necesarios 12.000 euros a los que habrá que sumar entre 1.500 y 2.000 con los gastos de notaría y demás gestiones.
No obstante, falta por sumar la mayor de las cuantías. Pese a que las hipotecas que se conceden para las VPO suelen ser más beneficiosas, esta no suele cubrir el 100% del coste de la vivienda. Habitualmente los bancos ofrecen el 80%, por lo que para la vivienda de 300.000 euros habría que sumar otros 60.000 euros 'a toca teja'. La cantidad, eso sí, puede reducirse a la mitad si el banco accede a financiar el 90% de la vivienda.
Una situación que ha provocado una disputa política
Esta promoción de vivienda 'accesible' ha provocado una gran indignación por parte de la oposición, tanto al Ayuntamiento de Sevilla como a la Junta de Andalucía, que es quien establece las condiciones de acceso a las VPO.
La formación más beligerante ha sido Adelante Andalucía, quien se ha personado en el solar afectado para denunciar la situación. "¿Alguien cree que se puede acceder a una VPO que cuesta 350.000 euros? ¿Eso verdaderamente está destinado a las familias trabajadoras que no pueden acceder al mercado libre?", ha denunciado José Ignacio García, portavoz de la formación andalucista. Adelante ha pedido para corregir esta situación crear una constructora pública. "Se está apostando por una VPO que se subvencionan con dinero público pero cuyos requisitos son de ciencia ficción. Estamos subvencionando la especulación".
Pese a que García ha arremetido también contra el PSOE, lo cierto es que líderes sevillanos de la formación también han salido a criticar estas nuevas VPO. El primero fue Javier Fernández, presidente de la Diputación. En sus redes fue breve pero tajante. "Me parece lamentable y una absoluta falta de diligencia y competencia que el presidente de la Junta de Andalucía considere y apruebe una norma que permita que una VPO cueste 300.000 euros. En qué Andalucía vive usted, Sr. Moreno".
Este martes, el número dos del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, ha insistido con la crítica y señalando "precios abusivos" y "un modelo especulativo que contribuye a otro estallido de la burbuja inmobiliaria".
Los límites para acceder
Pese a que pueda parecer que las VPO están destinadas a la población más vulnerable, lo cierto es que los límites establecidos por la Junta de Andalucía hacen que familias con cierto nivel de vida también puedan acceder a estas viviendas. De hecho, el límite se sitúa en 5,5 veces el Iprem, aunque se puede ampliar a 7 veces si no se adjudican todas las viviendas.
Esto supone que las familias de un solo miembro tengan que tener ingresos inferiores a 53.720,93 euros, mientras que los hogares donde hay dos o más personas no pueden superar los 71.076,92 euros.
