Un vecino de Sevilla tendrá que esperar hasta septiembre de 2030 para que un juez determine si tiene derecho a que se le reconozca una incapacidad laboral permanente. La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Sevilla, Plaza número 8, ha señalado el juicio para dentro de cuatro años.

Durante ese tiempo, según expone su defensa, el afectado permanecerá en una situación especialmente complicada, ya que no puede desarrollar su trabajo con normalidad y tampoco podrá acceder a una pensión vinculada a esa incapacidad mientras no exista una resolución judicial que reconozca su situación.

La abogada Sara Almada Gavela, del bufete Boutique Legal y representante del trabajador, ha explicado que el juzgado admitió a trámite la demanda presentada frente a la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La demanda llegó al juzgado a finales de julio

El juzgado recibió el escrito de demanda el pasado 30 de julio, dos días después de que fuera presentado por la letrada. En él se detallan las circunstancias personales y de salud que, según la defensa, impiden al trabajador mantener su actividad laboral con normalidad.

Al tratarse, según recoge el propio escrito judicial, de un procedimiento “frente a Administraciones Públicas y en materia de Seguridad Social”, el juez reclamó a las entidades gestoras correspondientes que remitieran los expedientes originales del caso en un plazo máximo de diez días.

Tras examinar la documentación, el juzgado fijó definitivamente la celebración del juicio para el 11 de septiembre de 2030, a las 11.00 horas, en la sala de vistas número 12 de los juzgados situados en el edificio Noga de Sevilla.

Cuatro años a la espera de una resolución

La resolución también advierte a las partes de que deberán acudir a la vista con todos los medios de prueba que quieran utilizar. En el caso de la documentación, esta deberá estar “adecuadamente presentada, ordenada y numerada”.

El juzgado avisa además a “la parte demandante que si no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión, se le tendrá por desistido de su demanda”. En cambio, una posible ausencia de la otra parte no impedirá la celebración del juicio, salvo que existan causas justificadas.

El señalamiento implica que el trabajador tendrá que esperar al menos cuatro años para conocer si la Justicia reconoce finalmente su incapacidad permanente. Hasta entonces, y según señala su defensa, permanecerá sin poder normalizar una situación en la que no estaría en condiciones de desempeñar su puesto habitual y tampoco puede contar todavía con una pensión compensatoria.

El caso refleja las consecuencias que puede tener la saturación de los juzgados de lo Social, donde la demora en el señalamiento de una vista puede prolongar durante años la incertidumbre de personas que esperan una resolución sobre su situación laboral y económica.