Las marismas del Guadalquivir, en la provincia de Sevilla, no solo producen el arroz de mayor calidad de España, sino la mayor cantidad (un 35%) en sus 36.500 hectáreas a ambos lados del río y en los términos municipales de una decena de municipios que viven del sector y que copan los 5.000 puestos de trabajo que este genera: desde Isla Mayor y Los Palacios y Villafranca hasta Coria de Río y Utrera, pasando por La Puebla del Río, Gelves, Palomares del Río, Aznalcázar, Lebrija o Las Cabezas de San Juan.

El cultivo del arroz en estas marismas sevillanas, que es también una forma de vida, precisa anualmente de 320.000 peonadas y arroja una facturación anual superior a los 700 millones de euros. Aunque el sector ha pasado por varias modernizaciones concatenadas desde aquella primera conquista de los valencianos en su particular western en las décadas de los 40 y los 50 del pasado siglo (y desde las situaciones laborales de semiesclavitud a la que se vieron sometidos tantos miles de jornaleros de aquí en aquellos años), los propietarios –alrededor de un millar, dependientes de tres cooperativas como son la del Bajo Guadalquivir, la de La Puebla del Río y la de Arrozúa, en Isla Mayor- no se han visto en una crisis tan profunda como la de ahora.

Todo esto puede desaparecer si la situación de este año se mantiene en los próximos, en ese horizonte de 2030 que los propios arroceros intentan explicar, sin éxito de momento, en la Unión Europea, que ya no tiene empacho en importar de países como Myanmar o Camboya, en el sudeste asiático, más de 600.000 toneladas de arroz, más del doble de lo que puede consumir un país como España en dos años. Hace solo 20 años, esa cantidad se limitaba a 4.000 toneladas, una cifra simbólica y amparada en ese acuerdo comercial con la UE llamado EBA (Everything but Arms, es decir, “Todo menos armas”), que exime de aranceles aduaneros a estos países en vías de desarrollo con tal de que se democraticen y sustituyan sus negocios bélicos por otros emprendimientos surgidos de la tierra.

“Pero el problema es que la cantidad de arroz que se les deja pasar ya no tiene límites y a esto hay que añadir el arroz de Mercosur”, dice Eduardo Vera, director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla y representante por Asaja en Copa-Cocega (Comité de Organizaciones Agrarias y General de Cooperativas Agrícolas) en el Comité Europeo de las Regiones para buscar soluciones a esta crisis del mercado del arroz. Precisamente este pasado mes de julio, cuando las tablas del arroz estaban todavía completamente verdes, Vera asistió en Bruselas a la última reunión de ese grupo de trabajo para insistir “en la insostenible situación que están viviendo los arroceros ante las importaciones masivas” de estos países asiáticos. Además, Vera no olvidó señalar “el incremento de los costes de producción, que están provocando una situación insostenible y que ya han provocado la reducción de la superficie de cultivo en países como Italia o Grecia”.

Son ocho los países europeos productores de arroz y, por tanto, afectados de lleno por estas importaciones sin medida del otro lado del mundo: además de los tres mencionados, Portugal, Francia, Hungría, Bulgaria y Rumanía. “Es que la producción arrocera no solo está peligrando aquí, sino en todos estos países de la Unión Europea, donde no estamos dispuestos a ser moneda de cambio de otros grandes acuerdos comerciales o a sufrir las consecuencias por determinados acuerdos de inmigración que nada tienen que ver con el arroz”, protesta Vera, quien conoce a la perfección la realidad nacional y mundial de este producto clave en la autonomía alimentaria.

