Un hombre de 46 años falleció en abril de 2025 en Sevilla tras sufrir un retraso en el diagnóstico y tratamiento de una hernia intestinal. Su familia ha presentado ahora una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), solicitando una indemnización de 281.655 euros. Según detalla el abogado Pedro Arnaiz, la demanda sostiene que una “mala praxis” médica derivó en una isquemia mesentérica masiva que terminó con la vida del paciente.
El calvario comenzó semanas antes del desenlace fatal, cuando el hombre acudió al Hospital San Juan de Dios con fuertes dolores abdominales y vómitos. Tras realizarle una radiografía simple, fue diagnosticado de gastroenteritis y enviado a casa, aunque sus síntomas continuaron y se agravaron. Pocos días después ingresó en el Hospital Universitario Virgen Macarena, buscando atención urgente.
Retrasos en pruebas y cirugía
Según la familia, a pesar de que los médicos del Virgen Macarena inicialmente quisieron darle el alta tras una nueva radiografía, la insistencia del paciente y de su esposa permitió su ingreso en planta. No fue hasta la mañana siguiente cuando se realizó un TAC con contraste que evidenció dilatación de asas, líquido abundante y signos de sufrimiento intestinal grave.
Aun conociéndose la urgencia de la situación, la intervención quirúrgica no comenzó hasta casi 24 horas después de su llegada a urgencias y ocho horas tras los resultados del TAC. Para entonces, los cirujanos constataron que la necrosis intestinal era tan extensa que cualquier resección resultaba imposible.
Durante las horas previas a la cirugía, el dolor del paciente se trató únicamente con morfina, lo que, según la familia, enmascaró un cuadro que requería actuación inmediata. Ante la imposibilidad de salvar el intestino, los médicos procedieron a aplicar sedación paliativa. El hombre falleció a las 03:13 horas del 6 de abril, víctima de un shock séptico derivado de la isquemia.
Problemas con la historia clínica y cuantía de la indemnización
La reclamación también subraya dificultades previas para acceder a la historia clínica completa. La familia tuvo que recurrir a diligencias judiciales porque el SAS omitió inicialmente informes relevantes, que solo fueron entregados tras un segundo requerimiento.
La indemnización reclamada incluye compensaciones para la viuda y el hijo menor, de cinco años, calculadas de manera similar a los baremos de accidentes de tráfico. Según la demanda, un diagnóstico y cirugía oportunos habrían permitido salvar la vida del paciente.
