Rafael Aguilera es desde 2019 el alcalde de Alcalá del Valle, un pequeño municipio de la Sierra de Cádiz que no llega a 5.000 habitantes. En este pueblo gobierna IU de forma ininterrumpida desde 2007, y solo no lo ha hecho durante un mandato (2003-2007) desde 1995 hasta hoy. 

El Ayuntamiento de Alcalá del Valle, en estos momentos, está inmerso en una serie de procesos judiciales que su alcalde desgrana con detalle. El sindicato CGT, uno de los denunciantes, criticaba en una publicación reciente la gestión del gobierno local. “La gente que hace las cosas bien no pisa tanto el Juzgado, se intenta negociar antes”, señalaba.

Porque el Consistorio tiene ante sí una demanda colectiva de empleadas municipales, que reclaman cantidades al Ayuntamiento, y un requerimiento de la Inspección de Trabajo para que se haga cargo de una deuda de 177.281,37 euros con la Seguridad Social, por la infracotización de trabajadores municipales. 

“Nos la encontramos al llegar”, anuncia Aguilera, en conversación con lavozdelsur.es. Según su versión, la situación arranca de cuando se abrió la residencia de mayores del municipio y se incorporó una plantilla de 30 trabajadores mediante un acuerdo con la Diputación.

“Desde 2019 hemos ido mejorando sueldos, actualizando conforme al IPC, subiendo el salario mínimo. Por primera vez los trabajadores laborales de Alcalá del Valle tienen un convenio colectivo y somos de los pocos ayuntamientos en toda la provincia y en Andalucía que ha estabilizado al 100% de su plantilla”, se defiende el alcalde.

Condena al Ayuntamiento de Alcalá del Valle

El Juzgado de lo Social nº1 de Jerez ha condenado al Ayuntamiento de Alcalá del Valle por apropiarse de las subidas salariales del personal laboral entre 2022 y 2025 y por no negociar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) conforme a lo establecido en el convenio colectivo en vigor.

Las quince trabajadoras y la CGT: "No hay un trabajador que me pueda decir que no ha mejorado"

Hay otra demanda, por parte de 15 empleadas municipales, que reclaman unas cantidades al Ayuntamiento. Aguilera reconoce que la demanda existe pero la enmarca en el mismo contexto de la infracotización. "Con el convenio tuvimos que hacer un fuerte esfuerzo económico, con el proceso de estabilización ha sido una locura, y estas reclamaciones tienen que ver con que necesitamos una RPT (Relación de Puestos de Trabajo) para equiparar los puestos”, dice.

Aguilera explica que el comité de empresa le planteó una RPT que suponía un incremento de 330.000 euros en el capítulo de Personal, cuando la normativa solo le permite ampliar ese capítulo en torno a 40.000 euros anuales. "Estoy obligado a negociarla, pero no a acordarla. Si estimo que lo que me piden está fuera de ley, saco mi propia RPT. No lo hemos hecho todavía porque primero vino el convenio, luego el proceso de estabilización y ahora vamos con la RPT. No podemos abarcarlo todo a la vez con la capacidad técnica que tenemos”, aclara.

"No hay una persecución hacia su persona", dice CGT

Rafael Aguilera está convencido de que lo que hay detrás es un ataque coordinado a su gestión. “Hay gente que está intentando hacer daño. Y no se dan cuenta de que no me lo hacen a mí, se lo hacen al pueblo”.

Pero a esto, responde CGT: “Las demandas judiciales por los derechos incumplidos con toda la plantilla (que aquí no solo entran el servicio de ayuda a domicilio y la residencia) no van contra su persona. Aquí no hay persecución de la plantilla hacia usted... pero a la inversa, vaya si la hay”.

El sindicato critica duramente las palabras del alcalde en una reciente rueda de prensa sobre algunos trabajadores municipales: "Dice que si se dan de baja, que si tienen otro empleo, que si son un fraude, que si hay intereses políticos... Y esto no lo dice usted solo en esta rueda de prensa, sino en otras tantas, señalando a las trabajadoras delante de todo el pueblo. Vivimos en un pueblo chico, señor alcalde, ¿qué es lo que está buscando? ¿El runrún, el enfrentamiento y el acoso entre vecinos?", se pregunta la CGT.

"¿A qué viene ahora mezclar churras con merinas diciendo que esto es una persecución del PSOE que utiliza a la plantilla para llevarlo a los tribunales? ¿Tanto le cuesta creer que la gente se harta de que no se negocie y, como última instancia, acude a los Juzgados cansada de que no haya diálogo?", remata el sindicato.