“No tenemos miedo a la competencia”, insiste él, “sino a que no juguemos todos con las mismas reglas, porque así es imposible”. “Ni a un 0,1% de lo que está entrando de esos países asiáticos se les hace un mínimo control”, sostiene. “Eso significa que no hay voluntad de hacerle control alguno, por los motivos que sean”. Aquí el arroz soporta costes de producción cada vez más elevados por la energía, el agua, la mano de obra y el cumplimiento a rajatabla de exigentes estándares ambientales, fitosanitarios, laborales y sociales y compiten, sin posibilidad, con importaciones que acceden al mercado europea en condiciones más que ventajosas. "Y aún así nosotros producimos el mejor arroz del mundo", sostiene Vera.

En este sentido, Vera le demanda a Europa un apoyo específico al sector a través de la Política Agraria Común, actualizar aranceles cuando resulte necesario para reflejar adecuadamente la realidad del mercado europeo, aplicar de forma efectiva cláusulas espejo en materia ambiental, sanitaria y laboral, reforzar las cláusulas de salvaguardia con mecanismos ágiles y sólidos jurídicamente, e implantar controles homogéneos en los puntos de entrada de la UE.

Solo en España se ha pasado recientemente de explotar 122.000 hectáreas arroceras a hacerlo con 104.000. La producción en Sevilla representa un 35% de la española, y está muy por encima de la extremeña, la catalana o la valenciana. La tendencia productora, en todo caso, sigue necesariamente a la baja, mientras solamente India, por poner un ejemplo estrambótico a nivel internacional, siembra cada año nada menos que 34 millones de hectáreas de arroz.

“Más de medio planeta depende del arroz para comer”, recuerda Vera, que no rehúye el evidente problema que asola a estas marismas porque tiene en cuenta todos los factores, empezando incluso porque la PAC (Política Agraria Común) no ha sido “el mejor camino, ese de igualar precios”, que ha desembocado en que “suframos la falta de innovación” y en que se colapse el relevo generacional. Según Vera, no es solo la competencia desleal que supone la entrada de cada vez más arroz asiático, sino también la falta de un etiquetado de origen del arroz de la Unión Europea para que el consumidor vea “bien claro” de dónde procede “lo que se come” y, por si fuera poco, la necesidad de la producción integrada, que en la práctica supone un control optimizado (y mucho más caro) de plagas y enfermedades, priorizando métodos biológicos frente a los químicos; una gestión lo más eficiente posible de la normalmente escasa agua; el cumplimiento de normas técnicas específicas que regulan cada fase del cultivo, desde la preparación del suelo hasta la recolección; y hasta la garantía de la trazabilidad para el consumidor, certificando que el proceso productivo minimiza la huella ambiental.

“Y todo eso es dinero”, sostiene Alberto Miralles, uno de los viejos arroceros de esta marisma, tercera generación de propietarios que llegaron de Valencia. “Mi abuelo llegó aquí en el 48 junto con las primeras 30 familias que vinieron a domesticar todas estas tierras”, dice orgulloso, y a continuación vuelve a los números, especialmente preocupantes desde la pasada campaña. “El año pasado me gasté yo 22.000 euros en herbicidas para 96 hectáreas que sembré. Y este año, que solo he sembrado 65 hectáreas, me he gastado 24.500 euros. ¿Eso cómo es?”.

Perplejo ante la situación, Miralles arroja cifras más concluyentes y pesimistas: “Este año nos cuesta 3.000 euros producir una hectárea de arroz, pero es lo mismo que nos van a pagar por cada hectárea producida; es lo comido por lo servido, y claro que no podemos producir por debajo de los costes”. Miralles está acostumbrado a hacer muchas cuentas de cabeza y, groso modo, no se equivoca: “Los costes de mis 65 hectáreas van a rondar los 180.000 euros, y al final me pagarán, como mucho, sobre 210.000. ¿Tú crees que todo este trabajo merece la pena? Es que esto es una ruina, y te quitan toda la ilusión”. Más allá de lo puramente económico, este arrocero les recuerda a los ecologistas de todo el mundo "dónde vienen a comer los pájaros: aquí, al cangrejo y al bichito del arroz; ¿y si esto desaparece?". "Esto es la despensa de las aves de Doñana", concluye.

A su lado, Juan Beltrán, otro de los viejos arroceros de la margen izquierda del Guadalquivir, acostumbrado como sus hijos a echar demasiadas horas de sol a sol, asiente con la cabeza. Beltrán ha sembrado 105 hectáreas este año, pero controla 600, “porque nuestra familia está acostumbrada a llevarles las tierras a otros propietarios”, dice Víctor, su hijo, de los pocos jóvenes menores de 40 años dispuestos a continuar en la brecha.

“Y con este panorama sobrevivimos todavía porque soy yo el que me monto en el tractor, el que voy y vengo, el que siembro y el que siego, y el que tengo que pagarle un sueldo a seis o siete hombres”, insiste Miralles. “Pero como la cosa siga así, ¿quién de los jóvenes agricultores va a querer seguir?”.

En la cooperativa arrocera del Bajo Guadalquivir, como en el resto, quedan todavía auténticas montañas de arroz de la pasada campaña, sin vender. “Queda más del 30%, y eso que mucho lo hemos malvendido para hacer sitio porque no tenemos espacio”, sostiene Miralles. Y lo corrobora Vera, que añade: “Y el problema no es ya todo ese arroz acumulado al que no le damos salida, sino el que viene: en dos semanas estaremos segando y todavía ni hay precio ni hay mercado”. El presidente de la cooperativa, Álvaro Grau, insiste igualmente en el notable problema mientras señala el interior de los silos, inoportunamente ocupado por el arroz todavía con cáscara de la campaña pasada.

El hachazo de la última sequía

La producción ya estaba tocada de un ala por la sequía desde 2021, cuando solo se sembró el 50% de estas 36.500 hectáreas a ambas márgenes del Guadalquivir. En 2022 se sembró solamente el 30%. Y desde aquel año fatal del colmo de la falta de agua, en 2023, cuando no se sembró absolutamente nada, con las siguientes campañas empezaron a esperanzarse los arroceros, porque en 2024 se sembró ya el 65%, y en 2025, el 100%, pero ya la clientela había probado los precios del arroz oriental y el daño estaba hecho. El arroz nacional se ha venido manteniendo en torno a los 450 euros por tonelada, mientras que el importado cuesta mucho más barato, sobre 300. Con el fin de la sequía, encima, el campo sevillano ha vuelto a su rendimiento habitual, superando las 110.000 toneladas, de modo que se ha juntado el remanente acumulado sin vender con la inminente siega que arrancará en dos semanas. El hambre y las ganas de comer, que dice nuestro refranero.

“Pero es que el ama de casa ni siquiera nota esa diferencia tan grande en el supermercado”, dice Miralles. “Y si se da su traza en la cocina, pues se acostumbra a cocinarlo aunque sea mucho más malo”, añade en referencia a otros arroces que vienen “sin pasar ningún tipo de control, sin trazabilidad y que ha sido trabajado por niños, y eso se llama explotación infantil en todas partes”, apuntilla Vera, que demanda “una visión estratégica específica para el sector arrocero por parte de la Unión Europea, sobre todo porque, “sin producción arrocera europea, no hay sostenibilidad ni resiliencia territorial ni seguridad alimentaria de verdad”.

Vera insiste en que en regiones como la nuestra, la desaparición del arroz tendría consecuencias “muy graves” sobre al empleo rural, sobre la industria transformadora, el tejido cooperativo, la gestión del agua y, por si fuera poco, sobre la biodiversidad y la conservación de humedales de alto valor ecológico.

La IA llega a las marismas

Sin ir más lejos, la avifauna de Doñana no depende del Parque Nacional, como pudiera parecerles ingenuamente a quienes ven el problema desde bien lejos, sino de las tablas del arroz. “En el año 2023, cuando la sequía, por ejemplo, no había pájaros en la marisma porque no se sembró, y Doñana está normalmente seca”, advierte el joven arrocero Juan Cuquerella, que a sus 25 años no solo lleva buena parte de la producción de su familia (276 hectáreas), sino que está empeñado en la innovación con un proyecto eco-regenerativo en el que participan de un modo ya decisivo la Federación de Arroceros, varios colectivos de pescadores, organizaciones de conservación ambiental y buena parte de la comunidad científica, incluida la Universidad de Sevilla “para ganarle tiempo al tiempo”, dice el joven en conversación con lavozdelsur.es. “El reto de fondo es cómo podemos sobrevivir con este agua, siempre escasa, y sin productos fitosanitarios y cada vez menos pesticidas contra las malas hierbas”.

En rigor, el proyecto consiste en transformar la gestión tradicional del agua y del suelo para recuperar las marismas desecadas y demostrar que la producción agrícola masiva de arroz no solo puede convivir y salvar el capital natural del entorno de Doñana, sino que este se salvará precisamente por la existencia de aquella. A ello se suma el Servicio Andaluz de Monitorización del Arroz (SAMA), financiado por la Agencia Espacial Europea y que es una iniciativa puntera liderada por la Universidad de Sevilla y varias empresas tecnológicas de la tierra para que los propios agricultores –mediante imágenes por satélite y drones con cámaras térmicas- controlen la salinidad del suelo y la salud de las cosechas en tiempo real, lo que  reduce el uso de abonos químicos y fitosanitarios.

El SAMA aprovecha imágenes de los satélites de la Agencia Espacial Europea, pues estos escanean los campos con una resolución muy alta cada semana, capturando el vigor de las plantas  y los niveles de humedad, mientras que los sensores terrestres repartidos por las tablas del arroz miden en tiempo real variables críticas como la salinidad del agua, la temperatura y hasta el nitrógeno presente en la tierra. “No podemos hacernos una idea del avance”, celebra Juan Cuquerella, que explica cómo los algoritmos de la Inteligencia Artificial reciben todos esos datos y los analiza de forma cruzada para generar mapas predictivos de alta resolución. “Es que el sistema termina aprendiendo a detectar si esta parcela o aquella sufre por calor o por exceso de sal o porque le faltan nutrientes”.

“Pero es que quienes asumen estos compromisos adicionales deben recibir una compensación adecuada, incluso un asesoramiento técnico especializado, más instrumentos de gestión del riego y mecanismos que reconozcan la reducción de emisiones y la captura de carbono”, indica Vera, y añade: “Deben compensarse los costes derivados de las exigencias ambientales y climáticas que la UE nos impone, porque la sostenibilidad debe ser una oportunidad para mejorar la competitividad de las explotaciones, pero no en otra carga económica más”.

Un cultivo que siempre “trae colas”

A pesar de todos los avances, entre las tablas del arroz sigue haciéndose sitio la última mala hierba, la más resistente. Y para eso están los escardadores, que las detectan a ojo y le dan su merecido con “un hocino”, como dice Manolo Blanco, experimentado escardador de Los Palacios y Villafranca que asegura que “a estas alturas, por el color del arroz, ya es fácil identificarla, aunque al principio es muy fácil confundirse con las colas”. Aquí le llaman colas a las malas hierbas. Ni siquiera los jóvenes Alejandro y Eduardo, mucho menos experimentados, tienen problemas para reconocer las colas, y vienen en fila por la albarrada junto a los demás, la cuadrilla de ocho hombres que trabajan en las tierras de Pepe Quiles. Cada cual con su morral lleno de hierbas que estorban el cultivo, tocados con una gorra o gorro, todos provistos de escarpines que evidencian cómo ha evolucionado este trabajo que hoy no resulta ya tan penoso como antaño, cuando hasta los niños, hoy ya abuelos, trabajaban descalzos y con el agua hasta las rodillas, como se muestran en esas fotos en blanco y negro que todavía decoran las paredes de la casa de los Beltrán.

Todos arrojan sus colas al suelo, y forman un montón, y “ya las quemaremos cuando se sequen; así verdes no, porque no arden”, explica Manolo, que también señala algunas colas secas que dejan estratégicamente en el cultivo para señalar el terreno. Ninguno se desorienta en la tabla gracias a estas colas señaladoras y a la doble rodada del tractor.

“No es un trabajo tan malo”, confirma Juanma, otro de los escardadores con experiencia, “porque metemos mano a las siete y a la una del mediodía ya hemos terminado, con tiempo incluso para el bocadillo”. El jornal, “lo que está estipulado en todas partes: 60,50 euros”. “Aunque con los seguros sociales y todo, un jornal se te pone en 110 euros”, advierte el propietario Miralles, más acostumbrado a pagarlos, incluso a quienes, de noche, espantan aves con bazuquillas (cañones de gas propano) gracias a los que garzas, flamencos, cigüeñuelas, patos, cercetas y aguiluchos levantan el vuelo y no comen más de lo imprescindible, sobre todo poco después de la siembra. "Solemos echar más semilla de la cuenta precisamente pensando en lo que se comen las aves", asegura Eduardo Vera, que apunta además a la red de 65 técnicos agrícolas que ponen a disposición de los productores las cooperativas. "Cada técnico lleva unas 600 hectáreas", dice.

Estas aves tan marismeñas forman el ecosistema natural que vive paralelo al creado por el hombre entre cooperativas, secaderos, industrias transformadoras y comunidades de regantes. De vez en cuando, una garza real planea sobre el arrozal, a cualquier hora de la mañana o de la tarde, y esa bellísima estampa del equilibrio entre la naturaleza y la explotación agrícola parece el emblema de este paisaje único, de esa exagerada planicie cuyo horizonte infinito configuran el cielo que todo lo domina y el río que siempre se intuye pero no se ve. Los pájaros se orientan de otra manera, y los hombres, sin un árbol a kilómetros que les sirva de referencia, por la casa de Pedro Revuelta, por el secadero de fulanito, por la última curva después de este camino o de aquel canal, por el colector de Cotemsa.

Cultivo mediterráneo

Junto a Eduardo Vera, las marismas se convierten en un territorio más seguro, como si todo este vasto paisaje tan propicio para la desorientación absoluta tuviera claves ocultas que solo quienes llevan años recorriéndolo hubieran empezado a interiorizar. “Lo que defendemos es que tenemos que buscar la integración entre la rentabilidad de los cultivos y la protección de los ecosistemas, con la figura de los arroceros como garantes del medioambiente y fijadores de la población rural”.  Existe un borrador de defensa de  los arrozales ante la Unión Europea al que ha tenido acceso lavozdelsur.es que ya aboga por que “el arroz se integre en una estrategia europea de cultivos mediterráneos sensibles y de sectores vinculados a regadíos históricos, con el objetivo de crear un frente común de producciones que comparten problemas estructurales como los costes altos, el agua escasa, la presión ambiental, la competencia exterior y la pérdida de rentabilidad”. Y ahí se incluyen, además, el tomate para industria, los cítricos, las frutas y hortalizas, el aceite de oliva, los frutos secos, las legumbres, el maíz, el algodón y la remolacha.

No son baladíes datos como que la Unión Europea produzca cada campaña en torno a 2,8 millones de toneladas de arroz cáscara (1,7 millones en equivalente blanco) y solo España vaya a cosechar este año casi 750.000 toneladas, la cuarta parte. Andalucía es la principal región productora, muy por encima de Extremadura, que va en segundo lugar, Cataluña o Valencia. “Proteger el arroz sevillano, español o europeo no significa rechazar el comercio internacional”, concluye Vera, “pero sí garantizar unas condiciones de competencia equitativas que permitan justamente mantener una producción propia competitiva”.